Varias direcciones de hospitales, entre estas del Hospital Nacional de la Mujer y del Hospital Nacional Santa Gertrudis, de San Vicente, han enviado una circular a los empleados notificándoles que no pueden dar declaraciones con información de los hospitales sin la debida autorización del departamento de comunicaciones.
Uno de los documentos expone que “toda declaración pública, de carácter personal y/o profesional, brindada a medios informativos no deberá contener información hospitalaria, ni representará bajo ninguna circunstancia a nuestra institución”.
Ante la notificación de las autoridades de los hospitales para los empleados, los sindicatos de Salud dijeron que a pesar de la orden emitida desde las direcciones de los hospitales, los trabajadores no dejarán de denunciar las anomalías que se den en los nosocomios, ya sea de falta de medicamentos, insumos o de atención médica a pacientes.
Blanca de Galindo, secretaria general del sindicato del Hospital Nacional de la Mujer, opinó que la directriz no incluye a los sindicatos, ya que su constitución es autónoma y parte de su trabajo es realizar las denuncias respectivas.
“Si se da alguna acción que sea contraproducente para los trabajadores, no tenemos por qué pedir permiso a la dirección porque no dependemos ni de la dirección o de la oficina de comunicaciones. A los sindicatos nadie nos cierra la boca cuando tenemos la razón por lo que nos pronunciamos, por supuesto que todo lo hacemos apegado a la ley”, dice la sindicalista de Salud.
Alex Carballo, del sindicato del hospital Bloom, coordinador general de la Unidad Sindical de Trabajadores de la Salud Pública (Ustraspes) y miembro del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Sitmspas), expresó que como sindicatos se rigen por las leyes del código de trabajo, la Constitución de la República, la Ley del Servicio Civil y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Nuestra obligación es hacer cumplir las leyes del país, entre ellas las que conciernen a los derechos laborales de los trabajadores; pero también otras leyes como el derecho a la salud y, en el caso del hospital Bloom, el cumplimiento de la Ley Lepina, la Ley General de Prevención de Riesgos y parte de nuestras obligaciones como sindicatos es exigir su cumplimiento. En ningún momento estos memorándums nos atan, nosotros estamos en la libertad de poder hacer las denuncias públicas que consideremos necesarias”, dice el dirigente del gremio.
Carballo explica que como asociaciones tienen autonomía y no están bajo el mandato de una administración, tampoco forman parte de una cartera de Estado.
“A nosotros en ningún momento esa orden nos va a coartar, los sindicatos no tenemos que pedirle permiso a ninguna jefatura, ni administración para hacer una denuncia pública, teniendo en cuenta que la información que se haga pública sea verificada y no sea tergiversada por los medios de comunicación, que eso sucede a menudo”, aseguró Carballo.
Añade que como Ustraspes lamentan que se haya enviado a los empleados de salud esa orden y que si es un lineamiento emitido desde el ministerio de Salud, aún así los sindicatos son autónomos y no están bajo las órdenes de ningún funcionario público, sino bajo el mandato de las leyes competentes.
“En el documento dice que es para los trabajadores; pero nosotros como sindicatos representamos a los trabajadores, somos instituciones legales y acreditadas, no somos personas naturales sino jurídicas como organizaciones”, explica Carballo.
La ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, dijo que tienen un grave problema de filtración de información y que siempre es fuera de contexto.
“Ahorita las autoridades (directores de hospitales) nuevas están en proceso de transición, recibiendo, analizando todos sus hospitales, entonces difícilmente van a poder dar información clara, si ahorita están recibiendo”, explicó la funcionaria.
Agregó que algunos de los directores recibieron su cargo hace pocas semanas y que es difícil que puedan dar información, por lo tanto les emitieron la orden de no dar declaraciones verbales hasta no tener claro el diagnóstico de cada hospital.
“Es simplemente que ellos están en transición, recibir un hospital con todas la jefaturas, sobre todo si tienen almacenes necesitan tener bien mapeado lo que van a recibir”, dijo la ministra de Salud.
Añadió que mucha de la información de los hospitales no la supieron manejar las direcciones anteriores, la cual fue sacada de contexto.
“Tenemos mucha filtración (de información) de personas que no se quieren sumar al esfuerzo. Hay mucha filtración. Estamos tratando de detener esa situación, pero hay un problema de falta de compromiso y lealtad a la nueva gestión, a la nueva forma de hacer trabajo y tenemos que trabajar con eso. Pero eso no nos detiene”, enfatizó Orellana.
Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, dijo que estos documentos deben de ser también del conocimiento de la población, de los usuarios de los hospitales porque también son afectados.
“Es un derecho que tenemos con base en la Constitución de la República, el derecho de libre expresión. Nosotros como gremial siempre hemos fomentado la práctica de la medicina con principios éticos y es un principio ético el presionar para que le den todas las condiciones para trabajar de forma adecuada y denunciar las deficiencias que puedan afectar al paciente. Nosotros estamos en contra de que exista un impedimento para poder dar declaraciones públicas”, opinó el médico.
Dijo que todos los gobiernos han tenido un interés por evitar que los sindicatos o empleados de Salud brinden declaraciones a los medios de comunicación sobre la situación de los hospitales y es por esto que, aunque haya amenazas y represalias contra el personal de salud, siempre estarán realizando las denuncias.
“No nos van a amedrentar con este tipo de memorándum, el compromiso con la población y con nuestro gremio médico persiste, siempre vamos a hacer las denuncias en beneficio para la población”, reiteró Brizuela.
