Rudy, el reflejo de la ausencia de infraestructura escolar para las personas con discapacidad

En El Salvador hay 5,200 escuelas y sólo 247 tienen una infraestructura adaptada para personas con discapacidad. A Rudy le ha tocado estudiar en un centro educativo que no tiene rampas para facilitarle el traslado en su silla de ruedas. Realmente solo existen 1,439 rampas, 1,008 pasamanos y 300 sanitarios adaptados para personas con discapacidad en el sistema educativo público, según datos brindados por la Oficina de Acceso a la Información (OIR) del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mineducyt).

Rudy tiene 20 años, cursó el primer año de bachillerato en el Instituto Nacional de Olocuilta, en La Paz y sueña con ser disc-jockey (pinchadiscos), trabajar duro y seguir estudiando para ayudar a su madre, una hilera de sueños, hilera que debe superar los obstáculos de infraestructura y las limitaciones económicas que hay en su vida.

Cuando tenía nueve meses sufrió una parálisis cerebral, ahora el movimiento en su cuerpo es mínimo y sostener una conversación le resulta difícil por la dificultad que tiene para hablar. Sin embargo, una sonrisa siempre se dibuja en su rostro.

La asistencia de Rudy a clases depende de su madre, Edith Nieto, de 60 años. Todas las mañanas ella empuja la silla de ruedas de su hijo, el recorrido entre calles empedrada, sin aceras, baches y pendientes inicia en el Barrio El Carmen (Los Hernández) y finaliza en las puertas del Instituto Nacional del referido municipio. El recorrido del joven y su madre es de cuatro kilómetros en ida y vuelta, lo cual les toma, en promedio, una hora.

“Lo llevo en la mañana y lo voy a traer en la tarde, tengo 60 años y las fuerzas van para abajo, pero así hago la lucha con mi hijo”, dice Edith. Tanta es la dependencia de las fuerzas de su madre que Rudy no logró estudiar el año pasado debido a que ella se enfermó, “estaba perdiendo el líquido de la rodilla, por eso ya no pude llevarlo”, explica la madre.

Rudy es parte de los 1,158 estudiantes con discapacidad que el Mined reportó que se matricularon en centros escolares de educación media de todo el país en 2018. Este segmento de la población estudiantil no representó ni el 0.1 % total de la matrícula de educación media de ese año, que fue de 193, 562 estudiantes.

La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad de 2015 mostraba que en El Salvador había 3,068,003 en edad escolar y de estas 82, 223 eran personas con discapacidad.

El joven destaca en sus estudios y lucha por un puesto en un entorno físico y social que no le es favorable por las pocas oportunidades educativas que tiene, aceptación social y oportunidades de movilidad. Con todo y sus dificultades, logró estudiar hasta noveno grado en el Centro Escolar Alberto Masferrer de su actual residencia. Después, el Instituto Nacional de Olocuilta le abrió sus puertas, a pesar de la buena voluntad del cuerpo docente y el apoyo incondicional de sus compañeros, la falta de condiciones en infraestructura y capacidad humana para atender a personas con discapacidad le dificultan su aprendizaje.

El Instituto de Olocuilta no tiene rampas o pasamanos que permitan su movilidad libremente, ante esto el director, Wilfredo Funes, asegura que Educación no ha asignado un presupuesto para este tipo de actividades y al joven no le queda otra opción más que movilizarse por su propia cuenta o a veces con la ayuda de sus compañeros.

“Nos hemos quedado cortos en ese sentido, no hemos hecho rampas necesarias, hemos tenido la intención de hacerlas pero no hay presupuesto, nos dieron un fondo para infraestructuras menores pero no alcanzó para eso”, dijo.

El Mined está en la obligación de garantizar oportunidades educativas a las personas con discapacidad y esto incluye infraestructura adecuada, según el artículo 34 del Reglamento de la Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Solo 247 centros de educación pública cuentan con alguna infraestructura adecuada para personas con discapacidad.

Para Paz Zetino, secretario de Bases Magisteriales, el sistema educativo público no tiene las condiciones idóneas para atender a la población estudiantil con alguna discapacidad.

“La gran mayoría de escuelas públicas están carentes de infraestructura o adecuaciones para personas con sillas de ruedas, con la falta de algún miembro, una persona con ceguera u otro tipo de discapacidad, sobre todo en el área rural”, dijo.

Zetino cree que aún no se está garantizando la educación y facilitando las oportunidades necesarias a la población con discapacitada y esto representa un reto para Educación, sobre todo porque año con año la matrícula de personas con alguna discapacidad aumenta en el sector de educación público.

Solo en 2018 desde educación inicial hasta educación superior tanto en el sector público como privado se matricularon en el sistema regular y especial 14,878 estudiantes con algún tipo de discapacidad.

Según el boletín estadístico N° 12 “Estudiantes con Discapacidad, 2018” (vigente hasta 2019), Educación reportó que la matrícula de estudiantes con diferentes tipos de discapacidad fue de 11,367.

De estos, 8,863, es decir el 78% fueron inscritos en el sector público, mientras que el 22%, equivalente a 2,504 estudiaron en centros escolares privados.

Los mismos datos estadísticos arrojan que el 57% (6,435) son hombres y el 43% (4,925) mujeres. A nivel general 66% (7,531) eran de la zona urbana, mientras que el resto: 3,835 estudiantes que equivalen al 34% procedían de la zona rural.

