En El Salvador nos sobran los problemas, pero los funcionarios a veces se centran en cualquier cosa menos en las soluciones a ellos. Esta vez, la propuesta sin fundamento, populista y hasta inconstitucional vino de la diputada de la Asamblea Legislativa Eeileen Romero, del partido PCN; el pasado jueves la diputada expresó que solicitaría reformar la Ley General de Educación para que los estudiantes lean la Biblia en sus centros educativos. Además de ser una propuesta sin fundamento, esto podría ir en contra del carácter laico del Estado.
En primer lugar hay que considerar, ¿una lectura diaria o semanal de pasajes bíblicos, hecho de manera aleatoria, cambiará la moral de un país? Lo dudo mucho. No me opongo en absoluto que una persona lea la Biblia si así lo desea. Pero el Estado no tiene que ser quien intente guiar el pensamiento de sus ciudadanos en el ámbito religioso, donde debe imperar la libertad de cada individuo de elegir la religión que más le parezca o no optar por ninguna.
En vez de intentar incidir en el ámbito religioso de cada persona o de pensar que con leer pasajes bíblicos la violencia social cesará, el Estado debería enfocarse en colaborar a las familias en una educación cívica de calidad y en inculcar los valores propios de una república democrática desde temprana edad. Como la Sala de lo Constitucional lo señaló en la sentencia de inconstitucionalidad 22-2011, “la Constitución aspira a que mediante la educación se logre combatir todo espíritu de intolerancia (artículo 55), pues así, dentro del marco institucional democrático y los límites de los derechos de los demás, la libre confrontación de ideas y el disentimiento razonado previenen el paternalismo estatal, la manipulación de la conciencia o la anulación de las individualidades”.
En segundo lugar, y lo más importante, El Salvador todavía es un Estado laico. La Sala también ha emitido dos resoluciones donde realiza amplias referencias a la neutralidad religiosa del Estado (procesos de inconstitucionalidad 3-2008 y 117-2018). En síntesis, se ha establecido que la Constitución de 1983 ha proclamado, por un lado, la libertad de los individuos de profesar cualquier religión de su preferencia, sin más límites que los trazados por la moral y el orden público (artículo 25); y, por otro, la laicidad estatal por silencio, entendida como principio de no confesionalidad del Estado o de neutralidad religiosa, de manera que en el país ninguna religión es protegida como la religión estatal.
Lo anterior implica una laicidad positiva del Estado salvadoreño, que parte de una clara distinción entre la esfera político-estatal y la religiosa, en el sentido que se protegen las religiones a título individual, pero a la vez se reconoce que las instituciones públicas no hacen suya ninguna concreta opción religiosa de las muchas que se manifiestan en el seno de una sociedad pluralista.
Con base en todo lo anterior, los diputados o cualquier funcionario del Estado deberían abstenerse de impulsar propuestas que intenten incidir en el ámbito religioso de las personas. No es que quieran hacer algo malo, es que simplemente es un asunto que no le corresponde a las instituciones estatales.
La obligación de leer la Biblia en las escuelas no nos volverá una mejor sociedad. He conocido a excelentes personas y ciudadanos que son ateos, así como gente que vive dándose golpes de pecho y asiste todos los domingos a la iglesia con un comportamiento que deja mucho que desear. Este país cambiará cuando empecemos a criar buenos ciudadanos; niños y jóvenes que vivan y dejen vivir, que respeten a todos por igual, que acepten la pluralidad y diversidad de pensamiento en una sociedad, que respeten y defiendan los derechos de todos. Solo con educación cívica seria para niños y adultos lograremos un mejor El Salvador.
Abogada.