Según abogados, con el decreto 19 emitido por el Gobierno en la noche del lunes, el presidente Nayib Bukele ignora a la Asamblea en su facultad de legislar al querer “gobernar con decretos ejecutivos” y “desobedece” las resoluciones de la Sala de lo Constitucional al pretender implementar medidas sanitarias disfrazadas de “mecanismos punitivos”, con el argumento de “prevenir y combatir” la pandemia.
Los profesionales advierten que obligar a la ciudadanía a que abran las puertas de sus casas a personal de Salud sin tener sustento legal, el decomiso de vehículos cuando las fuerzas de seguridad pública valoren que el conductor ha violado la cuarentena domiciliar y enviarlos a centros de contención, va en contra del Artículo 20 de la Constitución que regula la inviolabilidad de la morada y que el decomiso del vehículo solo se puede hacer vía decreto legislativo pero con mesura.
“De nuevo están intentando hacerlo vía decreto ejecutivo, están tratando una medida sanitaria con una medida sancionatoria”, explicó Javier Castro, director del Departamento Legal de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Y es que el Ejecutivo busca aplicar medidas coercitivas para obligar a la ciudadanía a cumplir con la cuarentena nacional al no contar con la herramienta jurídica del “decreto de restricción de derechos constitucionales” cuyo plazo venció el lunes a la media noche.
Los diputados aún evalúan ampliar el decreto de “excepción” y afirman que con el decreto de emergencia nacional extendido hasta este jueves, el Gobierno cuenta con elementos suficientes para mantener la cuarentena domiciliar.
Los políticos argumentan sus dudas en los “abusos” cometidos como es el caso de un joven que fue baleado por la Policía Rural en San Julián, Sonsonate y en las denuncias de personas que han sido enviadas a centros de contención, aún justificando que su salida de su casa era para abastecerse de alimentos.
Al respecto, personeros del Gobierno se reunieron ayer con los diputados de la comisión de crisis. Según el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, les advirtieron que deben modificar en el decreto 19 los aspectos que violan los derechos constitucionales, como el de allanar la morada sin tener una motivación de salud que respalde.
“Ya se hicieron las observaciones este día (ayer), es un decreto del Ejecutivo y cualquiera puede solicitar un recurso a la Sala. Y se le dijo al Secretario Privado de la Presidencia y al ministro de Salud que hagan los cambios que tengan que hacer…”, razonó Ponce.
Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista, valoró que mientras no exista una orden de un juez, nadie puede obligar a un ciudadano a permitir el ingreso de personeros de Salud Pública.
“Si el gobierno quiere hacer eso debe ir donde el juez de paz y pedirle autorización para hacer los allanamientos con orden judicial, porque así administrativamente no lo puede hacer”, explicó el abogado.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, dijo que se corren riesgos al obligar a la población a abrir sus casas al personal del Ministerio de Salud.
“El mencionado artículo (1 literal “e” del decreto ejecutivo) es de alcance general, no distingue situaciones, es decir, cualquier vivienda puede ser intervenida si así lo deciden las autoridades de salud ¿Será necesario hacer esto con todas las viviendas? ¿Será idóneo para combatir el COVID-19? ¿Gozará de proporcionalidad la medida?”, se cuestiona Escobar.
Señaló que eso es “atentatorio del artículo 20 de la Constitución en cuanto a la inviolabilidad de la morada. La Constitución establece una serie de supuestos que habilitan el ingreso a una casa de habitación: el consentimiento de la persona que la habita, una orden judicial, delito en flagrancia o a punto de cometerse, o grave riesgo de las personas”, subrayó Escobar.
En cuanto al decomiso de vehículos de los supuestos “infractores” para enviarlos a desinfección y a resguardo en lugares acondicionados por el Viceministerio de Transporte, los abogados coinciden en que es “ilegal” y que el mandatario busca “gobernar por medio de decretos ejecutivos”.
“Quieren estar gobernando vía decreto ejecutivo para violar derechos constitucionales, solo se puede hacer vía decreto legislativo siempre en el marco de la Constitución”, razonó Castro, de Fusades.
Añadió que la Sala también prohibió en su resolución de hábeas corpus, el llevarse a ciudadanos a centros de contención de manera arbitraria y sin justificación, algo que a criterio de Castro, el gobierno está incumpliendo.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya advirtió que tiene graves sanciones el no acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que ha ordenado no detener a personas indiscriminadamente sólo porque anden en la calle y llevarlas a sitios de cuarentena sin un sustento profesional sanitario.
Se impone una sanción de hecho cuando la Policía retiene a personas “por violar la cuarentena”, cuando la Sala ha dicho que no es correcto y que en todo caso se tiene que normar cualquier procedimiento mediante una ley emitida por la Asamblea Legislativa, agregó.
“El artículo 61 de la Ley de Procedimientos Constitucionales dispone que en los procesos de hábeas corpus, si no se cumplen con las resoluciones judiciales el tribunal puede iniciar el procesamiento para el juzgamiento de los funcionarios desobedientes”, dice Anaya.
Incluso, en ese artículo se dispone que el tribunal remite a la Asamblea certificación de las diligencias “para que inicie procedimiento contra el Presidente de la República (…)”, si fuera el caso”, explicó.
“Por supuesto, de ninguna forma es conveniente una crisis institucional, sino que los Órganos del Estado deben actuar en forma coordinada”, agregó Anaya.