El Salvador fue escenario el año anterior de 2,383 homicidios, lo que se traduce en 963 casos menos que en 2018, cuando hubo 3,346 muertes violentas. En 2019, el promedio de crímenes fue de siete por día, dos menos que el año que le precedió, de acuerdo a los registros de la Policía Nacional Civil (PNC).
Aunque los datos indican que desde julio pasado hubo una reducción de asesinatos, el problema de las desapariciones no ha podido ser enfrentando por las autoridades y miles de familias viven desde hace varios meses un calvario por no saber el paradero de sus parientes.
Entre el 1 de enero y el 17 de diciembre, la Fiscalía General de la República recibió 3,133 denuncias de personas desaparecidas, cifra que superó a la de las víctimas de homicidio. La lista va en aumento pues, a pocos días de acabar el año, no menos de tres familias pidieron ayuda a través de las redes sociales y medios de comunicación para localizar a sus parientes perdidos.
Los meses más sangrientos fueron enero, abril y mayo que cerraron con 289, 326 y 287 asesinatos respectivamente. A partir de julio empezaron a bajar los hechos de sangre, aunque hubo altibajos en septiembre y noviembre.
Septiembre tuvo día sangriento
El día más sangriento del 2019 fue el 20 de septiembre, cuando las autoridades registraron 23 muertes violentas en todo el país.
La mayoría de víctimas asesinadas esa fecha eran trabajadoras; entre ellas había un cooperativista, un mandador de finca, un empleado de la alcaldía de Nejapa, otro del Ministerio de Salud y varios pequeños comerciantes.
Los crímenes fueron cometidos en San Salvador, La Libertad, La Paz, Cabañas, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel y Morazán.
Ese incremento “atípico” llevó a las autoridades a reunirse de emergencia y a suspender los descansos de los policías para enviarlos a reforzar las tareas de seguridad.
Además, el presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció fuertemente contra las pandillas, a cuyos integrantes advirtió que retomaría las medidas de emergencia en las cárceles si no cesaban los homicidios.
En su momento, las autoridades señalaron que detrás de casi todas las muertes reportadas ese día estuvo la Mara Salvatrucha (MS), cuyos integrantes se dedicaron a matar en represalia por la detención de tres cabecillas (a nivel nacional) de la estructura así como por el decomiso de más de $20,000 y varias armas de fuego.
Esa jornada violenta también llevó a las autoridades a iniciar una investigación para dar con las personas que presuntamente estaban conspirando o incitando a otras (haciendo apología del delito) para que elevaran el número de homicidios.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, manifestó esa vez que lo que pretendían era dar con los “autores intelectuales” de los crímenes -no solo con quienes los ejecutan- y entregarlos al Ministerio Público para que los procese por el delito de conspiración. Los resultados de esa investigación no se conocen hasta la fecha.
Durante el año, las instituciones de seguridad pública también tuvieron bajas a causa de la violencia. Las pandillas asesinaron a 29 policías y un empleado administrativo. La Fuerza Armada perdió a 15 militares y custodios penitenciarios.
