El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue cancelado por orden del presidente Donald Trump en enero de 2018. Bajo este programa, 195,000 salvadoreños se han mantenido protegidos de la deportación, con la posibilidad de trabajar y aportar a sus comunidades en Estados Unidos. Gracias al trabajo de organizaciones de tepesianos, tanto de El Salvador como de otros países afectados, se ha logrado elevar el tema a escala nacional e internacional, llevarlo ante el Congreso e impulsar demandas.
Una de estas, la demanda conocida como Ramos vs Nielsen, fue la que logró dos prórrogas para el programa, extendiendo la protección a beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La última prórroga ha sido concedida hasta el 2 de enero de 2020. Lo que ocurrirá después de esta fecha es incierto. Al mismo tiempo, hay posibilidades de que, durante las próximas semanas, la Corte del Noveno Circuito del norte de California pueda fallar a favor del gobierno de los Estados Unidos.
La demanda Ramos vs Nielsen fue interpuesta por la salvadoreña Crista Ramos, una adolescente de 15 años, ciudadana estadounidense, cuya madre es una de las beneficiadas con el TPS. Esta demanda plantea que el TPS fue suspendido con argumentos racistas. La Corte podría resolver esta demanda la primera semana de octubre. Del resultado depende el futuro de miles de salvadoreños y de sus familias en El Salvador.
La incertidumbre de cuál podría ser la decisión de los jueces, sumada a la continua vulnerabilidad debido a la falta de una solución permanente para las personas con TPS inquieta a Nelson Rivas. Este salvadoreño es uno de los activistas proinmigrantes que ha dado apoyo a salvadoreños tanto en Estados Unidos, donde reside, como en El Salvador.
Pero este año ha sido diferente, pues ahora está entre quienes necesitan ayuda y apoyo. Su permanencia en Estados Unidos y la posibilidad de seguir ayudando a su familia y a otros inmigrantes dependen de lo que resuelva la Corte del Noveno Circuito del norte de California.
Recientemente, Rivas visitó El Salvador y le entristeció ver las necesidades que siguen prevalentes junto a la posibilidad de que él ya no sea capaz de seguir ayudando a quienes le pidan su apoyo. En su adolescencia él conoció las consecuencias de la falta de oportunidades, de no tener qué comer. A los 16 años salió de El Salvador en busca de algo más. Pasó seis años en México y luego entró a los Estados Unidos en 1996. Recuerda que sufrió mucho en el camino, pero recordaba el hambre que padecía en El Salvador.
Los siguientes años los dedicó a trabajar y a aprender el oficio de conducir furgones, hasta que se dio cuenta que podría montar su propio negocio. Ahorró mucho y puso en práctica todo lo aprendido para cumplir su sueño.
Actualmente tiene una compañía que renta vehículos. Aunque él dice que su negocio aún es pequeño en comparación con las empresas que han logrado montar otros compañeros salvadoreños con TPS.
Durante las últimas semanas a la incertidumbre por el futuro del programa se han sumado dos graves problemas, la falta de permisos de empleo y de licencias de manejo. Aunque las personas con TPS tienen derecho a la renovación de ambos permisos, los documentos emitidos del TPS tienen como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2019, aunque sigue vigente hasta enero del próximo año. Esto ha provocado una ola de confusiones, ha implicado que muchas personas pierdan sus trabajos y que les nieguen la renovación de su licencia de conducir.
La oficina especial Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (IER, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha documentado decenas de casos durante el año fiscal 2018 y 2019 en los que ha tenido que intervenir porque una persona con TPS ha sido despedida o enfrentaba amenazas de despido debido a la fecha de vencimiento que aparece en su documento. La mayoría de casos ha sido de salvadoreños afectados.
Yanira Arias, gerente de campañas nacionales de Alianza Américas y beneficiaria del TPS, explica que las situaciones de acoso y despido injusto ya han comenzado debido a que las personas con TPS no han podido presentar documentos que tengan la fecha 2 de enero de 2020.
