“Estamos vivas, aunque con estragos”, es el más reciente mensaje que han podido emitir desde el interior de una parroquia sitiada por la Policía de Nicaragua 11 madres que este miércoles cumplen seis días en huelga de hambre, por la libertad de más de 150 “presos políticos”.
Desde que anunciaron su huelga de hambre, el jueves pasado en la parroquia San Miguel Arcángel, de la ciudad de Masaya (Pacífico), las autoridades del Gobierno cortaron los suministros de agua y energía, y dispusieron de un extenso cerco policial, para impedir la ayuda humanitaria.
Otras cinco personas que se encontraban dentro del templo al momento del sitio policial sufren ayuno forzoso, ya que la Policía no permite que nadie entre ni salga de las instalaciones.
Las cinco personas son el padre diabético Edwin Román, la defensora Yonarqui Martínez, el opositor Santiago Fajardo, el periodista Marlon Pawell y un empleado de la parroquia.
“El padre (está sin) comida ni medicinas, pero aquí luchando para la liberación, somos rehenes de la Policía Nacional”, agregaron las mujeres, en un mensaje emitido en redes sociales.
Las mujeres han logrado mantener sus teléfonos celulares activos gracias a que los recargan de energía con la batería del automóvil del párroco, pero temen que esta se agote en cualquier momento, por lo que sus mensajes al exterior cada vez son más escasos.
El médico José Luis Borge, conocido por evadir una orden gubernamental para no atender a opositores, ha advertido que después de cinco días sin comer las personas podrían sufrir daños irreversibles en algunos de sus órganos más importantes.
Familiares del sacerdote, quien el martes sufrió dos desvanecimientos por falta de alimentos e insulina, afirmaron que se encuentra “deshidratado totalmente, su situación es precaria”.
La huelga de hambre y el cerco policial forma parte de la crisis sociopolítica que, desde el estallido popular contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, ha dejado cientos de personas muertas, presas o desaparecidas, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Trece jóvenes fueron detenidos en Masaya y otros tres en Managua la madrugada del jueves pasado, mientras intentaban dar agua a las personas dentro de la iglesia. El martes, todos fueron acusados por transporte de armas peligrosas.
La llamada “criminalización” de la protesta, y ahora también de la ayuda humanitaria, le ha traído fuertes críticas al Gobierno de Ortega, tanto a nivel nacional como internacional.
Entre las críticas han aparecido imágenes de periódicos de hace más de 40 años, que muestran que incluso el dictador que Ortega ayudó a derrocar, Anastasio Somoza Debayle, permitió asistencia humanitaria en momentos críticos de su Gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada de Nicaragua en 2018, ha responsabilizado al Gobierno por 328 muertos en el marco de la crisis. Órganos locales elevan la cifra a 651. Ortega ha admitido 200, sosteniendo que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.
El martes, la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua emitió un informe en el que tomó en cuenta las “pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos contra manifestantes y miembros de la oposición”.
En su informe, la Comisión concluyó que “Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto”.
Las madres despidieron su mensaje con las palabras “no se olviden de nosotras”.