El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, acusó este miércoles a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas de polarizar a la sociedad a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente que durante 12 años contribuyó a la lucha anticorrupción.
“Dicha Comisión vulneró los principios de soberanía nacional, no respetó las leyes de nuestro país, socavó la autonomía, puso en riesgo la paz social y desafío la gobernabilidad de la región”, proclamó durante la Asamblea General de la ONU.
Durante 12 años, la CICIG y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de “alto impacto”, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.
En un discurso en el que presumió de la transparencia, el presidente guatemalteco dijo que la prioridad de su país es “mantener la paz, la seguridad, la soberanía y el respeto al Estado de derecho” y acusó a la secretaría general de la ONU de vulnerar los “principios democráticos de autodeterminación”.
Pese a presumir la transparencia, sobre diversos actos de Morales y sus funcionarios pesa una sombra de opacidad.
Morales advirtió que aunque la CICIG concluyó su misión el pasado 3 de septiembre las “consecuencias” de sus actos deben ser investigadas “a fondo”.
Y esto porque a su juicio, bajo el mandato del abogado colombiano Iván Velásquez, la CICIG utilizó la imagen de Naciones Unidas con “fines políticos en Guatemala” y el comisionado convirtió la persecución penal en una herramienta de “persecución selectiva” y “acoso político”.
En este sentido, denunció a los miembros de la Asamblea de la ONU que la Comisión irrespetó el principio de presunción de inocencia, el derecho de la legítima defensa y la garantía judicial del debido proceso sin que nadie supervisara su trabajo y no se atendieran las quejas que Guatemala presentó.
Morales dijo que la CICIG abusó de la prisión preventiva provocando la muerte de varias personas, aunque son los jueces los que dictan la medida, y acusó a la entidad de ser una “estructura criminal que cooptó la justicia guatemalteca” con funcionarios internacionales que se dedicaron a desprestigiar a Guatemala ante la comunidad internacional.