Después de establecer mecanismos de control y auditoría, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad este jueves autorizar al gobierno para que adquiera más deuda por $2,000 millones. El 70% de los fondos es para atender la emergencia sanitaria, para la reconstrucción y reactivación económica y el otro 30% es para que las alcaldías ejecuten proyectos locales para resarcir el daño generado por la pandemia.
“Con los $2 mil millones se buscarán préstamos para hacerle frente a esta situación grave. Con estos fondos se ayudará a la micro, mediana empresa, al sector agrícola, ganadero y cafetalero”, expresó el jefe de la bancada de ARENA, Carlos Reyes.
Para transparentar los fondos los diputados crearon un comité supervisor cuya función será administrar los recursos y mantener auditorías. El gobierno se obliga a informar de los gastos una vez al mes y se determina que “ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del Presupuesto Extraordinario relacionado en esta ley podrá declararse reservada”. También deberá tener una plataforma web para publicar los datos.
El nivel de deuda actual de El Salvador ronda en $27,000 millones, por lo que la Asamblea tuvo que aprobar la suspensión durante 90 días de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para poder sobrepasar el límite de endeudamiento.
Según el porcentaje establecido con el 70% de los $2,000 millones que equivalen a $1,400 millones, el gobierno tendrá que entregar los $300 que ha prometido a las personas que han dejado de percibir ingresos directamente por las medidas aplicadas de restricción del libre tránsito, migratorias y cubrir las deficiencias de ingresos tributarios a causa de la pandemia.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, informó hace unos días que han estimado que el Estado dejará de percibir cerca de $550 millones de impuestos en un periodo de 30 días a raíz de la emergencia.
Fuentes admitió que adquirir la nueva deuda implica el 8% del Producto Interno Bruto (PIB). También informó que Hacienda ha iniciado las negociaciones con organismos financieros internacionales para conseguir los fondos, pero omitió decir con quiénes por respeto a regulaciones que emite EE.UU.
Se establece un “fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y caficultura nacional; para un programa de subsidio de pago de planillas de empleados que sean afectados por la declaratoria de Emergencia Nacional y cuarentena nacional y sus efectos”.
El gobierno también tiene que darle “cobertura a las necesidades de abastecimiento de medicamentos, equipamiento hospitalario, suministros médicos de todo tipo, insumos hospitalarios de toda naturaleza, vinculados en la prevención y combate, atención de pacientes que hayan sido contagiados con el coronavirus, así como apoyar la recuperación y reconstrucción económica del país, por los efectos negativos de la pandemia del Covid-19 en diferentes sectores y en el empleo en general”.
El restante 30% de los $2,000 millones que serían $600 millones serán trasladados a las alcaldías de forma directa según los criterios que determina la ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) y de acuerdo a la proporción de los recursos que el gobierno vaya obteniendo.
Las municipalidades deberán usar los recursos para ejecutar proyectos que reactiven la economía local que resulte afectada por los efectos del COVID-19.
Para obtener el dinero, El Ejecutivo podrá emitir títulos valores o adquirir varios créditos con instituciones multilaterales o con la banca internacional. Los diputados también dejaron la opción al gobierno de obtener los fondos en una combinación de ambas modalidades.
“Vamos a priorizar la rapidez, adonde podamos obtener la plata de una manera más rápida. Ahorita vamos a ir paso a paso, el pueblo salvadoreño confía en nosotros, nuestra prioridad es salvar vidas, después de esto vamos a ver el tema económico, financiero y todo eso, que es sumamente importante pero tenemos que ir paso a paso”, explicó el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro.
Añadió que el gobierno intentará suplir todas las necesidades generadas por la pandemia.
“Tantas cosas que hay ahorita. Las vidas, el hospital, el apoyo económico que se tiene que dar, la reactivación el porcentaje para los municipios. Hay muchas cosas y todo lo que se pueda ir dando de acuerdo vaya avanzando el tema del coronavirus,” afirmó Castro.
Si el ministerio de Hacienda opta por la emisión de bonos el plazo será de hasta 40 años y las operaciones que se generen, así como las transferencias que se susciten como resultado de la negociación y contratación de dicho crédito quedan exentas de impuestos, tasas y contribuciones.
El Banco Central de Reserva (BCR) actuará como agente financiero del Estado. El decreto también deja establecido que una vez colocados los títulos valores o se adquieran los fondos requeridos a través de empréstitos o con ambos mecanismos, se diseñará “un presupuesto extraordinario” que deberá ser aprobado con 56 votos de los diputados y debe especificar los gastos requeridos para atender la emergencia sanitaria, la recuperación y reconstrucción económica del país.
Debido a la emergencia, para usar los recursos se establece que el periodo para la colocación de bonos o contratos de préstamos no puede ser superior a tres meses, por lo que la Asamblea autoriza contratar un crédito puente “para que viabilice el cumplimiento integral de la demanda de los recursos que se pueda generar durante la atención de la emergencia nacional por la pandemia y la recuperación económica del país por los efectos de ésta”.
En el decreto se determina que los fondos serán administrados y auditados por un comité supervisor integrado por los titulares de los ministerios de Salud, de Hacienda, de Economía, de Obras Públicas y de Turismo.
También habrán representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, (UCA) y de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
La Junta Directiva de dicha instancia quedará conformada así: un coordinador que será nombrado por el presidente de la República, un representante de la micro, pequeña y mediana empresa designado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y un representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), así como un miembro de Fusades, uno de la UCA y otro de la ESEN.