Elecciones 2021 y COVID-19

El COVID-19 ha postergado acontecimientos de diversa índole alrededor del planeta. Las elecciones no han sido la excepción. La prioridad de los gobiernos es aplanar la curva de contagios, salvar vidas y curar a los enfermos.

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A raíz de la cuarentena, muchas personas se ven obligadas a hacer algunas actividades en casa, pero algunas cosas deberíamos postergarlas hasta que todo vuelva a la normalidad. Cortarse el cabello puede ser una de ellas. / Foto Por EDH - Shutterstock

Por Luis Mario Rodríguez

2020-04-01 5:58:14

La gran interrogante es si la evolución de la pandemia permitirá la celebración del evento electoral 2021 en el día asignado. Esa misma duda prevalece en varios rincones del mundo. En el caso salvadoreño, la autoridad electoral ha manifestado su intención de mantener el calendario previsto. La emergencia ha obligado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a suspender la depuración del padrón electoral, el diseño de las papeletas y el de los paquetes electorales, así como la contratación de tecnología. Aunque los magistrados del TSE hablan de “reacomodar fechas y acortar plazos”, lo cierto es que los nuevos alcaldes y diputados, por precepto constitucional, deben asumir sus cargos el 1º de mayo de 2021.
Aplazar las elecciones provoca varias consecuencias. Primero abre un intenso debate legal en aquellos sistemas en los que las disposiciones constitucionales fijan las fechas en las que tomarán posesión los nuevos funcionarios de elección popular. Variar esa regla supone, de acuerdo a cada situación, una reforma constitucional. Otras legislaciones obligan al establecimiento de un estado de emergencia que prohíba las aglomeraciones por el riesgo de contagios.
En segundo término, retardar los comicios priva a los ciudadanos de su derecho a auditar en las urnas el trabajo de sus representantes. Por otro lado, esta circunstancia se opone al principio de periodicidad de las elecciones, una máxima que persigue impedir que alguien permanezca indefinidamente en su plaza. Asimismo complica a los entes que administran y organizan las elecciones porque cada etapa conlleva la contratación de bienes y servicios, la capacitación del personal, la búsqueda de los sitios para centros de votación, entre otros aspectos medulares.
En algunos países los árbitros electorales han decidido posponer los comicios, las primarias, las consultas y los plebiscitos. Etiopía canceló las elecciones presidenciales del 29 de agosto. Lo mismo hizo el presidente de Mongolia respecto de las elecciones parlamentarias del 24 de junio. Bolivia está analizando la nueva fecha de las elecciones generales que se realizarían el 3 de mayo. Nueva York, epicentro del brote del coronavirus en los Estados Unidos, pospuso las primarias; lo mismo sucedió en Pensilvania. El plebiscito para una nueva Constitución chilena, que habría tenido lugar el 26 de abril, se trasladó al 25 de octubre. En Colombia detuvieron las elecciones de alcaldes y concejales en algunas localidades, planificadas para el 29 de marzo. En Hidalgo, México, representantes de los partidos políticos han solicitado interrumpir las elecciones de ayuntamientos fijadas para el 7 de junio. El referéndum ruso del 22 de abril, en el que se consultaría una reforma constitucional que permitirá seguir en el poder a Vladimir Putin hasta 2036 (vaya sorpresa), será diferido.
Otras autoridades siguieron adelante en tiempos del COVID-19. Durante la “Consulta del Presupuesto Participativo 2020 y 2021” y en la elección de los que representarían a los habitantes de la Ciudad de México en las Comisiones de Participación Comunitaria, efectuados el 15 de marzo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), implementó las medidas preventivas de la Organización Mundial de la Salud y las propias emitidas por la secretaría responsable. Además de realizar la elección en algunas alcaldías mediante un plan piloto de tabletas electrónicas, el IECM entregó mascarillas al personal de las casillas (Juntas Receptoras de Votos), geles antibacteriales y guantes para quienes escrutaban los votos. También los ciudadanos en Francia, República Dominicana y la Florida asistieron a las urnas en medio de la pandemia.
El COVID-19 ha postergado acontecimientos de diversa índole alrededor del planeta. Las elecciones no han sido la excepción. La prioridad de los gobiernos es aplanar la curva de contagios, salvar vidas y curar a los enfermos. Es razonable entonces la prórroga de los eventos comiciales. Lo inadmisible será que los procedimientos para alterar la agenda electoral incumplan las normas legales y que se extienda arbitrariamente la duración de los puestos más allá de los años fijados en la Constitución. Igual de reprochable es si la causa por la que se dilatan las elecciones está sustentada en los cálculos políticos de aquellos que ven en esta coyuntura la oportunidad para ganar tiempo, replantear su estrategia de campaña y aprovechar el lapso concedido para recuperar votos y ganar la competencia.
Como nos recuerda Yuri Beltrán, consejero del IECM, al citar el caso de Albania en 2018, en donde el presidente fijó fecha y al ver que no le favorecía a su partido difirió el día de la elección, la Comisión de Venecia encontró que ni siquiera la autoridad con atribuciones para establecer cuándo es la jornada electoral puede moverla antojadizamente. El COVID-19 nos está obligando a sentar precedentes legales; procuremos que todos respeten el Estado de Derecho. En materia electoral la pandemia no elimina la obligación de celebrar comicios periódicos, transparentes, libres y equitativos.

Doctor en Derecho y politólogo.