Para reforzar los programas de seguridad contemplados en el Plan Control Territorial los diputados aprobaron este jueves reasignar $3.2 millones para el Ministerio de Seguridad con el fin de llevar a cabo proyecto de prevención y atender a las víctimas de la delincuencia y a fomentar la equidad de género, según el decreto avalado en el pleno.
Del total, $2.7 millones son para varias obras a ejecutarse en varios municipios, entre ellos, la renovación integral del parque San José y construcción del SkyPark en San Salvador, el cual será ejecutado por la alcaldía de San Salvador, a un costo de $704,040.
También se detalla la construcción de un centro de convenciones familiar en Valle de Jesús en San Fernando, Chalatenango a un monto de $134,604; el mejoramiento de una cancha de fútbol en el barrio San Antonio en el municipio de San Ildefonso, en San Vicente a un costo de $349,263.
El mejoramiento del parque acuático de Altos de la Cueva, en San Miguel a un monto de $100,000 que será ejecutado por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), entre otros.
Del resto del dinero $500,000 se destinarán para atender a víctimas de la delincuencia y para programas de equidad de género.
Comprometidos con la seguridad, diputados transfieren recursos para rehabilitar espacios públicos
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— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) October 31, 2019
El Plan Control Territorial fue puesto en marcha en junio y su ejecución esta considerada para tres años.
La primera fase comenzó el 20 de junio pasado con la intervención de más de mil policías y tres mil soldados en las zonas comerciales y centros históricos de 12 municipios con el fin de golpear las finanzas de las pandillas que provienen de las extorsiones y la venta de drogas. Semanas después, el plan se extendió a otros cinco municipios.
El 2 de julio fue anunciado el inicio de la segunda fase.
Cuatro componentes del plan en general
Los componentes del referido plan están sustentados en el combate frontal del crimen con el propósito de recuperar espacios para niños y jóvenes.
Se proyecta mejorar la dotación de los servicios básicos en las comunidades que se encuentran en condiciones precarias.
La construcción, reparación y el equipamiento de infraestructura social es otro componente, el cual contempla la formación de capacidades para el desarrollo personal y profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Al final de la ejecución del plan, el Gobierno espera hacer una recuperación territorial de las zonas urbanas y rurales con alta influencia de pandilleros, reducir la expansión de esos grupos criminales, disminuir los factores de riesgos de la delincuencia y de violencia social.
Además, espera que la juventud disponga de espacios públicos de tejido social, y “que los jóvenes sean capacitados con herramientas técnicas y conceptuales con oportunidades de poder acceder al mercado laboral”.
El Gobierno también espera disminuir los índices de migración forzada y los delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Además, pretende mejorar el gasto público en las áreas de desarrollo social y seguridad ciudadana.
Otras de las pretensiones que conlleva el referido plan es que existan mejores controles en los centros penales para frenar las órdenes criminales hacia el exterior y que la población reclusa tenga mejores condiciones en los mismos.
Decreto de reorientación de