Ena es una inmigrante salvadoreña originaria de San Miguel que vive en Nueva Jersey, donde por casi una década ha trabajado cuidando a una pareja de ancianos en una residencia en la ciudad de Nueva York.
La compatriota también trabaja limpiando casas y con ambos ingresos paga una diminuta habitación en una vivienda que comparte con otros cuatro inmigrantes, todos centroamericanos.
La salvadoreña asegura que hasta hace un mes el empleo en Nueva York le generaba ingresos suficientes para enviar a sus padres, de los cuales solo uno recibe una pensión (entre $200 a $300 dólares por mes).
Pero ahora el COVID-19 le impactó de manera directa.
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Sus patronos en Nueva York le pidieron que ya no llegara a trabajar. Además, se encuentra en cuarentena ya que hasta el miércoles Nueva York y Nueva Jersey eran las dos ciudades con más personas infectadas en todo EE.UU. pues, al cierre de esta nota, ambas suman 95,091 casos confirmados.
Ena no puede salir y asegura que le angustia la posibilidad de no recuperar sus empleos como cuidadora y de limpieza pues no podrá pagar la renta de su habitación y tampoco podrá enviar dinero a sus padres.
La joven es una de los más de 2.8 millones de salvadoreños – según la última encuesta del Banco Central de Reserva- que residen en EE.UU. y que al igual que la mayoría, comienzan a experimentar uno de los impactos del COVID-19: el desempleo.
“La estimación que se está utilizando en este momento es de 3,000 a 5,000 millones de personas desempleadas, de las cuales 600,000, como mínimo son inmigrantes que perderían su empleo en Estados Unidos”, advirtió Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, en una entrevista en CNN .
Orozco explicó que la tasa de desempleo en febrero cayó 3.5 %, su nivel más bajo en 50 años y para marzo los analistas esperan una caída del 4%.
En el caso de los latinoamericanos, el impacto del desempleo se traduciría en un una caída sustancial en el envío de remesas a sus países, advirtió el investigador.
“Estamos hablando de dos cosas: una caída en las remesas, por lo menos de un 3 a 5%, que significan unos $500,000 millones y más de 1,000 millones de hogares en América Latina que dejarían de recibir remesas. Esto tendría implicaciones muy fuertes para ciertos países muy dependientes, especialmente Venezuela, Centroamérica, Haití y Cuba. Entonces la magnitud de este problema es significativa y realmente preocupante en un momento en donde la economía latinoamericana no estaba creciendo”, advirtió Orozco.
En la entrevista con CNN realizada el 23 de marzo del 2020, Orozco, explicó el impacto económico de la pandemia de COVID-19 para los inmigrantes latinoamericanos en EE.UU., sus familias que reciben remesas.
“La magnitud de esta pandemia es sustancialmente gigante en todos los sentidos. En este momento, la economía del país (Estados Unidos) está paralizada. … La mitad o más de la mitad de la fuerza laboral de Estados Unidos no está trabajando, o está ubicada en diferentes lugares. El impacto que, en el largo plazo, esto puede tener, se estima que va entre 3,000 millones y 10,000 millones de personas desempleadas. La estimación más catastrófica es de veinte a treinta por ciento de la fuerza laboral”, advirtió Manuel Orozco.
Escenario similar a crisis de 2008
El Salvador es el país centroamericano con mayor población viviendo en Estados Unidos, además de ser el cuarto mayor grupo de población de origen extranjero en ese país.
Según la última encuesta del Banco Central de Reserva (BCR), unos 350,000 hogares son receptores de remesas y el promedio de ingreso ronda los $374 a $398 dólares mensual.
La caída de ingresos por remesas podría llegar a la mitad del total de ingresos recibidos en 2019, estiman economistas.
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El impacto del COVID-19 en los empleos y la consecuente reducción de ingresos afecta de manera directa a los inmigrantes y en particular a los salvadoreños como Ena, por los rubros en los trabajan, apuntan los economistas.
“Lo que más ha caído es la construcción y el rubro de servicios en hoteles y restaurantes, y el turismo, y muchos salvadoreños están empleados en esas actividades y eso va a colocarlos en una situación vulnerable”, advierte el economista Rigoberto Monge.
“Además de golpear económicamente a las familias, la reducción en los montos de ingreso o incluso el cese de envíos, podría generar graves problemas para una economía como la nuestra”, advirtió por su parte Rommel Rodríguez, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Rodríguez señaló que la reducción de ingresos que envían los compatriotas traería una enorme presión a la economía salvadoreña, misma que ya tiene problemas estructurales como un bajo crecimiento y una política fiscal frágil.
