La militarización se refiere al uso de armamento propio del ámbito militar en otras áreas del quehacer nacional; utilizar estrategias de control castrense, inculcar valores, perspectivas e ideales militares, jerarquía, disciplina y estructuras de mando, entrenamiento militar, uso de armas, logística, movilización y transporte, importancia del secreto.
Es un proceso mediante el cual el estamento militar participa e incide en una sociedad determinada. En lo político se concreta con la asunción por parte de militares a las responsabilidades políticas. Estas son razones de la no existencia de militarización, no se plasma con la sola presencia de miembros de las Fuerzas Armadas.
Hay diversas opiniones de militarización, como la potencialización de las fuerzas armadas, utilización de las mismas en tareas no tradicionales como el desarrollo, el uso de las fuerzas armadas para el combate de amenazas internas, de carácter no militar, o realizar misiones que le competen a la policía, como combatir el crimen organizado y la existencia de facto de un gobierno militar.
En la actualidad experimentamos situaciones especiales, en las que inevitablemente se tiene que considerar la participación de la Fuerza Armada en funciones de seguridad. El aumento de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, pandillas y el temor de la población, están en el top de la agenda pública. La percepción de ineficiencia y la realidad del control de los territorios por la criminalidad, sumados a la corrupción policial y del sistema de justicia, son, entre otras, algunas de las principales razones para recurrir a los militares en apoyo de esas funciones.
El aumento de los delitos violentos, proliferación de armas de grueso y pequeño calibre, la exigencia ciudadana de respuestas efectivas y la confianza de la población en los militares en consideración de efectividad en el control de estos problemas, son excepcionalidades que debemos aceptar pero que no se deben tomar como militarización.
Debemos saber debatir el tema en el ambiente en que cada país se encuentra y en este caso nuestro país está en procesos de consolidación democrática aun incipientes y se requiere fortalecer las políticas públicas de seguridad.
Es evidente que cualquier gobierno democrático siente la responsabilidad de ser eficiente frente a la criminalidad, saben que las soluciones son de largo plazo pero los ciclos electorales son de cinco años y no quieren asumir costos de corto plazo, con reformas cuyos frutos no se verán enseguida, por lo que vemos medidas y acciones simbólicas , instalando una lógica perversa donde las políticas responden a la ansiedad pública en el menor tiempo posible, impactando negativamente en la calidad para enfrentar la criminalidad.
Con el fin de la Guerra Fría, las funciones históricas cambiaron. Con los atentados del 11S se perfiló una amenaza a la región y a las naciones, experimentando un modelo antiterrorista, situación especial donde se debe considerar inevitablemente la presencia militar. El crimen organizado se convierte en amenaza de la seguridad nacional, lo que vuelve necesaria esa fusión con la comunidad de inteligencia, agencias policiales y las fuerzas armadas. . La inseguridad para la población que tiene que convivir con las pandillas y bajo sus reglas, es un tema no solo principal, sino el de mayor prioridad.
La lógica de la eficiencia y la disponibilidad hacen una práctica inevitable la participación institucional de las fuerzas armadas en políticas públicas de seguridad; así lo demanda la realidad actual, existiendo una tensión política estructural aunque puedan existir limitaciones.
Esto último presenta el reconocimiento y justifica la excepcionalidad por la cual los militares son llamados a participar en el combate contra la delincuencia, ya que la institucionalidad falló en dar respuesta a esta crisis.
Los reclamos de enfermizos antimilitarismos, temerarios justicieros que buscan excluir del componente militar en la violencia, deben perder relevancia en el contexto actual marcado por la urgencia de proliferación de armas de pequeño calibre, el mercado negro de las armas, la percepción de ineficiencia de la policía y el sector justicia, así como la exigencia ciudadana de respuestas efectivas. La criminalidad, especialmente aquella de carácter organizado y global, requiere respuestas complejas y súper coordinadas por los estados nacionales.
Diputado