Cinco personas que eran parte de la banda delincuencial Viudas Negras y que fueron condenadas, en mayo pasado, a penas de entre 15 y 30 años de cárcel por trata de personas (en modalidad matrimonio forzado), enfrentarán otro juicio por el mismo delito en perjuicio de tres nuevas víctimas.
Juntos con ellos serán enjuiciadas otras cinco personas. Así lo decidió este viernes el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador en la audiencia preliminar.
Las autoridades señalan que los integrantes de la estructura reclutaban a mujeres para obligarlas a casarse y adquirir seguros de vida a favor de sus esposos. Luego, con la colaboración de pandilleros de la Mara Salvatrucha, asesinaban a los cónyuges de las víctimas para reclamar el dinero de los seguros.
El caso tiene reserva, por lo que las autoridades ni la defensa pueden revelar detalles de la investigación. Solo se sabe que las víctimas por las que están siendo procesadas son dos mujeres y una adolescente.
Los imputados son Esmeralda Flores Acosta y Wilber Javier Cáceres Benítez, quienes ya cumplen 30 años de cárcel. También Franklin Vladimir López Flores, Roberto Omar Álvarez Leiva y María Cristina Flores de Cruz, ellos purgan 25 años de prisión y ella 15 años.
Además, María Flores Acosta, Juan Guerra Melgar, Edith Emelda Ramírez, Arturo Minero Sandoval y Edwin Hernández Varela.
En el proceso judicial en el que cinco de 12 acusados fueron condenados, la Fiscalía General de la República logró comprobar en dos casos que la banda delictiva cobró seguros de vida por un monto de entre $30,000 y $60,000.
Banda encabezada por mujer
Las Viudas Negras es una agrupación delincuencial que dirigía Esmeralda Flores Acosta. Ella, según las investigaciones, ofrecía a las víctimas trabajo como empleadas domésticas, en el municipio de San Marcos, y cuando las tenía en su casa las amenazaba con atentar contra sus familiares si no accedían a casarse con hombres que no conocían.
Después, las víctimas eran obligadas a decirles a sus futuros esposos que eran ciudadanas de Estados Unidos y que después de casarse podrían emigrar hacia ese país.
Tras concretarse las uniones matrimoniales en las alcaldías de Santa Ana y San Salvador, los hombres eran convencidos por sus parejas para comprar seguros de vida, argumentando que era un requisito que debían llenar para marcharse al extranjero.
Cuando los hombres ya habían contratado los seguros de vida eran asesinados por pandilleros para que las viudas pudieran cobrar el dinero, que después debía ser entregado a los delincuentes.
Este caso salió a la luz cuando dos víctimas lograron escapar y denunciaron a Flores y contaron a las autoridades cuál era el rol que tenían los demás integrantes de la estructura criminal.