Fiscalía acusa a españoles de apartar a ingeniero salvadoreño de invento Turbococina
La paralización del proyecto Turbocina por demandas legales afectó a las escuelas y a las familias de escasos recursos que serían beneficiadas en la etapa de prueba.
Por eso Fiscalía acusó de los delitos de estafa agravada y violación de privilegios de invención a los extranjeros Juan Alfonso Cardenal Gistau, de 43 años; Juan Alfonso Cardenal Pombo, de 67; y Diego Salcedo Moore, de 45.
A juicio de la Fiscalía, la separación del ingeniero Núñez de las sociedades que se crearon para la explotación de la invención “Turbococina” afectó el patrimonio privado y la propiedad industrial del ingeniero salvadoreño Núñez.
Este conflicto intelectual y económico supuso un obstáculo para miles de escuelas salvadoreñas y familias de escasos recursos que en una primer fase serían beneficiadas con la fabricación de 100,000 turbocinas.
El proyecto que se truncó luego de las diferencias entre el inventor y los financistas en la fase de evaluación impidió que la Oficina del Cambio Climático de las Naciones Unidas autorizara la emisión de bonos a pesar de considerar la turbocina como la mejor invención de protección al medio ambiente, y que era requisito para que el Banco Salvadoreño de Desarrollo (Bandesal) desembolsara los recursos necesarios para la fabricación de las 100,000 cocinas.
En el primer día de juicio, los acusados se han referido a la acusación que Fiscalía les hace y ellos niegan que en ningún momento han separado al inventor de la cocina porque ha figurado como los principales en las dos sociedades que se crearon para el desarrollo y posterior comercialización de la inventiva: Soter AG, domiciliada en Suiza y Energía Ecológica Centroamericana S.A de C.V.