El exembajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, y el ministro consejero, Walter Anaya Escalante, enfrentarán en libertad el proceso que se les sigue por el delito de peculado (apropiación de fondos públicos) por un monto de $107,920. Este miércoles, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó instrucción sin ninguna medida para ellos.
Los exfuncionarios, junto con la hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez (quien no ha comparecido al proceso) son acusados por la Fiscalía General de la República de haber participado en irregularidades, entre 2005 y 2009, en el contrato de arrendamiento del edificio donde funcionaba la embajada salvadoreña en el país vecino.
Ellos suscribieron dos contratos el 4 de julio de 2005: uno por $2,200 y otro por $3,000. El Ministerio Público asegura que los imputados hicieron una sustracción de fondos del excedente del pago del arrendamiento realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las pruebas recabadas por las autoridades indican que el Ochoa Pérez (coronel en situación de retiro y exdiputado) se habría quedado con $41,040 y Anaya Escalante habría sustraído $59,840. Este dinero les era entregado a los imputados por Donaire de Ramírez, quien era la encargada de alquilar el inmueble.
Jueza ordenó que el proceso contra el exembajador de Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, y el ministro consejero, Walter Anaya, pase a instrucción sin ninguna medida. Los defensores de ambos atribuyen la resolución a una “deficiente” investigación de la @FGR_SV @elsalvadorcom pic.twitter.com/QeUatFZwCA
— Diana Escalante (@dianabescalante) January 8, 2020
“Se ha determinado que cuando empezó a realizarse el contrato de arrendamiento, a partir de julio de 2005, se comenzó a erogar la cantidad de $3,000 mensuales y el contrato real era por $2,200. Y existía un excedente de $800 y se les era entregado a Ocho Pérez, posteriormente se le fue entregado a Anaya Escalante”, explicó el fiscal.
El delegado agregó que cuando el ministro consejero dejó de estar en el cargo, en mayo de 2015, todo el dinero presuntamente se lo apropiaba la hondureña.
El fiscal declaró a los periodistas que el Ministerio Público solo había pedido que el proceso pasara a la etapa de instrucción, dejando entrever que era la jueza quien debía resolver si los imputados debían ser detenidos o decretarles medidas cautelares.
Pero al terminar la audiencia, cuando se supo que Ochoa Pérez y Anaya Escalante enfrentarían el proceso en libertad, el abogado de este último, Édgar Morales Joya, aseguró que la Fiscalía pidió a la jueza que le impusiera el pago de una fianza de $45,000 y $65,000 para los imputados, así como presentarse al Juzgado dos veces al mes y no salir del país. La solicitud fue rechazada.
“La Fiscalía no cuenta con suficientes elementos de cargo, es bien raquítica su denuncia definitivamente y en ese sentido este juicio no va a caminar mucho”, apuntó Morales Joya.
Mientras que el defensor de Ochoa Pérez, Marlon Granados, alegó que “no hay ni un solo elemento” que demuestre que los imputados se hayan apropiado del dinero. Agregó que el Ministerio Público no ha presentado pruebas contables que establezcan eso.
“Es bastante deficiente (la investigación) desde el momento en que estamos pasado a una instrucción sin ningún tipo de medidas, por el hecho de que no existe lo más importante: el verbo rector que es apropiarse”, dijo Granados.