En mayo de 2019 los partidos políticos suscribieron la “Agenda interpartidaria para la Nación”. Se trata del resultado final del “diálogo político para la generación de acuerdos de Nación en El Salvador” que las fuerzas políticas iniciaron en junio de 2018 bajo el auspicio de la ONU.
Previamente, entre 2016 y 2018, con el respaldo del Secretariado General, a través de su Departamento de Asuntos Políticos, se constituyó la Oficina de las Naciones Unidas para la Facilitación del Diálogo en El Salvador y se designó a un Enviado Especial, el Embajador Benito Andión. Su misión fue la de evaluar el entorno político e identificar la disposición de los actores, públicos y privados, para la construcción de un proceso de diálogo sobre temas relevantes vinculados al sistema político, al progreso social y a la reactivación económica.
En la primera etapa el enviado especial convocó a académicos, analistas y expertos para conocer el estado de situación del país. Las valoraciones, informes y recomendaciones de este ejercicio preliminar de consulta representaron un acervo estratégico para la etapa siguiente en la que los protagonistas fueron los partidos políticos.
El Embajador Andión también llamó a destacados ciudadanos, miembros del sector privado y líderes religiosos de distintas denominaciones con el propósito de crear el Grupo de Apoyo al Diálogo Político. Estas personalidades legitimarían, desde la sociedad civil, el empuje renovador del diálogo que el expresidente Sánchez Cerén solicitó a la ONU.
El desenlace de este esfuerzo se cristalizó en un listado de 180 propuestas agrupadas en cinco grandes temas: 1. El crecimiento económico, el desarrollo social y las finanzas públicas; 2. La educación para la productividad, la tolerancia y la ciudadanía; 3. El fortalecimiento democrático; 4. La salud pública digna, integral y universal; y 5. La seguridad pública.
En cada uno de los ámbitos los firmantes adquirieron compromisos que incluían la aprobación de reformas legales o nuevas leyes y recomendaciones de políticas públicas. El inventario de áreas es extenso e incluye acuerdos en aspectos tan diversos como: la inversión pública y privada, el clima de negocios, la política comercial, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la política tributaria, la eficiencia y el control del gasto público, la calidad educativa, la formación y dignificación del docente, la búsqueda de la excelencia en la educación superior, la universalización de la escuela inclusiva de tiempo pleno, el fortalecimiento de la educación artística, la tecnología, la probidad, la justicia constitucional, la elección de funcionarios nombrados por la Asamblea Legislativa, la rectoría del Ministerio de Salud, la investigación científica de alta calidad, la efectividad y eficacia de sistema de justicia, la prevención de la violencia con enfoque de cohesión social, la atención a las víctimas de la violencia social, el combate y la represión del delito y la profesionalización del servicio público, entre otros.
Los partidos políticos, las Naciones Unidas y el Grupo de Apoyo reconocen que la época electoral en la que se desarrolló la última fase del diálogo no restó impulso a la iniciativa. Este es un mérito de quienes integraron las mesas de trabajo y de las autoridades partidarias que permitieron a sus representantes continuar con el debate no obstante la competencia electoral en la que se encontraban inmersos.
El acompañamiento de Naciones Unidas en la implementación de la agenda es indispensable para que no suceda lo que en ocasiones anteriores: una vez firmados, los pactos pasan a los escritorios de sus signatarios. Entre 1992 y 2019 han sido muchos los intentos por retomar el espíritu dialogante de los acuerdos de paz. Con excepción de las “Bases para el Plan de Nación”, elaborado por la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), en el resto de intentos, varios de ellos con propuestas de políticas públicas técnicamente bien elaboradas, ninguna oficina pública tomó la responsabilidad de su seguimiento.
La agenda interpartidaria es un instrumento técnico con un alto significado político. Siendo el producto del consenso partidario de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa, la agenda encarna el visto bueno a muchas de las promesas electorales incluidas en el plan Cuscatlán. Una lectura minuciosa de las acciones que recogen cada uno de los pilares incluidos en el documento facilitaría a los ministros la discusión de determinados proyectos de ley en las comisiones legislativas. Lo mismo aplica para varias decisiones al interior de los Órganos Judicial y Legislativo.
Con el reinstalo del Consejo Superior del Trabajo, el Gobierno muestra su interés por reanudar los espacios de diálogo. La agenda interpartidaria para la Nación es un buen guion para comenzar a debatir, en las siguientes instancias que vayan integrándose, la idea colectiva de país que nos permita revitalizar la democracia y empujar el progreso nacional.
Doctor en derecho y politólogo