El abogado Herbert Danilo Vega pidió ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional la reserva impuesta a la información sobre la licitación pública en la que la Alcaldía de San Salvador le otorgó la concesión del sistema de las cámaras de videovigilancia a la empresa mexicana EyeTech Solutions S.A. de C.V. por un monto de $84.8 millones.
“La inconstitucionalidad consiste en que dicha licitación pública que se refiere a la concesión de servicio público de sistema de monitoreo y plataforma tecnológica de Smart City (Ciudad Inteligente), para la prevención de la violencia, delincuencia y desarrollo local en el municipio de San Salvador, fue clasificada como información reservada, violando los artículos 110 inciso 4 y 112 inciso 2 de la Constitución”, sostiene Vega en la demanda.
Agrega que el haber declarado esa información como reservada “ha ocultado del conocimiento de los habitantes del municipio de San Salvador, las condiciones de la licitación, el costo de la misma, la cantidad de empresas que han participado, las ofertas planteadas por las empresas participantes”.
Considera además que ha privado a los capitalinos de conocer las razones por las cuales se adjudicó la licitación a la empresa EyeTech Solutions, no publicitó la licitación pública ni el acuerdo donde se autoriza la adjudicación ni la autorización del otorgamiento del contrato.
El abogado Vega pide que, en caso se le admita la demanda, que se ordene la suspensión de los efectos legales de la adjudicación aprobada por el Concejo Municipal de San Salvador, en la que autoriza a contratar a la referida empresa, como medida cautelar, hasta que se determine “la legalidad del acto impugnado de inconstitucionalidad”.
El 17 de febrero pasado, El Diario de Hoy reveló que la alcaldía de San Salvador había adjudicado el referido proyecto millonario para la instalación y monitoreo de cámaras de vigilancia a la referida empresa mexicana, pese a que es la compañía que tiene demandada a la misma comuna ante la Corte Suprema, la que presentó la oferta más cara y la que tiene menor trayectoria.
La comuna capitalina optó por la oferta más alta, pues la oferta de la otra empresa concursante, UDP NEC Ciudad Segura, fue de $79,836,137.61 por un contrato de 15 años de vigencia.
La adjudicación y autorización del contrato para la empresa EyeTech fue acordado el 17 de enero pasado por el Concejo Municipal de San Salvador con un plazo de 15 años y un monto de $84,881,670.
El Diario de Hoy solicitó copias del contrato y del acta de evaluación de ofertas relacionadas a la “Concesión de servicio público del sistema de monitoreo y plataforma tecnológica de Smart City (Ciudad Inteligente) para la prevención de la violencia, delincuencia y desarrollo local en el municipio de San Salvador” otorgado el pasado 17 de enero a la empresa mexicana EyeTech Solutions S.A. de C.V., por un valor de $84.8 millones.
La oficina de acceso a la información de la comuna se negó a entregar copias del contrato y del acta de evaluación por tener categoría de reserva del 17 de febrero de 2020 al 17 de febrero de 2025, porque, según ellos, en el artículo 19 de la Laip se establece reserva a aquella información que pueda perjudicar o poner en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública.
El proyecto comprende la instalación de cámaras de videovigilancia en sitios estratégicos en la ciudad capital y un centro de monitoreo. Este último estará equipado con tecnología moderna que permitirá observar y vigilar a los ciudadanos con el propósito de detectar a quienes cometan delitos o alteren el orden público, según el abogado demandante.
Señala además que todo el equipo que va a ser instalado por la empresa ganadora de la referida concesión, pasará a ser propiedad de la alcaldía de San Salvador al vencerse el plazo de 15 años.
La reserva al expediente del proceso de licitación pública para implementar el proyecto Smart City impuesto por la comuna capitalina viola la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y la jurisprudencia constitucional, afirmaron abogados consultados.