El presidente del Banco Central de Reserva hasta el 1 de diciembre, Carlos Federico Paredes, aclaró que no ha renunciado a su cargo sino que el presidente Nayib Bukele lo despidió como un mensaje al sistema de justicia de que por ser funcionario de alto rango no está exento de que se le aplique la ley.
Paredes explicó que él fue nombrado por el presidente Bukele a pesar de saber que sobre él pesaba un proceso judicial por estafa agravada por más de $700,000 en perjuicio de tres personas en el proyecto habitacional de Lomas de Santa Elena, Nuevo Cuscatlán.
Según el titular de la Autónoma, aunque no ha hablado directamente con el presidente Bukele sobre su caso judicial, él (Bukele), toda su familia y allegados a Nuevas Ideas, que en su momento también le ofrecieron posiciones dentro del partido, lo sabían porque es “una verdad abierta (…) Todo el país lo sabe”.
Paredes insiste en que “este no ha sido un secreto para nadie”, puesto que desde 2016 se le acusa del delito de estafa inmobiliaria en perjuicio de tres de víctimas que reclaman el pago de más de medio millón de dólares como devolución e intereses por unos lotes.
Por ese caso, Paredes enfrentará este viernes una audiencia en el Juzgado de Instrucción de Santa Tecla, donde el juzgador valorará si lo manda a juicio o exonera de cargos.
.@carlosf_bcrsv dice en @Republica33TV que nunca ha hablado puntualmente con @nayibbukele acerca de su caso, pero que siempre ha explicado su situación incluso cuando le ofrecieron cargos dentro del partido. Asegura que mañana el juez decidirá si el proceso va a vista pública. pic.twitter.com/cpwsui8Bgv
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) November 27, 2019
En un Twitter, Bukele pidió la renuncia de Paredes. Tras acatar la orden, la institución responde en un escueto comunicado que pese a la remoción de su presidente, “el Banco Central de Reserva continuará su normal funcionamiento como institución técnica, a la espera del nombramiento de su nuevo titular”.
El caso se conoció mientras era director de exportaciones del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) y desde entonces ha enfrentado varias audiencias. Paredes reconoció que debe ir a firmar cada 15 días como medida cautelar.
“Yo no le temo, absolutamente, a la verdad. Mis abogados han trabajado y hay causa probable para cerrar el caso”, añadió.
#República | #RenunciaBCR | “En esa demanda de estafa, hay vicios enormes, su servidor es mencionado hasta en el 2010, Carlos Federico Paredes en el 2010 ya no estaba en la empresa”. @carlosf_bcrsv, @bcr_sv. pic.twitter.com/a9H6Tyvmn3
— República (@Republica33TV) November 27, 2019
Paredes, que se convierte en el séptimo alto funcionario que es separado de su cargo en el gobierno de Bukele, brinda su versión de los hechos que se le imputan: primero dice que ya había conciliado con los ofendidos por incumplimiento de contrato en 2011, pero se elevó a los tribunales porque los ofendidos acudieron con fotocopias al Instituto de Previsión de la Fuerza Armada, (IPSFA), que también era parte involucrada, a intentar retirar el dinero que les correspondía de forma individual y fue negado por no presentar documentos originales.
El funcionario también dice que hay una confusión de identidad porque quienes lo acusan se refieren a un hombre (según muestran en una fotografía) que pesa 300 libras y de ojos verdes, características que no le corresponden a él. Además que en el 2010, cuando las víctimas lo demandan, Carlos Federico Paredes Castillo ya no estaba en la empresa inmobiliaria que supuestamente las estafó, sino hasta mayo de 2008 y de eso tiene constancia con la boleta del Seguro Social.
“Yo no le temo absolutamente a la verdad. Confío que mis abogados han probado la verdad jurídica y que en cualquier juzgado del mundo son suficientes evidencias para que el caso se cierre”, dijo Paredes. “Ellos me han confundido con el verdadero representante legal de la inmobiliaria”, insistió.
Además, dice que no hay pruebas contra Carlos Federico Paredes y que están cobrando más dinero del que deben, además en el contrato de alquiler con promesa de venta no hay ninguna cláusula de penalización por intereses si hay incumplimiento de contrato.
La estafa
La Fiscalía General de la República ha acusado de Carlos Federico Paredes, representante de una inmobiliaria de estafa agravada en perjuicio de tres personas. Paredes niega que fue representante legal de esa organización sino gerente financiero, y tenían un poder administrativo para alquilar con promesa de venta, de ahí que él dice, que no debería estar sentado en el banquillo de los acusados sino al verdadero representante legal de la empresa.
Asimismo dice que las supuestas víctimas habían llegado a una conciliación ante Protección al Consumidor y el representante legal de la empresa en el 2011, un alemán, y en la que Bukele autorizó las construcciones que han resaltado valores urbanísticos a la zona.
Pero los ofendidos acusan a Paredes Castillo de haberles vendido 26 lotes en la zona de Santa Elena por $700,000. Paredes reconoce que hubo incumplimiento de contrato, pero no estafa agravada.
Para subsanar esos fondos, el Ipsfa, que era parte de esta trama también, ha anexado un cheque de $192,000 para pagarles a las víctimas.
Estas personas fueron a conciliar con la empresa cuatro años después de que Carlos Federico Paredes ya no era empleado de la empresa que supuestamente las había estafado.
Al igual que esas tres víctimas, otras más reclamaron sus pagos por más de $3 millones porque por atrasos de permisos legales, los proyectos se retrasaron.
Aunque no se sabe quién será el próximo presidente del BCR, Paredes insistió en que la institución estará a cargo del vicepresidente (Otto Boris Rodríguez) y los gerentes se encargarán de la parte operativa.