Una crisis de inseguridad alimentaria generada por la sequía también ocasiona pobreza, migración, inseguridad, deserción escolar y una desnutrición severa entre la población.
A esa realidad están propensas más de 277,000 personas que viven en 18 municipios del país en la zona conocida como el “corredor seco”.
El estudio “Evaluación de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida”, que realizaron recientemente varias organizaciones humanitarias internacionales, reveló los niveles de inseguridad alimentaria por el impacto que tuvo la sequía prolongada sobre todo en los meses de julio y junio de 2018- 2019 en el país.
Como resultado de la investigación que se desarrolló en los departamentos de Ahuachapán, Usulután, San Vicente, San Miguel y Morazán, se conoció que existe un 82 % de nivel de afectación por la sequía.
Un total de 277, 769 personas se encuentran en graves problemas de una crisis alimentaria.
De ese total de afectados, un grupo de 152, 747 están ubicadas en la fase II de inseguridad alimentaria significativa. Mientras que 69, 350 personas se encuentran en la fase III de crisis alimentaria y 5,130 habitantes se ubican en la fase IV de emergencia, es decir, que necesitan una ayuda de inmediato.
De acuerdo con los resultados, en promedio cuatro de cada diez habitantes están en una etapa de moderada o alta incidencia de hambre. En el caso del municipio de Jiquilisco, la cifra puede llegar a ser de seis de cada diez personas.
La falta de lluvia dejó pérdidas de producción del 61% y 55% en los cultivos de maíz y frijol. Durante la época postrera, las pérdidas fueron del 44 % y 53% respectivamente. La disminución y pérdida completa de los granos dejó en crisis a muchas familias, ya que la agricultura en la única fuentes de ingreso que tienen para subsistir.
El estudio señala como en algunos de los municipios, las familias utilizaron como estrategia el desplazamiento y migración para afrontar la situación de inseguridad alimentaria.
Ludin Caballero, directora de Programas de Save the Children, expresó que la situación es muy preocupante, ya que se están generando consecuencias graves entre los afectados por la falta de alimento.
“El desplazamiento y la migración también son estrategias utilizadas por las familias para afrontar la situación de inseguridad alimentaria. Esto demuestra como el cambio climático se convierte en otro factor causante de migración, además de la violencia estructural y de la búsqueda de oportunidades económicas que ya existen”, explicó la profesional.
La falta de lluvia perjudicó las necesidades prioritarias de los hogares como el alimento, los insumos agrícolas y el agua potable.
Ante el grave daño, las familias implementaron estrategias de sobrevivencia para afrontar la falta de acceso a los alimentos, reducir el consumo por parte de toda la familia o de alguno de sus integrantes, en su mayoría mujeres.
También la venta de sus pertenencias, lo cual provoca una posibilidad de riesgo social de involucrarse uno de sus integrantes en actividades ilícitas.
Por su parte, Mercedes García, gerente humanitaria de Oxfam en El Salvador, advirtió que debe reconocerse de inmediato el problema y al mismo tiempo deben de brindárseles una repuesta integral para los próximos meses a estas familias.
“De no tomarse medidas y de presentarse un nuevo escenario de sequía durante septiembre de este año, con nuevas pérdidas de cosechas, estos grupos de población enfrentarán un impacto en su seguridad alimentaria aún peor de la que están afrontando, porque ya han agotado o vendido sus reservas de alimentos o activos familiares”, concluye el estudio.
La sequía también marcó una disminución en el consumo de alimentos y de agua para el consumo, lo que generó una repercusión en la salud de los pobladores aumentando el riesgo de enfermedades gastrointestinales, desnutrición y epidemias relacionadas a la falta de agua, higiene y saneamiento. Además, hubo un déficit en la dieta de alimentación entre las afectados.
Otra de las profesionales expertas que participó en el estudio fue Holly Inurreta, de la organización Catholic Relief Services, quien recomendó crear una mesa de discusión del problema en conjunto con las autoridades locales y del gobierno.
“Es necesario que hay una participación de parte del ministerio de agricultura, medio ambiente, el ISNA, educación, entre otros para mejorar la calidad de vida de estas personas”, recomendó la profesional.
La situación donde las mujeres son los jefes del hogar, enfrentan una mayor vulnerabilidad y riesgo de inseguridad alimentaria que las jefaturas de hombres, de acuerdo con el informe que fue elaborado por el consorcio de organismos internacionales integrado por Save the Children, Catholic Relief Services, Oxfam y World Vision, con el financiamiento de Star Fund.