En cuanto a educación superior, cabe mencionar que de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA) en 2017, un total de 849 estudiantes con discapacidad cursaban alguna carrera de educación superior en 24 universidades.

Según datos proporcionados por el Mined a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, desde 2014 hasta 2018 se matricularon 4,202 personas con discapacidad en el sistema regular de educación superior y la matrícula mayor es masculina con un total de 2,110, mientras que la matrícula femenina fue de 2,092; es decir que de cada 100 personas matriculadas, 49 eran mujeres y 51 eran hombres.

Docentes capacitados

En los últimos cinco años se matricularon 69,843 estudiantes con diferentes tipos de discapacidad y solo 10,656 docentes fueron capacitados en procesos de inclusión educativa, este número es capaz de cubrir el 15% de la población con discapacidad que fue matriculada en el mismo periodo; significa que por cada siete estudiantes con discapacidad solo hay un docente. Además, se debe de tener en cuenta que los profesores no solo atienden a la población discapacitada sino que tienen a 20 o hasta 40 estudiantes más que atender.

El artículo 35 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece que el Mined está en la obligación de “aumentar la cobertura garantizando la existencia de por lo menos una escuela integradora por municipio, con la infraestructura, personal docente y recursos pedagógicos para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, capacitar a docentes”. Además, de “desarrollar programas permanentes de formación y actualización pedagógica del personal docente”.

Según Zetino, estos lineamientos no se cumplen porque la mayoría de docentes no han sido capacitados para atender a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad.
“En las escuelas públicas no tenemos el recurso humano para atender a personas con discapacidad. Por ejemplo, a veces nos toca contratar intérpretes para que puedan comunicarse por lenguaje de señas con los estudiantes sordos”, explicó.

En el Instituto Nacional de Olocuilta hay 15 docentes, siete de ellos están de planta y ocho son contratados por hora clase, en esta institución ningún profesores ha recibido capacitaciones para atender a estudiantes con discapacidad o relacionadas al eje de educación inclusiva, según el director.

“Desconozco si nosotros debemos de solicitar las capacitaciones o es el Ministerio quien las asigna. A nosotros nos sería útil capacitarnos porque a veces no sabemos cómo atender a estudiantes como Rudy y hacemos lo que podemos. Acá nosotros tenemos roles de psicólogos, padres, amigos y lo que sea necesario (…) Los docentes hacen todo lo que está a su alcance porque no tienen las competencias necesarias para poder atender a personas con discapacidad”, lamentó el director Funes.

En El Salvador hay 5,200 escuelas públicas y algunas, como el Instituto de Olocuilta, no cuentan con personal formado en procesos de inclusión educativa.

“Es mínimo el número de docentes que ha recibido algún tipo de capacitación, lo ideal sería que si en el sistema regular vamos a atender a la población discapacitada todos los profesores tengan la formación necesaria. Un docente debería de saber cómo tratar a un niño con bipolaridad, un niño ciego, un niño con autismo, pero no estamos preparados para eso y en los centros escolares resolvemos como podemos”, explicó Zetino.

Similar es la opinión de Ana Delmy Álvarez, directora de la Asociación Salvadoreña de Autismo (ASA), pues asegura que cada persona con discapacidad necesita de atención personalizada porque dependiendo de las limitaciones que se tengan, así será la orientación asignada para el aprendizaje.

“La atención (en centros educativos) carece de calidad, generalmente los docentes no desean complicarse haciendo adecuaciones curriculares y más aun cuando tal vez esas adecuaciones servirán para un estudiante, y a lo mejor en el salón de clases tiene que atender a un grupo de 30, 40 o más alumnos”, señaló.

Álvarez afirma que a demás de las capacitaciones, también se necesita un compromiso de parte de los educadores porque siempre es necesaria la identificación y empatía para ser un docente inclusivo capaz de respetar las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.

Considera que debido a las deficiencias que hay en el sistema educativo para atender a la población con discapacidad muchas familias desisten de apoyar a sus hijos en la formación académica y se les violenta el derecho que tienen a la educación.

“Hay que tomar en cuenta que debido a la falta de atención adecuada para los estudiantes con discapacidad algunos padres desisten de llevar a sus hijos a la escuela, por ello un gran número de personas con discapacidad no asisten a los centros educativos”, aseveró.

En este sentido, la madre de Rudy asegura que los docentes del Instituto de Olocuilta hacen su mejor esfuerzo para atenderlo y apoyar su formación académica, a pesar de su nula formación en educación inclusiva.

El director Funes ve a Rudy como un joven responsable con sus compromisos académicos, alegre y llevadero con sus compañeros de clase. Evidencia de ello es que hace unas semanas Rudy se ganó una medalla por destacar entre los primeros lugares de la semana cultural.

Edith asegura que mientras ella tenga las fuerzas y Dios se lo permita seguirá empujando la silla de su hijo desde su casa hasta el Instituto para que él asista a clases.

Ella sacó adelante a sus hijos vendiendo tamales y fruta dos veces por semana, es una actividad que no deja de hacer. Además de Rudy, crió a dos hijas que en la actualidad, con 29 y 32 años de edad respectivamente, le ayudan con su hermano menor.