Las futuras guerras a nivel mundial tendrán como detonante la escasez de agua. Sin agua no estamos tranquilos, no funcionamos, no vivimos. Y nos afecta a todos sin ninguna excepción. Por eso la crisis del agua que se vivió en San Salvador en las últimas semanas fue tan grave como, al final, lo confirmó el presidente de la república.
De la escasez de agua potable en San Salvador surgieron varias lecciones y oportunidades importantes. En primer lugar, las lecciones. El presidente de la República pidió a su gabinete “nunca volvamos a decir que no hay un problema cuando reciban quejas de la población. Sea ataque o no, tomemos esto como un insumo. Vamos a mejorar escuchando a la población y resolviendo sus problemas”.
El gabinete de gobierno no debería esperar a que la indicación venga del presidente para escuchar a la gente. Esta petición debería ser inherente al quehacer diario de cualquier funcionario, pues, a pesar de las duras críticas que pueda recibir, estas son una retroalimentación necesaria para mejorar los asuntos públicos. Una crítica no debería ser motivo de veto a las opiniones de una persona, menos cuando los llamados se hacen en cuestiones tan públicas como la salud y el agua.
Y en las oportunidades que surgen a partir de la escasez de agua potable, hay una que se presenta nuevamente, es el tema que siempre ha estado ahí pero que nadie se anima a hacer un debate serio y responsable: la Ley de Agua. Han pasado trece años desde que se presentó un proyecto para ser analizado por la Asamblea Legislativa. Cuando surge este tema, siempre se plantean dos posturas: que existe un posible intento de privatización del agua y, por otro lado, que no se pretende una privatización, sino la creación de mayor eficiencia en la distribución del recurso.
Ya lo he mencionado en columnas anteriores, en ningún proyecto de ley ha existido algún apartado que se refiera a la privatización del agua. Pero también, la conformación de la autoridad que administrará el recurso hídrico no deja de ser cuestionable. Que la autoridad que regulará el agua esté compuesta en su mayoría por miembros del sector privado no deja de causar escozor. Según proyectos pasados, entre algunas de sus facultades se encuentran la aprobación de permisos y tasas por el uso de recursos hídricos y la aprobación de la normativa técnica que desarrollará la ley, entre otras.
Aunque la intención no sea una privatización, la desconfianza de muchos es razonable. Cuando hablamos de un bien tan público, importante y de interés social como el agua y metemos en la ecuación a sectores privados cuya defensa son los intereses de sus representados, surge esta desconfianza. Cuando se trata de un bien tan trascendental y escaso como el agua, lo que debe privar es el bien común. Nada tan básico como el agua. El agua es vida y es de todos.
Hay varios puntos que deberían estar firmes en la discusión. Primero, no se le debe dar un manejo partidario o sectorial al tema, la defensa de intereses sectoriales debe quedar fuera. De ningún color o ideología. Segundo, se trata de un bien de interés público y social. Tercero, existe la urgente necesidad de volver mucho más eficiente el uso del agua en El Salvador. ANDA no ha podido hacerlo. En El Salvador existen colonias y comunidades enteras que no tienen conexión de agua o si las tienen, la falta de agua dura semanas. Hay que buscar una urgente solución a esta situación.
Nos encontramos frente a una valiosa oportunidad de una discusión seria y razonable sobre el manejo que le estamos dando al agua en El Salvador, tanto a nivel legislativo como de políticas gubernamentales. Metámonos en el debate, nos interesa y afecta a todos.
Abogada