Una vivienda, un rancho de playa y cinco vehículos fueron decomisados por la Fiscalía General de la República al exfiscal general, Luis Martínez; al exgerente general, Mauricio Antonio Yanes Morales, y al exgerente de Recursos Humanos, José Dolores Zelaya Mendoza.
Los tres exfuncionarios están en prisión y son procesados, junto con otra treintena de personas, por delitos de corrupción en el caso conocido como “Corruptela”.
Las investigaciones señalan que, entre 2012 y 2015, Martínez encabezó una supuesta red de corrupción que operaba dentro de la institución y que habría favorecido a funcionarios y personas particulares a cambio de dinero y dádivas. Algunos de los beneficiados serían el expresidente de la República, Mauricio Funes, y el empresario Enrique Rais. Ambos están prófugos.
Este martes, fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio confiscaron una vivienda situada en el complejo residencial Las Cascadas, en el cantón Los Palones, de Panchimalco, al sur de San Salvador. Las fuentes informaron que dicha propiedad pertenece a Zelaya Mendoza.
Mientras que en Acajutla, Sonsonate, se incautó un rancho de playa y tres vehículos que son propiedad de Yanes Morales. A Martínez se le decomisó dos carros en la residencial Montelena, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
El Ministerio Público sostiene que estos bienes habrían sido obtenidos por los imputados de forma ilícita, por lo que la institución pretende que el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio se los despoje para que luego sean transferidos a favor del Estado.
“Este inmueble es parte de una ampliación de bienes en el caso donde se vincula al exfiscal Luis Martínez. Se había hecho la inclusión de unos bienes y estos otros (los decomisados ayer) se han incluido en la solicitud de extinción de dominio que se presentó el mes pasado en el Juzgado de Extinción de Dominio”, explicó un fiscal que participó en el procedimiento realizado en Panchimalco.
Martínez despojado de seis casas
En noviembre pasado, las autoridades le decomisaron al exfiscal general seis propiedades que habrían sido adquiridas con fondos de origen ilícito y fueron puestas a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
Los inmuebles son: una vivienda en residencial Joyas de las Piletas, en Santa Tecla; una casa de campo en Comasagua, y otra en la residencial Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, los tres son municipios de La Libertad. Otra casa está en el barrio San Miguelito, de San Salvador, y hay dos más en Santa Ana.
Por este caso, Martínez fue acusado de 15 delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado (apropiación de fondos públicos), cohecho propio (soborno), negociaciones ilícitas y omisión de la investigación. Su esposa, Carla García Rossi de Martínez, también es procesada pero en libertad, para ello debió pagar una fianza de $100,000 y debe presentarse cada ocho días al Juzgado.