Los diputados incumplieron con el último plazo “improrrogable” que les había dado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para elaborar una Ley de Reconciliación que restaure el daño a las víctimas del conflicto armado de la década de los 80. Esto, tras la derogatoria de la Ley de Amnistía de 1993 por parte de la Sala. La sentencia fue emitida en julio de 2016.
“Ya estamos en desacato, si se pide prórroga es porque ya se cumplió el plazo, pero seguimos en desacato”, afirmó el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, ayer en la discusión que tuvo la Asamblea durante una sesión plenaria extraordinaria convocada a última hora por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, para aprobar una extensión del plazo. (Ver más en página aparte).
Las desaveniencias en el contenido del último borrador de la ley con fecha 5 de noviembre, que fue preparado por los diputados de la subcomisión legislativa, instancia que hizo consultas con distintos sectores a nivel nacional, provocó que a pocos días de vencerse el plazo no se lograra consenso en torno al proyecto que ha sido discutido.
Hay dos iniciativas, pero la que más respaldo político tiene es la presentada por ARENA, PCN y PDC. Hay otro documento que han introducido organizaciones sociales y de representantes de las víctimas, que el FMLN abandera, pues aseguran que es el único anteproyecto de ley que en realidad reúne los cuatro elementos fundamentales que pide la Sala: verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición de los “delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra” que concurrieron en la época del conflicto armado.
Los representantes de organizaciones sociales, de las víctimas y el FMLN cuestionan que ARENA, PCN y el PDC quieren aprobar una ley en donde sigue imperando la “impunidad” y que no recoge lo estipulado en la sentencia de la Sala. (Ver nota aparte).
La Sala emitió una resolución en julio de 2018 obligando a la Asamblea a diseñar una ley que repare el daño a las víctimas de la guerra.
Para eso, la Sala de lo Constitucional le otorgó un año a la Asamblea, hasta el 13 de julio de 2019 para que lo hiciera, sin embargo, los diputados no cumplieron con ese mandato, por lo que los magistrados constitucionalistas les otorgaron cuatro meses más, periodo que se vence hoy, y el cual también ha sido incumplido por la Asamblea.
Los diputados aprobaron ayer pedir una tercera prórroga, dejando a discreción de la Sala de lo Constitucional cuánto tiempo les ofrece, aunque en principio la propuesta era tener cinco meses más para seguir discutiendo la ley.
En la ampliación que la Sala les dio el 12 de junio de 2019, explica que “el plazo inicialmente calificado de improrrogable debe ser visto a la luz de lograr un marco de justicia transicional que permita ayudar a superar los aspectos deficitarios derivados del proceso de paz y señalados en la sentencia”.
Parte de la justificación que mandaron los diputados a la Sala de lo Constitucional en su carta de petición para ampliar el periodo, es que el plazo concedido por la Corte Suprema de Justicia “ha sido insuficiente para llegar a acuerdos entre los grupos parlamentarios”.
Controversia en proyectos de ley
El entrampamiento en la aprobación de la ley se debió a la inconformidad que mostró el FMLN a la propuesta de ley de ARENA, PCN y PDC. La jefa de fracción efemelenista, Nidia Díaz, abogó ayer porque se sometiera al pleno el proyecto que presentaron las organizaciones sociales y representantes de víctimas del conflicto.
“Hemos decidido desde hace algunos días en un proceso de consulta que hemos hecho a nivel nacional como partido, que la única propuesta de ley que reúne los requisitos tanto legales, de procedimiento en esta Asamblea, es la ley que representa a las asociaciones y representantes de las víctimas. Es la única ley en discusión o proyecto que reúne los estándares y los requisitos que plantea la sentencia de la Sala de lo Constitucional en relación a buscar una ley de Reconciliación basada en la verdad, justicia, reparación y mecanismo de no repetición”, afirmó Díaz.
Mientras que el resto de partidos sustentaron su incumplimiento en que es necesario aprobar una ley que contemple todo lo requerido por la Sala de lo Constitucional y que restaure el daño a todos los que fueron impactados por la guerra.
“El dolor de las familias de las víctimas continúa latentemente, tanto como para las madres de un soldado, como la madre de un guerrillero, a esas víctimas hay que darles solución”, esgrimió el diputado Guillermo Gallegos, de GANA.
Agregó que GANA no participó de la subcomisión que analizó los anteproyectos de ley, porque valora que “se estaba dejando de tener en cuenta la participación de las organizaciones que velan por el derecho de las víctimas, cuando hablamos de víctimas no sólo de un lado, sino víctimas de ambos lados (exguerrilla y el Ejército)”, afirmó Gallegos.
Según el informe entregado por la subcomisión legislativa a la Comisión Política, en el borrador actualizado al 5 de noviembre de 2019 que apoyan los partidos, incluyeron “las observaciones resultantes a lo largo de las sesiones de trabajo y los parámetros de la Sala de lo Constitucional”.
¿Qué dicen los anteproyectos?
El documento que apoyan los partidos se llama: “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”.
En este proyecto de ley se establece que será la Fiscalía el ente encargado de investigar los delitos señalados en la ley. Además refleja que el juez será el responsable de imponer la pena después de escuchar al inculpado.
La pena podrá oscilar “entre la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión contemplada para el delito imputado”, siempre y cuando el denunciado “reconozca expresamente su grado de participación sobre los hechos, pida perdón a las víctimas, colabore con el esclarecimiento de los hechos, y cuando fuera posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y ayude a ubicar pruebas de los hechos”.
Para los representantes de las víctimas del conflicto armado lo anterior no es suficiente.
“Hemos realizado un estudio exhaustivo de la propuesta presentada por la Asamblea Legislativa el 5 de noviembre que fue remitida a la Comisión Política. Esta propuesta, al hacer un análisis hemos visto que tiene vicios de impunidad”, manifestó Julio Magaña, representante de la Mesa contra la Impunidad.
En la propuesta que impulsan organizaciones sociales y representantes de las víctimas, exigen que haya cárcel para todos los que resulten culpables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra.
El proyecto actualizado a octubre de 2019 llamado: “Proyecto de Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado”, se plantea crear un “Sistema nacional de Reparación Integral y Acceso a la Justicia”; un Registro Nacional de Víctimas del Conflicto Armado y medidas económicas de restauración de daños.
Establecen que la investigación debe ser realizada de oficio o a petición de parte cumpliendo con los plazos establecidos en la legislación procesal penal. (Ver más detalles en recuadros).