Para ahondar en esta opinión, El Diario de Hoy le contactó y abordó la importancia de proteger la institucionalidad tanto como la salud de las personas o la economía.En resumen, Casas-Zamora ve tres niveles de riesgo (ver recuadro adjunto): el de abusar de las medidas de emergencia y poderes excepcionales para abordar la crisis; el uso de herramientas digitales para vigilar a la población indebidamente; y el geopolítico, es decir que al final de la crisis emerja como principal potencia un estado no democrático y siente un precedente peligroso al resto del mundo. De esto y más conversamos. Aquí sus visiones:
Hay efectos políticos de primer orden (los arriba mencionados) y los de segundo orden que vendrán por la crisis económica, que serán muy complicados. La crisis económica que ya estamos enfrentando tiene una magnitud que no ha visto el mundo en 100 años y esto será un problema para todos los regímenes políticos pero particularmente para las democracias. Es un cóctel de cosas pasando que generará enorme inestabilidad política y problemas muy grandes. Va a ser mucha la tentación de invocar problemas de emergencia para resolver problemas de orden público.
Ese es un argumento que no resiste el menor análisis. Esa es la forma en que algunos gobiernos, como el de China, quisieran que nosotros percibiéramos la situación, como carrera entre democracias y autoritarismos. Esa es una dicotomía falsa. La pregunta relevante no es tanto qué tipo de gobierno tenés, autoritario o democrático, sino las capacidades de tu Estado. Ahí la cosa cambia. Hay autoritarismos con capacidad de actuar eficazmente, como China y Singapur, y otros con niveles patéticos como Venezuela. Hay democracias con altísimo nivel de capacidad, como Alemania y Corea del Sur y las de Latinoamérica generalmente tienen niveles muy bajos de capacidad estatal.
Es una serie de factores. Un diseño institucional que permita que órganos políticos tomen decisiones y las ejecuten rápidamente, que facilite la coordinación entre instituciones del Estado, que este tenga la capacidad de movilizar recursos fiscales porque tiene la capacidad de cobrar impuestos y tiene finanzas sanas. Los estados de Latinoamérica son muy débiles fiscalmente y tienen muy pocos recursos. El sistema tributario es la asignatura pendiente en la región.
La calidad de la gestión no es buena en Latinoamérica. Encontrás buenos niveles en algunas instituciones de gestión macroeconómica pero vas a ver inversión social y generalmente es un desastre. El nivel de gerencia pública es un factor importante.
También es clave el nivel de confianza que disfruten estas instituciones por parte de la ciudadanía. En Suecia la confianza de las instituciones que definen la respuesta es altísima y por eso la gente hace caso sin amenazar con grandes castigos. En Latinoamérica eso no es así. La corrupción ha dañado enormemente la confianza. Todos esos factores el diseño institucional para tomar decisiones, los niveles de coordinación interinstitucional, la calidad de gerencia, la capacidad fiscal para movilizar recursos y los niveles de confianza construyen una institucionalidad capaz de responder en estas crisis.
Ni siquiera hay dilema. Es esencial comunicar con transparencia lo que hacen instituciones públicas, que la gente entienda qué se está tratando de hacer. En este caso hay pocas justificaciones para andar con secretismos y una reserva no justificada de la información. Todo lo contrario, hace falta mucha información si uno quiere que la gente responda. Yo puedo entender que en una emergencia se limite la libertad de movimiento y otros derechos con supervisión del Congreso y jueces, pero hay derechos que no se justifica limitar como el acceso a la información.
El contexto es clave. Todos los gobiernos democráticos deben tener la potestad de invocar poderes de emergencia y esta situación no la hemos vivido antes. El contexto obliga a ser más o menos vigilante. No es lo mismo que en Dinamarca pase una ley de emergencia para enfrentar la pandemia sujeta a una cláusula clara de expiración y supervisión a lo que ha hecho Hungría que pasado esta jugarreta para dejar sin fecha de caducidad los poderes de emergencia.
Por cierto, en el caso de El Salvador la legislación de emergencia es adecuada. El problema es que viene precedida de episodios problemáticos, como la ocupación policial del pleno de la Asamblea Legislativa hace dos meses. Ese contexto obliga a ser más vigilante.
No me meteré a juzgar la estrategia política de Bukele pero diré que no hay en la situación de El Salvador ni ningún país democrático ninguna justificación para limitar la libertad de prensa, eso no se ha hecho pero hay que mantenerse vigilante. Cuando salga alguien diciendo que es necesario limitar libertad de expresión hay que levantar la ceja. Como dije, a la luz de la historia política y algunos gestos del gobierno actual hay razón para ser especialmente vigilantes de que la legislación actual del estado de excepción no se extienda más de lo concerniente ni en las facultades ni en el tiempo.
No veo justificación para negar información a la prensa en situación que requiere amplia circulación de información. Tanto de manera formal como informal, limitar la posibilidad de la prensa rompe con lo esencial y necesario para enfrentar la crisis con suficiente información.
En general es por vía de excepción que aparecen casos en que poderes de emergencia ya están siendo abusados. Los casos en que se aprueban medidas de emergencia han sido consistentes con cánones democráticos. En Europa hay varios que han aprobado legislación de emergencia sujeta a controles muy estrictos de parlamentos y poderes judiciales y con limitaciones temporales y estrictamente limitadas a la crisis de salud pública, como límites a la libertad de movimiento, en eso consiste la cuarentena.
Me resulta interesante el liderazgo de Angela Merkel, canciller alemana, que ha sido maravilloso. La capacidad de explicar lo que se trata de hacer, de transmitir la seriedad del reto sin crear pánico ni tratar de obtener réditos políticos. Eso hace el liderazgo de buena calidad.
Esta crisis es una tragedia en toda la línea y seguirá siéndolo, apenas estamos en la primera etapa. Esta crisis en nuestros países en particular obligará a un replanteamiento del contrato social. Las debilidades que emergen y los profundos cambios que vendrán requieren pensar más allá del ciclo electoral.
Quien trate de obtener réditos políticos de la crisis le hará mucho daño al país. Es el momento de pensar en el futuro del país con f mayúscula antes de la siguiente elección. Si no, el efecto de la crisis puede hacer retroceder en niveles de desarrollo 20 o 30 años.
En principio, ambos aspectos son importantes. Necesitás un aparato de comunicación política que trabaje de la mano con la prensa pero necesitas comunicar en forma efectiva lo que tratas de hacer. Pero definirlo debe hacerse de la mano de la ciencia. Este punto es importante. Una de las cosas que hemos visto y me resulta claro, es que la renuencia a darle un papel preeminente a los expertos en salud pública y aceptar recomendaciones sustentadas científicamente es un signo inconfundible de gobernantes populistas.
Los tipos que desdeñan el papel de la ciencia son los Bolsonaros, los López Obrador, los Trump. Ese es un signo inconfundible. La inclinación a desdeñar el papel de los expertos y la ciencia para definir las respuestas de la política pública a la pandemia es signo de populismo. Los populistas son adversos a la evidencia y los argumentos racionales, solo apelan a la emoción.
La renuencia a aceptar el consejo de la ciencia es indicativa de una serie de peligros políticos que van más allá de la emergencia.
