El Tribunal Disciplinario Interno Metropolitano de la Policía Nacional Civil absolvió a ocho agentes policiales acusados de faltas, supuestamente cometidas en marchas realizadas entre 2015 y 2016, las que según los agentes tenían como propósito que la Asamblea Legislativa les aprobara beneficios como el bono de alimentación.
En el primer caso, la Inspectoría General de la Policía acusó a tres agentes de realizar una marcha el 10 de septiembre de 2015 en apoyo a un grupo de agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) por ordenar traslados considerados por ellos arbitrarios.
En este caso se les acusaba de una falta grave y otra muy grave, pero luego de los alegatos de la Inspectoría y de la defensa, el Tribunal falló a favor de los acusados por caducidad de la falta grave, y en la muy grave por falta de méritos por no adecuarse las conductas reprochadas a la ley disciplinaria.
El segundo caso consistió en una marcha que el 29 de agosto de 2016 se dirigió a la Asamblea Legislativa con miras a presentar una pieza de correspondencia o una solicitud a los diputados para mejorar el salario de los agentes y el bono.
El dirigente del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, afirmó que en esa marcha se infiltraron personas ajenas a la protesta y golpearon a un camarógrafo de televisión.
La Inspectoría, en su acusación pretendía responsabilizar de esos incidentes a la dirigencia del MTP, lo que fue rechazado por los jueces.
Según Reyes, los investigadores de los desórdenes de ese día fueron agentes disciplinarios encubiertos enviados a la marcha para que construyeran el caso para su posterior acusación, lo cual era ilegal. Los agentes disciplinarios no tenían que estar vinculados a esos incidentes.