El Juzgado de Paz B, del municipio de Apopa, resolvió que un cabo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sean procesados por el delito de tortura infligida a Enero, nombre clave de un joven residente en ese mismo municipio.
Los mismos policías fueron capturados a mediados de abril anterior y luego acusados de intento homicidio agravado en grado de tentativa (intento de homicidio) en la misma víctima, por lo cual están siendo procesados en el juzgado de instrucción de esa misma localidad.
Los cuatro imputados ya guardaban prisión preventiva por el intento de homicidio en el centro penal de Metapán, Santa Ana, de donde el lunes anterior se fugó el cabo, aunque fue recapturado horas después, según informaron autoridades policiales.
Sin embargo, a la audiencia de ayer solo asistieron los tres agentes policiales, no así el cabo, quien no pudo ser trasladado, según explicó un empleado judicial.
La diligencia judicial fue rápida. El juzgado no tardó más de una hora en determinar que los cuatro acusados deberían ser procesados solo por el delito de tortura.
La Fiscalía General de la República los acusaba por dos delitos: tortura y privación de libertad. El juzgado decidió que éste último fuera subsumido en el delito de tortura, es decir, considerado como parte de éste.
El hecho que les imputan
Aquella tarde del 8 de marzo, Enero, de 20 años, caminaba por la calle principal del caserío Los Renderos, cantón San Nicolás, del municipio de Apopa, hacia la casa de su novia, cuando fue interceptado por cuatro policías quienes le ordenaron que se hincara y que se identificara.
Al ver que no vivía en el lugar sino en una colonia vecina, comenzaron a cuestionarlo a tal punto de golpearlo y pedirle que les dijera donde los pandilleros locales tenían las armas.
Posteriormente lo subieron a un auto policial, lo introdujeron a un cañal donde uno de los policías le colocó una cinta de sus zapatos en el cuello y comenzó a asfixiarlo. Enero se desmayó y el policía lo creyó muerto. Acto seguido, le prendió fuego al cañal y se retiró.
Los policías no se retiraron del lugar y se sorprendieron cuando, al poco rato, vieron caminar por la misma calle principal del caserío Los Renderos, a un hombre con la piel hecha jirones por el fuego.
Enero paso a lado de los policías y no les dijo nada. Ellos también callaron. Pero para entonces ya no eran cuatro sino seis. Algunos solo atinaron a cubrirse el rostro con los gorros navarone.
Unos lugareños pidieron a los policías que auxiliaran al joven. Dos de ellos lo hicieron, lo subieron al auto policial pero en vez de llevarlo rápido a que le dieran atención médica, lo anduvieron “paseando” por calles de Apopa, tardando 45 minutos en llegar a la clínica de la Cruz Roja de Apopa, un trayecto que pudieron cubrir en menos de cinco minutos.
De ahí fue trasladado al hospital Rosales, donde pudo contar todo lo sucedido a sus familiares quienes denunciaron a los policías. Al cabo de unas semanas, cuando Enero se había recuperado, la Unidad de Asuntos Internos lo entrevistó y tras corroborar la denuncia, la Fiscalía pidió la detención de los tres agentes policiales y el cabo.
El crimen que se les imputa a los policías ha trascendido hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió al Estado salvadoreño que protegiera a la víctima y a su familia.