Los diputados de la comisión especial de la Asamblea que estudian las reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI) acordaron ayer realizar un seminario taller este próximo lunes 16 de septiembre para continuar con su análisis.
El diputado Rodolfo Parker, del PDC, propuso también la creación de una comisión técnica formada por expertos de la academia en materia de proveeduría y adquisiciones.
“Yo me atrevo a hacer una propuesta que habrá que analizar, pero que ya habrá un foro para la próxima semana si pudiésemos pensar que las universidades mandasen cada una de ellas un delegado técnico en materia de proveeduría y adquisiciones, de manera que se forme un comité técnico con el apoyo de la academia pero con personal calificado y así se lo pudiéramos requerir a las universidades, de manera que pudieran recoger en forma técnica, buscando los propósitos sanos”, explicó Parker.
A la comisión especial asistió el viceministro de Hacienda, Óscar Anaya, quien hizo una presentación de la propuesta de reformas a la LACAP diseñadas por el Ministerio de Hacienda y también la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Derecho de las Nuevas Tecnologías (ASADETICS), Yesenia Granadillo de Tobar.
Hacienda ha planteado en total 12 modificaciones a la normativa, que pretenderían, entre algunos cambios, volver a centralizar las compras del Estado e ignorar el rol constitucional del Fiscal General en los contratos de bienes inmuebles.
Por ello, la diputada de ARENA, Margarita Escobar, quien preside la subcomisión, reiteró que la propuesta de reforma debe ser revisadas para no cometer vicios de ilegalidad o violar la Constitución.
“Las preocupaciones que tenemos es la centralización en la elaboración del catálogo electrónico por medio de la UNAC (Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública)”, dijo Escobar.
Añadió que también les preocupa “la redacción que presenta el ministerio de Hacienda en la cual excluiría al fiscal como representante en todos estos procesos, por lo tanto, es un tema constitucional”.
Y apuntó que la implementación de las posibles reformas tendrían que ser progresivas y graduales porque “no todo mundo tiene, especialmente las Mypes, la tecnología adecuada para que puedan participar en igualdad de condiciones”.