La situación política y social en Guatemala es clave para la estabilidad de Centroamérica. Sin embargo, aún con la asistencia recibida de Naciones Unidas no ha logrado ser una tierra pacífica y de instituciones consolidadas. Algunos indicadores que miden los niveles de desarrollo humano, corrupción y violencia de Guatemala son comparables con las clasificaciones de algunos de los países más turbulentos del mundo.
Considerando la importancia de Guatemala para la región, Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos anticorrupción para atacar una de las fuentes estructurales de debilidad institucional e inestabilidad social. Por ejemplo, a principios del 2014 Estados Unidos presionó al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para que librara su administración de funcionarios corruptos y renovara el mandato de una comisión de la ONU encargada de investigar la impunidad y corrupción (CICIG). La presión diplomática coincidió con las protestas contra la corrupción gubernamental que llevaron a la renuncia de Pérez Molina y a su arresto por cargos de corrupción y evasión fiscal.
Las protestas y la presión diplomática de Estados Unidos también resultaron en que Pérez Molina extendiera el mandato a la CICIG. Después de 2015, esa extensión se tradujo en el enjuiciamiento de varios políticos y líderes empresariales, así como en el arresto del hijo y el hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
Por otra parte, Guatemala siguió el ejemplo de Estados Unidos, abriendo su embajada en Jerusalén, dos días después que lo hiciera Washington. Se enfrentó a fuertes críticas por hacer lo mismo. El esfuerzo de cabildeo del gobierno de Morales de repente comenzó a dar sus frutos. La comunicación entre la administración de Morales y la Casa Blanca se reestableció y las expresiones de apoyo de Estados Unidos a las investigaciones anticorrupción en Guatemala disminuyeron, junto con su apoyo explícito a la CICIG. En agosto de 2018, Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, lo que significaba que sus integrantes tendrían que abandonar el país al finalizar su mandato en septiembre de 2019.
Además, Trump redujo la ayuda a Guatemala y amenazó con aranceles y remesas debido a la incapacidad de Guatemala para controlar el flujo de migrantes. Finalmente, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala anunciaron que habían alcanzado el equivalente de un acuerdo conocido como “tercer país seguro”. El acuerdo requiere que los solicitantes de asilo que se dirigen al norte a través de Guatemala, soliciten refugio en dicho país.
El acuerdo ha sido objeto de fuertes críticas en ambos países. Guatemala está lejos de ser una zona “segura” y está lejos de ser capaz de gestionar los flujos migratorios. Según las cifras de 2017 del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dicho país concedió asilo a unos 2,954 guatemaltecos, equivalente al 11.1% del total general; cifra superior a las reportadas por cualquier otro país de procedencia, excepto China (5,548 o 20.9%) y El Salvador (3,471 o 13.1%).
El hecho de que los guatemaltecos sean uno de los grupos más grandes que buscan asilo en los Estados Unidos sugiere que Guatemala no es país seguro, ni está preparada para recibir refugiados. Por ello, la Administración Trump enviaría US$47 millones para ayudar a construir su sistema de asilo.
El candidato elegido para suceder a Morales, Alejandro Giammattei, criticó el acuerdo de “tercer país seguro” y busca introducirle cambios. Asumirá el cargo el 14 de enero próximo. Y si bien cuestiona la “repugnante” corrupción de Guatemala, también hizo campaña en contra de la CICIG.
Y recordemos que estuvo 10 meses preso en 2010, aunque sobreseído de cargos por responsabilidad de la muerte de siete reclusos, cuando dirigió el sistema penitenciario.
Exministro de Economía.