“¿Cómo garantizamos el derecho de las víctimas futuras a no ser víctimas?”, expuso el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana de Colombia y doctor en Estudios de Paz, Carlos Herrera, durante una visita a El Salvador donde abordó el tema de la justicia transicional.
Herrera, quien ha trabajado el tema a fondo al igual que su compañero, Juan Felipe García, profesor asociado la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriena y doctor en antropología, expuso sobre los retos que enfrenta El Salvador, como Estado y sociedad, al entrar a un proceso de justicia transicional.
La necesidad de que las víctimas estén dentro del centro de la atención de los problemas y de cualquier proceso de justicia transicional es algo en lo que se enfocaron ambos académicos. Más allá de las penas que se implementarán, los especialistas señalan la necesidad de un pacto a nivel macro de toda la sociedad, en la que se acepte que el uso de la violencia estuvo mal y que no se permitirá que vuelva a ocurrir.
¿Cómo observa la situación actual de El Salvador en cuanto al tema de justicia transicional?
Herrera: En el proceso de paz hubo una ley de amnistía, un informe de la comisión de la verdad otra ley de amnistía con otras características y esa ley que fue declarada inconstitucional hace casi tres años. La Corte ha dado un plazo a la Asamblea Legislativa para que legisle sobre ese tema, debe ser visto como una nueva oportunidad del país de discutir los temas de fondo que se abordaron durante el proceso de paz.
La clave es que este país entienda que esa oportunidad es una oportunidad de lograr un acuerdo político lo más amplio posible sobre cuál debe ser el futuro de El Salvador, en relación con los temas de la violencia en la política, cómo erradicarla, cómo garantizar que no haya víctimas, cómo garantizar que las víctimas que ya hubo sean tomadas en cuenta y debidamente reparadas. Es lo fundamental, que esta crisis se vea como una oportunidad y se plantee que esto en dos meses no se resuelve y que habría que empezar a dialogar ente todos los sectores.
¿Qué opina sobre lo planteado en el borrador de ley de Reconciliación y lo que piden las organizaciones que trabajan con las víctimas?
Herrera: Muchas de esas cosas son aceptables y buenas, muchas son insuficientes. Personalmente creo que no se debe comenzar a discutir el asunto por cuáles son las medidas específicas que se van a tomar en última instancia, sino que debe ser fruto de un acuerdo lo más amplio posible para que no parezca que se aprovecha la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley y el mandato de legislar sobre el tema, para que no parezca una cuestión improvisada en la que se van a lavar las penas, sino que se aproveche para discutir cuál es el futuro del país, qué hay que hacer con la violencia en la política, cómo deben pagar las personas que cometieron esos crímenes, cómo reconocer y reparar a las víctimas, por consiguiente cómo se debe garantizar que las cosas no se repitan. Que si están bien planteadas las penas alternativas, eso debe ser la conclusión del debate y no su punto de partido.
García: Lo básico a entender de esto que llamamos justicia transicional es que son demandas básicas de la sociedad, son demandas sociales, la demanda de hacer justicia, la demanda de la persona que tuvo un daño a raíz de un hecho delictivo, además de ser hechos delictivos tan duros, tan difíciles que destruyeron los tejidos sociales. Cómo esas personas pueden recuperar sus proyectos de vida, ahí tiene que ver el tema de las reparaciones, reparaciones de tipo material, recuperaciones en el tema afectivo, la reparación de tipo psicosocial, reparaciones simbólicas, que el nombre de la víctima quede en alto. Todas estas son demandas básicas de la sociedad, el derecho a la verdad, a conocer qué fue lo que pasó.
Todo estos son elementos, sentimientos básicos del ser humano en escenarios de conflicto. La justicia transicional desde la perspectiva que nosotros la analizamos es una justicia transicional desde la antropología, son demandas básicas de los seres humanos que mecanismos institucionales del estado habían dejado desconocido. Es muy importante resaltar lo que el profesor nos está diciendo sobre el punto de llegada, cuál es la fórmula para lidiar con esa demanda social. ese no puede ser el punto de partida, ese el punto de llegada bajo un consenso social de que toda la sociedad se sumen a construir un macroconsenso entorno a esa cuestión.
¿Se podría hablar de una tarea principal? ¿Cuál debería ser la tarea principal de la sociedad y del Estado?
Herrera: La principal tarea es que se haga lo más amplia, sólida, democrática discusión sobre estos problemas de fondo, que es lo que nos va a responder cómo debe el país en el futuro. ¿Qué quiere decir? Un El Salvador con una democracia más sólida y profunda. ¿Que los diálogos son difíciles? Sí. ¿Qué hay muchos de los sectores que deben dialogar que acostumbran no hacerlo? También. Esos diálogos muy improbables tienen que hacerlo, tienen que dialogar los partidos políticos, tienen que dialogar las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, las universidades, los grupos derechos, todas las fuerzas vivas deben empezar a discutir para ver si se ponen de acuerdo en el rumbo del país, a propósito de estos temas.
