Magistrado de Sala de lo Constitucional confirma demanda contra carta de entendimiento de la CICIES

El documento firmado entre el Gobierno de Bukele y la OEA ha sido cuestionado por expertos y organizaciones que consideran que el proceso debió pasar por la Asamblea Legislativa

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Aldo Cáder Camilot, Magistrado de la Sala de lo Constitucional. Foto EDH / Lissette Monterrosa

Por L. Alas

2019-11-06 5:17:38

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Aldo Cáder, confirmó este miércoles que la Sala de lo Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad contra la carta de entendimiento que firmó el Gobierno de Nayib Bukele y la Organización de los Estados Americanos (OEA), para instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES).

Cáder se refirió al tema durante la entrevista con Pencho y Aída, donde fue cuestionado sobre si dicha comisión debía ser aprobada por la Asamblea Legislativa, tal y como lo han expresado analistas y organizaciones.

“En el caso de la CICIES hemos sido contundentes, es evidente que se va a impugnar, de hecho ya hay una impugnación contra eso en la Sala de lo Constitucional “, señaló.

Aunque aclaró que aún no han emitido una resolución al respecto.

“No podemos decir ahorita si es inconstitucional o no, o si debe ir a la Asamblea o no, porque le hace falta terminar de instalarse a la CICIES y ver qué actos hay detrás de eso, para tomar las decisiones”, agregó.

La delegación de la OEA en El Salvador anunció el martes que la comisión contra la corrupción ya tiene sede en el país, aunque no especificó su ubicación. El organismo internacional designó a Ronalth Ochaeta como vocero interino de la Cicies.

Tras el anuncio, el presidente Bukele dijo en conferencia de prensa que la comisión ya tiene en sus manos varios casos para investigar, entre los que mencionó El Chaparral, el Sitramss y el uso de la partida secreta de sus antecesores.

En septiembre pasado, el Gobierno y la OEA firmaron la carta de entendimiento para establecer la CICIES, la cual quedaba adscrita al Ejecutivo. En ese marco, un mes después las autoridades recibieron a una misión técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar en la formación de la comisión.

No obstante, el acuerdo entre el gobierno y la OEA ha sido cuestionado por expertos y organizaciones que advierten sobre la inconsticionalidad de la comisión por no haber pasado por el aval del Congreso y han señalado que tendrá algunas limitantes para investigar.