Tras 33 meses en prisión, el 19 de agosto del 2019, Evelyn Hernández, una joven de tan solo 21 años, recuperó su libertad tras revertirse en juicio su condena de 30 años de prisión producto de haber dado a luz un feto muerto. Su injusta condena fue revertida y, en mi opinión, Evelyn tiene derecho a ser indemnizada por el Estado de El Salvador por los daños y perjuicios sufridos en su valiosa vida.
Evelyn es víctima en una variedad de dimensiones:
i) societaria, consecuencia del bloqueo sistemático y perpetuo a los programas de educación sexual que le hubieran permitido entender que estaba embarazada, pues la señorita Hernández no sabía qué estaba pasando en su cuerpo. Vale la pena preguntarse qué habría sido diferente en la vida de Evelyn si en el año 2000 la campaña sobre educación sexual impulsada por el ministro de Salud, Dr. José Francisco López Beltrán, se hubiera llevado a cabo;
ii) legal, por la falta de regulación de causales de interrupción de embarazos, en un país donde abunda la injusticia y reina la desesperación;
iii) un sistema patriarcal de justicia que no tiene enfoque de género, reproduce estereotipos anticuados y que evidencia una falta de empatía absoluta hacia una joven de 18 años a la cual el Estado Salvadoreño le falló en brindarle educación sexual, para comprender los cambios de su cuerpo, y oportunidades para su desarrollo económico y social. Lejos de entenderla, el Estado la condenó a 30 años de prisión, como cereza de este pastel de injusticias.
Así como Evelyn, hay otras mujeres, de escasos recursos, que están en una situación similar a la que ella pasó, tal y como reporta la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, donde las pérdidas espontáneas son señaladas como homicidios agravados (con prisión de hasta 50 años), un castigo que ni siquiera al “descuartizador de la San Francisco” le imponen, pues a ese hombre que despedazó a un ser humano le condenaron por un homicidio simple (un prevaricato “in the air”), por poco y dicen que fue un accidente. Mientras quienes la señalan, desde su comodidad, deben preguntarse alrededor de su círculo privilegiado tres cosas:
1. ¿Conocen alguien que haya tenido una pérdida espontánea?
2. ¿Conocen si se atendió en un consultorío privado y se hizo un legrado?
3. ¿Cuántas de esas mujeres de clase media o alta han sido procesadas por pérdidas espontáneas de embarazos?
La respuesta a las primeras dos preguntas posiblemente sean un sí, mientras que a la tercera es un contundente CERO, pues ninguna mujer que puede pagar un ginecólogo en una clínica privada va a prisión. Lejos de ello, recibe apoyo y muestras de afecto por la tragedia que ha pasado, pues perder un hijo es doloroso. Pero no es posible decir lo mismo para las clases más vulnerables, lo cual me hace recordar la frase llena de verdad que inmortalizó Alexandra Araujo de Sola: “Una sociedad se juzga, no por como tratamos a los privilegiados y educados, sino por como protegemos y asistimos a los más vulnerables”. Por eso es que celebro la reversión de la injusta sentencia a la señorita Hernández, pues da una sensación de esperanza de que el futuro de El Salvador será prometedor, ya que poco a poco reparan las injusticias sociales.
Abogado y autor del libro abogado y autor del libro “¿Es justificable discriminar?”; Oficial del Comité de Derechos Humanos de la International Bar Association; y fundador de Fundación Igualitxs & HDuarte Legål