Según estimaciones de economistas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) la crisis del COVID-19 se compara a los efectos de la crisis económica de 2009, cuando el país perdió más de 40,000 empleos y redujo sus exportaciones, consumo y remesas.
En ese momento en El Salvador las remesas tuvieron una caída del 9.5% , lo que representó una pérdida de $354.9 millones. Según un informe de Fusades, al país le tomó tres años y nueve meses superar esa caída.
Según Rodríguez, la caída de remesas este año provocaría una reducción importante de la liquidez del país y un incremento de la pobreza, dependiendo del tiempo que dure la crisis.
Ambos economistas coinciden en que se avecina una situación complicada y el impacto va a ser para la economía local, sobre todo porque las remesas no solo sostienen familias sino que promueven el consumo y generan ingresos que dinamizan la economía del país.
“Las remesas son una fuente de recursos que vienen del exterior que representa el 20% del PIB del país, es decir que por cada 100 dólares producidos, 20 son recursos que proceden de los compatriotas en el exterior, especialmente de EE.UU. Son más de $5,000 millones que entraron el año pasado, una cantidad cercana al total de ingresos generados por el total de exportaciones y solo que se reduzca en ingresos, ya es grave”, advierte Monge.
En el caso de las familias, tanto Rodríguez como Monge recomiendan que el Estado evalúe el echar a andar una especie de protección social para quienes dependen de estos ingresos.
“Si esta situación se mantiene, se acumularán demandas de la ciudadanía, lo de los Cenade (aglomeración de personas expuestas al contagio) es una reflejo de lo que podría pasar cuando las remesas comiencen a dejar de llegar o llegue muy poco” apunta Rodríguez.
“Al no tener el dinero de remesas, la presión social para el Estado será grande y no sería anormal ver actitudes como las que vimos el día de las filas de Cenade, de desesperación y angustia por falta de ingresos”, advirtió.
Pérdida de empleos y falta de acceso a salud impacta a población inmigrante
La pérdida generalizada de empleos y las dificultades para acceder a los servicios de salud han colocado a la población inmigrante de los Estados Unidos en una situación altamente vulnerable.
El director de Alianza Américas, Óscar Chacón, dijo que la situación ha afectado a toda la población inmigrante, tanto a quienes son ciudadanos o residentes, los que tienen permisos temporales, así como los que están sin documentos.
“El problema general es el de freno radical que ha tenido el patrón de empleo ya que hay millones de puestos de trabajo que están siendo prácticamente cesados”, expuso. Entre los campos de trabajo más afectados están los relacionados a la comida, restaurantes y bares. También está el sector construcción. El trabajo en hoteles también ha disminuido considerablemente.
“Es un tema que afecta parejo a todo el mundo independientemente si tiene papeles o no”, dijo.
Chacón expresó que además del acceso al trabajo, a la población inmigrante la está afectando mucho el tema de la seguridad laboral. Un campo laboral que emplea a muchas personas es el del cuidado de ancianos o limpieza de casas.
“El empleo que desempeñan no da para que haya mejores condiciones de precaución, salvo las mismas que las personas están tomando. Si le toca cuidar a ancianos no hay manera de cumplir el distanciamiento físico”, dijo Chacón.
Señaló que estos son parte de los pocos campos donde más logran trabajar las personas inmigrantes sin papeles.
“Hay un segundo grado de preocupación y es cómo se va a sobrevivir económicamente ya en este contexto”, añadió Chacón.
No todos podrán aplicar a recibir el cheque de $1,200, que se ha propuesto como medida de alivio por el gobierno de los Estados Unidos. Además es un monto limitado para poder mantener a una familia, señaló Chacón.
Chacón consideró que el panorama de tensión y nervios se está volviendo peor que lo que se vivió con la situación de 2001 tras los ataques terroristas y la crisis financiera de 2008.
“Yo no tengo la menor duda de que vamos a empezar a ver muy pronto una disminución del envío de remesas, no porque no quieran enviarlo, sino porque la situación de aseguramiento económico se ha visto mucho más complicada”.
Para él es inevitable que haya una reducción en la capacidad de ayuda económica de la población inmigrante a sus familias. “El efecto bola de nieve que esto va a tener en El Salvador y en otros países dependientes del envío de remesa obviamente va a ser grave”, advirtió Chacón.
