Empresarios temen cierres y despidos por medidas ante coronavirus

Propietarios de pequeñas y medianas empresas ya comienzan a resentir los efectos de cerrar total o parcialmente sus negocios para prevenir el coronavirus. Su liquidez les alcanza solo para pagar salarios hasta abril.

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Ante el cierre de centros comerciales, muchos negocios tuvieron que operar con el mínimo de colaboradores. Foto EDH / Yessica Hompanera

Por Karen Molina

2020-03-26 10:00:58

Cientos de empresarios a nivel nacional se están comiendo literalmente las uñas de la preocupación porque tendrán que pagar planilla y proveedores en los próximos días sin haber percibido ingresos desde hace dos semanas.

En todos los rubros (restaurantes, agencias, manufactura, construcción, ventas, retail, servicios, turismo) los empresarios han tenido que cerrar sus locales o reducido su personal al mínimo para acatar las recomendaciones del Gobierno y así prevenir la pandemia.

Y la preocupación es mayor al saber que el mandato del Gobierno es que las empresas deben cerrar pero, a su vez, están obligadas a pagarle el salario y prestaciones laborales a sus empleados, una disposición que consideran ilógica si se toma en cuenta que no están recibiendo ingresos.

Y la disposición no es una recomendación del Ejecutivo, es una orden. El 23 de marzo el ministro de Gobernación, Mario Durán, presentó ante la Asamblea Legislativa una reforma al decreto legislativo 593 del Estado de Emergencia para obligar a las empresas a seguir pagando salarios y prestaciones a los empleados en medio de la crisis y quien incumpla se expone al cierre inmediato.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reaccionó ayer preocupadísima ante esta reforma y responsabiliza desde ya al Gobierno por la afectación que esta disposición pueda causar a la capacidad productiva del país y por el inevitable desempleo que esto pueda causar.

“Con estas medidas tan restrictivas y contraproducentes la economía no aguantará el periodo de cuarentena en el que nos encontramos y los empleos de todos los salvadoreños estarán en riesgo”, afirmó la gremial en Twitter.

Inmediatamente el presidente Nayib Bukele tuiteó: “Esperen 3 semanas y verán que el dinero no les va a importar si no tomamos medidas más drásticas inmediatamente”.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) también consideró que la medida es peligrosa para la economía y la creación de empleos. “Con la reforma atentan contra las empresas y los empleos. Cuando pase la crisis de salud vendrá la crisis del hambre, la pobreza y el desempleo”, manifestó la gremial.

Empresarios denunciaron que el gobierno pretendía trasladar a las empresas el pago de subsidio de los trabajadores que están en cuarentena. “El Gobierno pretende cambiar el Art. 5 del Decreto Legislativo para evadir su responsabilidad del pago de subsidios por incapacidad a todos los trabajadores en cuarentena. Para eso se paga al ISSS, no deben trasladar a otros sus obligaciones”, dijo la ANEP.

La Asamblea aprobó ayer una interpretación auténtica para dejar claro que es el Seguro Social el que debe pagar esas incapacidades de quienes estén en cuarentena por el Covid-19.

Pueden pagar hasta abril
Una encuesta promovida por el consultor Ernesto Hernández Otero en redes sociales ha recogido la opinión de al menos 500 empresas y de esas más de 300 afirma que su liquidez solo les permitirá cumplir con sus pagos hasta abril.

Un análisis de la empresa de servicios financieros estadounidense JP Morgan también lo sustenta: las empresa que no reciban ingresos pueden morir en un periodo de 27 días, unas menos, otras más.

“Para nosotros cerrar un mes sin tener ventas es morir. Yo tenía un capital que iba a invertir en junio para nuevos proyectos, pero por suerte ahora eso me servirá para mantener la planilla”, dijo Violeta Martínez, diseñadora y propietaria de la empresa Vaiza.

“Tener paralizada la empresa significa muchas pérdidas. La idea es hacerle frente con crédito. Así pienso salir”, dijo por su parte Ernesto Ayala, un empresario dedicado al rubro de turismo, uno de los sectores más afectados con la crisis de la pandemia.

Después del cierre de centros comerciales Violeta se quedó enviando sus productos a domicilio, una medida que le permitió continuar percibiendo ingresos, pero tras decretarse la emergencia tuvo que parar todo. Su empresa tiene 10 empleados y ahora lo único que espera es una medida que por lo menos le amortigüe el pago de planillas. “Crédito no puedo sacar porque uno saca créditos para aumentar la producción, para invertir”, señaló.

“Es un escenario extremadamente adverso pues es una cadena de compromisos y no hay una fuente de financiamiento y para mí, como cabeza hogar, la responsabilidad de la manutención de la familia es mayor. En un inminente corto plazo es una quiebra por liquidez y la pérdida de 8 empleos”, dijo por su parte Claudia Cáceres, propietaria de la destilería Flor de Fuego y comercializadora de Chaparro Flor.

La empresaria, que ha tenido que reinventarse elaborando sanitizadores, afirma que si solo se limitara a producir licores y endulzanes no podría afrontar los pagos del próximo mes.

“Paralizar la economía equivale a que en un hospital de Primer Nivel no tengan equipo para hacer una resucitación. Independientemente si es un zapatero, un comercializador de productos importados o autopartes, o una empresa de más de 2,000 empleados, si no produce riqueza no tiene la capacidad de pagarle a nadie, incluido el fisco y si el Estado deja de percibir ingresos no es capaz de cumplir sus compromisos”, agregó la empresaria.

 

Sin planes para las mipymes
Hasta hoy el Gobierno solo ha ofrecido créditos a intereses del 6% en el Banco Hipotecario y entregas directas de dinero ($300) a la gente que se considera afectada directamente, pero para las micro, pequeñas y medianas empresas no hay una medida que los haga mantenerse mientras dure la crisis.

La ex viceministra de economía, Merlin Barrera, ha propuesto su propio Plan Rescate Económico para los primeros días de cuarentena, crear un fondo de apalancamiento 1×1 para empresas que tienen que cerrar y seguir pagando salarios. “Por cada dólar de la empresa, el Estado aporta otro dólar con un máximo de $500”, plantea.

Además propone que se pueda canalizar el bono de $300 a las 10,000 mipymes que tiene Conamype registradas en su base de datos y canalizarlo, a través del registro de negocios que tienen las 262 alcaldías, incluyendo mercados y negocios ambulantes. Según sus cálculos, las dos primeras medidas costarían $174 millones.