Los empleados de las “Ciudad mujer”, otro montaje de los efemelenistas para colocar activistas en las nóminas estatales, están siendo despedidos, dándoles la alternativa de aceptar las indemnizaciones que les ofrecen, o apelar ante instancias legales.
En un punto el Procurador de Derechos Humanos dijo que iba a investigar si no se estaban violando derechos humanos.
¿A cuáles derechos humanos se refiere? ¿A los derechos humanos de los mantenidos artificialmente en las estructuras montadas por los izquierdistas para dar sueldo a activistas, militantes, parentelas y amigatelas?
¿O los derechos humanos de los salvadoreños que vienen siendo saqueados desde hace más de quince años por corruptos, cleptocracias y los más de cuarenta y tantos mil incompetentes que han causado tanto daño a la economía de nuestro victimizado El Salvador?
Lo contemplamos con los “asesores” del Ejecutivo, más de seiscientos individuos que no tenían escritorios visibles en CAPRES ni menos sitios donde estacionar sus vehículos, pero que devengaban altos salarios, los que seguramente les colocaban en sus cuentas bancarias. Al Profe lo ilustraban en temas de los que ni remotamente diferencia la O por redonda.
Los despedidos, y ya era tiempo de que los mandaran a sus casas, deben comprobar que desempeñaban funciones de algún interés para la colectividad, mostrar expedientes, trabajos realizados, pasar pruebas de que un contable o un encargado de dar atención médica, para poner dos casos, están capacitados para ello.
Comiencen por hacerles exámenes de ortografía y conocimientos escolares básicos.
En lo sucesivo, la reducción de infladas burocracias a lo que realmente necesita una entidad para cumplir con sus objetivos debe partir de varios criterios:
-de si para colocar a una persona en el puesto se despidió a alguien que tenía más de dos años de ejercerlo. En otras palabras y como ha sucedido en incontables casos, si para darle salario al activista, despidieron personas que ya tenían tiempo de desempeñarse;
-lo segundo, si el individuo que ostenta uno de esos cargos tiene capacidad, repetimos, para desempeñarlo, cumplir con las demandas propias del puesto.
Que demuestren capacidad para los cargos que tenían
Esto es particularmente irritante en el Servicio Exterior, donde de golpe retiraron a diplomáticos de carrera y personal de esas representaciones, para poner en dichos puestos a gente que no solo no estaba capacitada para ejercer tales cargos, sino que ni siquiera tenía el aspecto de ser un diplomático fogueado.
O como decía de un rector de la UES, Rafael Hasbún, asesinado por los guerrilleros, “este señor tiene aspecto de muchas cosas, menos de rector”.
Valga eso para un país al norte del nuestro, que nada tan feo nos ha hecho como para merecer lo que les enviamos…
El caso nos trae a memoria cuando Hugo Lindo fue embajador en España; al día de hoy se le recuerda en muchos lugares, entre ellos hasta en las tinajas de vino de Chinchón, el lugar donde Los Borbones se convirtieron en reyes de España.
Los militares de aquellos años quitaron del cargo a nuestro recordado escritor, para nombrar a un desteñido militar.
Los cargos públicos no los pagan los obispos holandeses o dineros que caen del cielo, sino los salvadoreños con sus impuestos, con su sacrificio.
Por lo mismo, esos cargos deben desempeñarse por gente capaz.