Además, las oficinas en las diferentes ciudades del departamento de vehículos no han sido informadas sobre el TPS. Realizar este tipo de procedimientos implica perder horas o un día completo de trabajo, con el riesgo de que al solicitante le nieguen la licencia.
Aunque el departamento de Seguridad Doméstica ha extendido el TPS, no ha mandado nuevas tarjetas. Solo ha instruido en su página web que se vea la actualización correspondiente al caso Ramos, que cada quien lo imprima y lo muestre a su empleador o el departamento de vehículos.
Pero es un documento sin mi nombre, foto y dirección, que son los asuntos básicos que en cualquier institución federal le pueden a pedir, señala Arias.
“La situación es complicada no solo porque hay falta de información de parte del Departamento de Seguridad Doméstica, pero debería haber una coordinación entre departamentos para que alivie la confusión que existe”, dice Arias.
Señala que ya ha habido problemas de notarios y personas inescrupulosas que cobran cientos de dólares por una indagación que es gratuita o por imprimir ese documento.
“No hemos llegado a la cancelación, pero sí hemos visto impacto económico, impacto emocional. Lo viven día a día, le negaron la licencia de conducir. ¿Cómo va a trabajar, cómo va a ir a dejar los hijos? Todo es el impacto que está dejando está falta de estabilidad”, explica.
En una reciente visita al Congreso de los Estados Unidos, Arias cuenta que expusieron que cada día que pasa hay personas que sufren los efectos del limbo legal.
Nelson es uno de los afectados. Ante los problemas para renovar la licencia de conducir para él y muchos compatriotas, puso a disposición su tiempo y vehículos para ir en grupo a Austin, en Texas donde vive, y demandar una solución al problema.
Desde entonces siguen reuniéndose para ver de qué forma pueden ayudarse entre todos.
Una súplica al presidente de El Salvador
Organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes y que se han dedicado a defender el derecho de las personas con TPS a quedarse en los Estados Unidos, han cuestionado el papel de los gobiernos de los países de origen de los tepesianos. El silencio y la impasividad ha sido la tendencia.
Arias, quien en el año 2000 se vio obligada a salir de El Salvador debido a la violencia de género, hace un llamado a la visibilidad del tema. “Lo que estamos pasando las personas con TPS eleva la situación a un estado de emergencia, esperaría una respuesta a esa altura”.
La angustia y las ganas de llorar consumen a Nelson al pensar en lo que puede pasar en las próximas semanas. En tener que perder todo lo que ha construido con sus propias manos y ya no poder seguir ayudando a toda su familia. Para él la situación está tan dura que ya contempla comenzar a vender las herramientas de su trabajo. Al perder los permisos de trabajo, ya no podrá sostener su negocio.
Lamenta que por años ha contribuido con su trabajo y con el pago de impuestos a Estados Unidos, pero que su labor ya no sea reconocida. También señala que ha contribuido al país enviando remesas. Préstamos, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, le han sido negados. No sólo teme perder la fuente de su trabajo, sino también su casa..
Pero Nelson tiene sus esperanzas puestas en El Salvador, particularmente en el presidente Nayib Bukele. Cuenta que para las elecciones hasta ayudó a con transporte en Houston para quienes quisieran votar por él.
“El presidente ha hecho cosas por el presidente Trump, puso el ejército en la frontera, ya hay buenas relaciones con Estados Unidos, ahora que venga y abogue por nosotros”.
Nelson teme que el sufrimiento apenas comience. “De corazón le pido al presidente Bukele que venga a hablar con el presidente de Estados Unidos. Que no nos deje solos, porque si nos deja solos el país va a sufrir mucho. Somos tantos salvadoreños con TPS, le pido de corazón que venga el presidente Nayib Bukele, en este momento es cuando más lo necesitamos”.
El viernes por la tarde, en una conferencia en conjunto con Kevin McAleenan, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, habló sobre la importancia de la población con TPS, pero no detalló cuáles son las medidas en concreto que se están tomando para garantizar su protección.
