“Ni la policía ni la Fuerza Armada, están autorizados para realizar detenciones discrecionales o arbitrarias, así como tampoco lesionar, injustificadamente, a las personas en dichos procedimientos”, manifestó en su resolución en tribunal constitucional.
Esto en relación a quienes sean detenidos presuntamente infringiendo la cuarentena. La disposición gubernamental es llevar a estas personas a centros de cuarentena.
Pese a esta resolución judicial, el presidente Nayib Bukele publicó en su Twitter: “Si usted viola la cuarentena, será retenido por las autoridades y el Ministerio de Salud ordenará su ingreso en un Centro de Cuarentena, por ser un potencial foco de infección. Ahí pasará 30 días, o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que usted no porta el virus”.
Las declaraciones del presidente parecen contradecir el texto de la resolución de la Sala, que afirma que se debe aplicar “dicho confinamiento o internamiento única y exclusivamente” si se determina que las personas han sido expuestas a su contagio.
“Las autoridades mencionadas no pueden disponer de forma automática el internamiento sanitario forzoso de personas que incurran en la mera inobservancia, insumisión o rebeldía” frente a la cuarentena, añade la Sala.
Es decir, la Sala prohíbe el confinamiento automático, mientras que el presidente en su tuit defiende precisamente esta medida.
El Diario de Hoy buscó aclarar esta situación vía WhatsApp con el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, pero este no contestó.
Militares y policías incrementan operativos para retener a personas que no acaten cuarentena
Elementos de seguridad realizan operativos para retener a personas que no justifican andar fuera de casa durante la cuarentena obligatoria. Bukele dio instrucciones a la Fuerza Armada y Policía para ser más rígidos con quienes incumplan.
Abogados lamentan tuits de Bukele
El director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, consideró que “con esas declaraciones, se está diciendo prácticamente que se va actuar en contra de lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional en reiteradas resoluciones y que ayer (miércoles) en la resolución que emitió lo volvió a recordar”.
Si alguien incumple la cuarentena, la retención no es válida jurídicamente hablando, explicó Castro y añadió que estas privaciones deberían estar previstas y aprobadas por el Legislativo.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, también considera que el presidente al tuitear eso deja de observar lo resuelto por la Sala, pues debe determinarse objetivamente que la persona retenida es fuente de contagio y no asumirse automáticamente.
Si no se cumplen supuestos como que el que incumple la cuarentena haya estado en una zona con cerco sanitario o en contacto con un contagiado, “no puede el gobierno aseverar que todo el que anda por la calle pueda ser portador”.
Por ello llama a verificar con pruebas o evaluación de síntomas si la persona tiene algún padecimiento. “Si no muestra ningún elemento que lo haga susceptible a contagio, debe ser regresado a su casa a la brevedad posible”, añade Escobar.
Por su parte, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González ilustra que si bien Bukele da un mensaje contrario a lo dispuesto por el tribunal, los ciudadanos, estos ya están llevando casos a la Sala, “quien tiene la autoridad para controlar lo que hace el Ejecutivo, comenzando por el presidente de la República”.
El exfuncionario recuerda que los funcionarios tienen prohibido privar de la libertad a quien se atribuya incumplir la cuarentena, “incluso bajo el eufemismo de ‘retención’” y enfatiza que solo pueden ir a centros de contención “quienes comprobadamente estén infectados por el coronavirus o hayan estado expuestos a su contagio”.
Advierte tratos inhumanos
En su Twitter, Bukele añadió que es posible que la retención tome más de 30 días, pues “usted (ciudadano que incumpla cuarentena) no será prioridad en los tests. Le daremos prioridad a nuestro personal médico, soldados, policías, a las personas que están en primera línea combatiendo esta pandemia y a las personas con síntomas o nexos epidemiológicos”.
El mandatario añadió que “su salida del Centro de Contención pudiera tardar incluso más de 30 días”.
Según Escobar, esto abre la puerta a tratos degradantes a la persona, prohibidos por el pacto de derechos civiles y políticos. “No puede ser que estén 30 días y les hagan la prueba cuando a ellos les parezca”, añadió.
“El tuit del presidente llama a que no obstante (lo resuelto por la Sala), si se detiene a alguien se va a encuarentenar sin hacer pruebas y se hará verificación cuando la autoridad tenga tiempo; es algo arbitrario”, sentenció el jurista de Acción Ciudadana.
En vista de estas aparentes arbitrariedades, Castro de Fusades consideró que “es preocupante que un órgano de Estado, como es el Ejecutivo, quiera incumplir una orden de la Sala de lo Constitucional, y se estén creando argumentos sin sustento para no acatar la orden de la Sala, lo cual es un atentado contra el Estado de derecho”.
Por ello instó a la Sala, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía a estar atentas y a emitir resoluciones oportunas para verificar el cumplimiento de lo ordenado.