La Audiencia Nacional de España ha dado un paso más ante el juicio en el que sentará en el banquillo al excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su participación en el asesinato de cinco jesuitas españoles hace 30 años en El Salvador.
El tribunal desestimó los artículos de previo pronunciamiento (equivalente a las cuestiones previas) planteados por Montano y el otro acusado, René Yusshy, con los que argumentaban que el caso no podía ser juzgado, de acuerdo a documentos a los que EFE tuvo acceso.
La masacre ocurrió en noviembre de 1989, cuando un escuadrón del batallón Atlácatl irrumpió en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Las víctimas fueron el entonces rector, Ignacio Ellacuría, los también jesuitas Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, el sacerdote salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinadas Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth, ambas salvadoreñas.
La masacre supuso un escándalo internacional, por la que serán juzgados Inocencio Montano, el primer exmilitar salvadoreño que responderá ante la Justicia española y René Yusshy Mendoza, quien fuera teniente del ejército de la República de El Salvador y miembro del batallón Atlácatl.
La Fiscalía pide 150 años para el primero, acusado de cinco asesinatos terroristas. Para Yussy, solicita cinco años al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.
La defensa de Montano ha buscado tumbar el procedimiento al alegar, entre otras cuestiones, la prescripción del delito y que los hechos ya fueron juzgados en El Salvador en los 90.
Pero la Audiencia Nacional ha rechazado todos los argumentos, basándose en un auto del Supremo que en 2015 reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar la masacre a tenor de la nacionalidad española de cinco víctimas.
El Supremo no dio ni “eficacia ni validez” a la ley de Amnistía promulgada por la Asamblea Legislativa de El Salvador.
El excoronel también alegó que el caso ya fue juzgado en su país, pero alto tribunal español dejó claro que existían indicios de que el proceso penal de El Salvador “no garantizó el castigo y persecución efectiva de los responsables”.
“Existen en efecto indicios serios y razonables de que el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados sino, más bien, su sustracción a la Justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad”, dijo el Supremo.
Respecto a la prescripción de los delitos alegada por Montano, insiste la Audiencia en que “la única legislación aplicable al caso es la española” y no la salvadoreña y, por tanto, en España los delitos no han prescrito.
En El Salvador, el rector de la UCA, Andreu Oliva, ha pedido la reapertura del caso.