Procuraduría ha recibido 343 denuncias sobre violaciones a derechos humanos durante emergencia

Las denuncias se recibieron del 21 de marzo al 11 de abril.

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8 DE ABRIL. La Policía de Apopa implicada en este abuso. Foto EDH

Por N. Hernández / Agencias

2020-04-13 6:52:50

Desde el 21 de marzo al 11 de abril la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) ha recibido 342 denuncias sobre afectaciones a derechos humanos durante la emergencia de COVID – 19.

Según el informe de la PDDH, en este periodo se han recibido 102 denuncias ligados a libertad e integridad que se han dado en detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

También 78 relacionados al derecho de la salud por la falta de atención médica, ausencia de pruebas COVID- 19 en Centros de Contención y por falta de atención  otras enfermedades como efecto colateral.

La institución también ha recibido 63 denuncias que tienen que ver con la falta de insumos para protección laboral y falta de pago de salarios, prestaciones entre otras.

Otro de los derechos que se han visto violados es el derecho de accesos a la información vinculadas a dudas con respecto a medidas estatales y negativas para entregar pruebas de resultados de COVID -19.

 

En el informe, la PDDH también recibió 46 denuncias relacionadas al derecho al agua, alimentación y no discriminación, esto porque personas han denunciado la falta de acceso al agua o alimentos, además, de situaciones de exclusión y abuso.

Arbitrariedad y abusos de poder durante la crisis 

La Sala de lo Constitucional resolvió que las personas retenidas por irrespetar la cuarentena domiciliar deben de ser enviadas a su casa y no a centros de contención. Sin embargo, el Ejecutivo ha mandado a la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada enviar a centros de contención a estas personas. Este hecho ha sido catalogado como “desacato” e irrespeto al “estado de derecho”, según José Miguel Vivanco, abogado chileno director para las Américas de la organización Human Rights Watch.

“La Sala de lo Constitucional le ordenó abstenerse de confinar a nadie simplemente por violar la cuarentena solo si están contagiados o hayan sido expuestos al virus. Pero usted Nayib Bukele se ríe de la Corte”, dijo Vivanco.

Abogados opinan que la emergencia del COVID-19 está propiciando que se den abusos por parte de las autoridades de seguridad ante la falta de una normativa que regule sus acciones, las cuales se vuelven arbitrarias y son una falta a los derechos humanos de la población.

Por ejemplo, se tiene el caso del joven que recibió dos disparos en su pierna, la Policía, a través de su cuenta oficial de Twitter dijo que había sido un “accidente”. El caso ya tiene proceso judicial contra el agente, pero para Benjamín Cuéllar, miembro del proyecto Víctimas Demandantes (Vidas), este evento solo es una muestra de la violación a derechos humanos que se pueden cometer.

“Desde que terminó la guerra hemos tenido una sociedad anestesiada, que necesita despertar y que exija el respeto de los derechos humanos. Cómo es posible que a un joven le pegan dos balazos y después sale el comunicado oficial de la Policía diciendo que fue un accidente, ¿no da sospecha esa explicación? Yo creo que sí”, opinó Cuéllar.

También, Marcela Galeas, abogada penalista, dice que no existe un protocolo que deba seguir la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada para tratar a la población, ya que se manejan como retenciones a quienes violan la cuarentena pero se le está dando un trato de acusados de delitos o delincuentes.

“A las personas no se les ha dado la prerrogativa que manifestaba la Sala de lo Constitucional en una de sus resoluciones de habeas corpus, donde la autoridad le iba a advertir a las personas y estas se iban a retirar a sus casas, no se las iban a llevar, eso no se está cumpliendo. En estos días hemos visto que ha aumentado la captura de personas y se las están llevando a albergues, son detenciones aunque el Gobierno las quiera manejar como retenciones, jurídicamente no es esa la figura”, aclara Galeas.

La abogada expone que en este momento la población está ante una situación propicia para que se den abusos y excesos en cuanto a la dignidad humana y la integridad física, como en el caso del joven que fue herido de bala por un agente de la Policía.

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