García: En el contexto de El Salvador, en el contexto específico la cuestión que abre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), da una orden al congreso de regular sobre mecanismos judiciales. Pareciera ser que esa es la prioridad o que esa es la orden que da la sentencia, pero todo lo que nosotros consideramos es que para llegar a una fórmula de esos mecanismos judiciales tiene que tener una comprensión amplia de las demandas de la sociedad y por eso la sociedad tiene que estar en esa discusión. Si el Estado representado en su Asamblea Legislativa llega a una fórmula, pero esa fórmula no está respaldada por macroconsenso social es muy probable que esa fórmula se vuelva a romper, se vuelva a renegociar porque no tiene la legitimidad que pueda dar un macroconsenso en la sociedad. Hay que entender la justicia también de una manera amplia y es absolutamente problemático si seguimos pensando la justicia de una manera muy clásica en términos retributivos de venganza, circunscribiendo las penas a una forma de pena y de sanción. Creemos que estos son momento en que la sociedad se tiene que imaginar qué es verdadera justicia, qué grados de verdad quiere acceder, qué tan ligado está la justicia a la verdad.
¿Qué implica la verdadera reparación?
García: En el tema de reparación hay dos elementos fundamentales. El primero es que las víctimas tienen que participar en los programas de reparación porque la víctima es la que reconoce su realidad, su daño, cómo la guerra lo afectó. Y por regla general, este es el segundo elemento, es ser muy conscientes del daño que le produjo al proyecto de vida de los grupos afectados por la guerra, bien sea a nivel individual o colectivo. Entonces para generar los programas de reparación es fundamental conocer qué era lo que ese grupo humano que estaba en la guerra, cómo vivía, como eran sus relaciones y cómo la guerra paró ese proyecto de vida, para diseñar reparaciones que busquen reconstruir el proyecto de vida siempre teniendo en el centro a la víctima.
Se hace hincapié en que las víctimas deben estar en el centro, ¿cuál es la importancia de esta filosofía tanto para el pasado, presente y futuro?
García: Un crimen, y crímenes además que se consideran contra la humanidad, que es lo que buscan es vencer o eliminar a otros actores, eso crea una ruptura profunda de los tejidos de los grupos humanos. Las víctimas lo que pierden es el horizonte del mundo, la confianza en el otro, la confianza en cualquier persona. Lo que se quiebra con este tipo de crímenes es el lazo de la sociedad, la confianza. Si usted no hace algo con eso, lo que crea profundamente es un sentido de desconfianza generalizada, ese resentimiento que queda es una fuerza social y se puede ir para muchas partes. Una sociedad necesita darle lugar a esa fuerza y restaurar las confianzas en la sociedad. La teoría antropológica lo que dice es que, si una sociedad como colectivo se une en esa suerte de duelo colectivo, por más horrendo que hayan sido los crímenes, ese colectivo vuelve a fortalecer eso que había sido roto.
En estos procesos, ¿cuál debe ser el papel del Ejecutivo, de la presidencia?
Herrera: Los gobiernos deberían ponerse al servicio de estos procesos de búsqueda de la unidad, en torno al tratamiento de estos crímenes, de su justicia, de las víctimas, de la verdad, de la reparación, no repetición. Cuando hay un gobierno con voluntad política de hacerlo, suele ser un gobierno que es capaz de gobernar la transición, por decirlo de una manera, en un destino positivo para el país. Cuando los gobiernos no lo hacen van en un sentido contrario a las necesidades del país. La esperanza siempre es que los gobiernos jueguen ese papel positivo.
García: Volvería al tema de que hay una muerte, hay un dolor en el grupo humano, y una de las cosas que hacemos es ir al entierro, vamos y acompañamos. Ese es el papel que deberían tener todos los poderes públicos de un Estado. Acompañar, acompañar. Hay unos riesgos, la experiencia que uno ha analizado, hay un riesgo de que eso tenga un uso político. Yo queriendo mandar un mensaje político a la sociedad, a un entierro no voy y a otro sí voy. Eso se le llama una justicia transicional unidireccional, que hay unos muertos, unas víctimas que sí importan, pero otras que no. Es un riesgo constante en estos procesos. Creo que la forma de sanar eso es un duelo público, de manera multidireccional. Todos los muertos de las guerras nos importan. Vamos a saber la verdad de todos los muertos, vamos a tener que abrirnos a los horrores, porque esa fue nuestra realidad, pero si podemos hacer una multidireccionalidad, abre un mensaje político hacia el futuro, una frontera ética fundamental de que todos podemos existir, todos podemos hacer entierros, nos vamos a acompañar en ese rito colectivo.