El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, mencionó esta mañana que en medio de la pandemia del coronavirus, en El Salvador se configura el riesgo de que se consolide un modelo autoritario.
A juicio de este experto en transparencia, el gobierno está haciendo uso del pánico para avanzar una agenda que se aleja de la rendición de cuentas.
“La LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) que controla las compras públicas se la están queriendo saltar y el gobierno pide $2,000 millones a pesar que tiene recursos y se niega a querer establecer mecanismos de control”, lamentó el director de Funde en una conversación organizada por Transparencia Internacional (TI) con expertos de toda Latinoamérica para discutir cómo evitar corrupción en las medidas para mitigar los efectos del Covid-19.
Y es que además de proponer las compras directas en medio de la crisis y de acusar a los diputados de estancar la discusión de los fondos cuando estos sugieren un comité que supervise y dé seguimiento a la deuda que se adquiera para hacer frente a la crisis, el gobierno ha sido poco claro en detallar cuáles son los detalles de sus anuncios para paliar la crisis y en las supuestas conferencias de prensa para dar seguimiento a nuevos contagios, no admiten preguntas de la prensa.
Rubio lo recalca: “Son malos ingredientes cuando se junta la falta de transparencia con el autoritarismo”. El “falso dilema” La pandemia del coronavirus ha llevado a gobiernos de todas partes del mundo a echar mano de agresivas políticas para mitigar el impacto no solo sanitario, sino económico y social.
En vista de la magnitud de los programas anunciados en diferentes países, que incluyen obras públicas, millonarios salvatajes de la economía y adquisición masiva de medicamentos, entre otros, Transparencia Internacional (TI) advierte que esta situación abre las puertas al mal uso de recursos públicos.“Hay una falsa dicotomía entre transparencia y estado de derecho con llevar alivio oportuno a este virus”, manifestó al respecto la representante de TI en Panamá, Olga de Obaldía.
A su juicio, la experiencia internacional muestra lo contrario: que los países con mayor institucionalidad y acceso a la información pública son mejores para contener y mitigar los efectos de este tipo de crisis. Si no, añade, se abre la puerta al oportunismo, la corrupción y el rompimiento de las estructuras de control de los estados.
“Si estos recursos se utilizan mal, va a costar vidas e impedirá que las atenciones médicas sean las debidas”, lamentó la experta panameña. Al respecto, Alberto Precht de TI en Chile añadió que los estados no deben afectar la vigencia de los derechos humanos y que decretar estados de excepción no implica dar un descanso al respeto a los derechos humanos.
Por eso, llama a regular este tipo de declaratorias de emergencia. Asimismo, el chileno considera que “el rol de la prensa debe ser considerado un servicio esencial, al igual que el personal de salud y abastecimiento.
Cuando la sociedad está en cuarentena, (los medios) deben desempeñar su trabajo sin ningún riesgo”. Por estos riesgos, el grupo de trabajo de Transparencia Internacional se enfocará en vigilar sobreprecio en proyectos de obras públicas y compras para atacar la pandemia, información completa y oportuna de las contrataciones, garantías de competencia y evitar colusión o conflictos de interés, que se defina qué se financiará con presupuesto ordinario y qué se financiará con fondos excepcionales y una verdadera fiscalización de recursos en tiempo real.
“Poco servirá que después del ejercicio fiscal conozcamos detalles de lo que se hizo mal. La auditoría debe ser práctica e inmediata”, añadió Eduardo Bohórquez del capítulo mexicano de esta institución anticorrupción con alcance global.