“Las declaraciones del Presidente Nayib Bukele han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno”, denuncia la organización Human Rights Watch (HRW).
Según esta institución, que vela por el cumplimiento y la tutela de derechos humanos alrededor del mundo, es muy probable que la retórica del presidente haya incentivado a que los cuerpos de seguridad cometan abusos y respondan de forma desproporcionada a quienes presuntamente violan la cuarentena obligatoria.
Según datos del mismo Gobierno, hay 2,073 personas retenidas por presuntamente violar la cuarentena. Tras instrucciones del presidente, se ha enviado a estos supuestos infractores a los centros de contención, pese a que la Sala de lo Constitucional ha dicho que la detención automática rompe el marco legal y que solo se puede conducir a estos centros a personas que muestren riesgo de contagio tras una evaluación objetiva.
El informe de HRW critica que estos centros de contención están “en condiciones de hacinamiento e insalubridad” y recalcan que el pasado 1 de abril, un hombre murió por no recibir atención médica adecuada.
El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que el mandatario “actúa como si cualquier política fuera válida para detener la propagación del COVID-19, incluida la adopción de medidas que han llevado a cientos de arrestos arbitrarios”.
Vivanco se unió a las voces que recuerdan a los cuerpos de seguridad que estos deberán responder individualmente a la justicia por los abusos de poder cometidos durante la crisis. De hecho, la Sala de lo Constitucional ha aclarado que ningún funcionario podrá invocar el principio de “obediencia debida” (cumplimiento de órdenes) para eludir sanciones por sus actos.
Además de denunciar las detenciones automáticas de presuntos infractores, HRW critica la falta de claridad y publicidad de las medidas, lo que puede dejar al ciudadano desprotegida por no conocer a cabalidad las medidas del gobierno y tomar las previsiones necesarias.
Arbitrariedades y excesos en capturas
Para ilustrarlo los abusos de autoridad, el informe de Human Rights Watch destaca diferentes circunstancias que giran sobre una aplicación discrecional de las medidas, poca publicidad al respecto y aparentes contradicciones en detrimento de la ciudadanía.
Entre lo señalado, HRW afirma que la madrugada del 22 de marzo, solo horas después que el mandatario anunciara la cuarentena obligatoria pero antes de publicarse en el Diario Oficial, hubo decenas de retenidos. Además, señala capturas por no usar mascarillas, cuando no había un consenso oficial sobre la obligatoriedad de su uso y la escasez de estas a nivel nacional. En ambos casos, la falta de claridad en el mensaje desprotege al ciudadano y abre las puertas a abusos.
Asimismo, certifica detenciones injustas, algo que también ha mostrado la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH). “Otras personas fueron detenidas cuando salieron a comprar comida o medicinas”, aunque se les excluía de las restricciones de movimiento, denuncia la organización.
En cuanto a la discrecionalidad, HRW recuerda cómo inicialmente el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, dijo en su momento que “uno detecta cuando le están mintiendo” en los retenes. Con ello, s reforzaba la presencia de mecanismos poco claros para determinar quiénes eran sujetos de detención. A su vez, reitera que el director de la Policía Nacional Civil dijo, un día después del anuncio de la cuarentena nacional, que los detenidoscuarentena serían trasladados a comisarías “hasta nuevas instrucciones”.
Las condiciones en que estas personas fueron retenidas, destaca el informe y la misma PDDH, fueron infrahumanas e insalubres, rompiendo además la sugerencia de distanciamiento social, lo cual abre las puertas a nuevos contagios.
Asimismo, se observa excesos de fuerza en capturas. El caso más sonado es el de un policía que disparó a un joven en las piernas por presuntamente infringir las medidas. También se incluye el caso de un anciano que fue golpeado por agentes policiales. Estos casos han sido condenados por el fiscal general, Raúl Melara, quien ha anunciado investigaciones.