La nacionalidad nicaragüense otorgada el mes pasado a Mauricio Funes, acusado de varios delitos de corrupción, es un fraude de ley y con ello solo busca eludir a la justicia, afirma el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
“Su nacionalidad nicaragüense es fraudulenta y su invocación de mala fe supone un abuso del derecho, con el fin de eludir una legislación que le perjudica y colocarse bajo la jurisdicción de un Estado cuyo régimen, por intereses y afinidades ideológicas, pretende impedir que sea enjuiciado”, dice el Consorcio en un comunicado publicado en Twitter.
Además, dicen en el escrito, “la nacionalidad salvadoreña es claramente la nacionalidad efectiva del expresidente Funes“.
A la luz de ese planteamiento, el Consorcio considera que el Estado salvadoreño está obligado a tomar todas las acciones legales correspondientes para que Nicaragua extradite a Funes, sobre quien pesan cinco órdenes de captura en su contra y de esa forma demuestre si es culpable o inocente.
La nacionalidad nicaragüense otorgada recientemente al exmandatario salvadoreño y actual prófugo de la justicia salvadoreña #MauricioFunes, es fraudulenta y supone un abuso del derecho.
Acá nuestro pronunciamiento sobre el tema @fusades @Fundeorg @TECHOsv @cej_sv @FundacionDTJ pic.twitter.com/jCJspPYoUL
— Consorcio ES (@Consorcio_ES) August 13, 2019
De igual forma, considera que la Interpol está llamada a intervenir porque Funes ya cambió su condición jurídica de “asilado”, algo que también consideran se le otorgó en contravención a los tratados internacionales sobre la materia.
Según el Consorcio, la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) también establece claramente que la corrupción es un delito sujeto a extradición y que este no es calificable como un delito político, por lo tanto
el expresidente Mauricio Funes debe ser extraditado y Nicaragua debe entregarlo.
En el comunicado también refiere que el Convenio sobre Codificación del Derecho Internacional de La Haya, vigente desde 1030, expresa que “ningún Estado puede ejercer su protección diplomática en provecho de alguno de sus nacionales contra otro Estado de que el sujeto sea también nacional”.
Además cita la jurisprudencia emanada de la Corte Permanente de Arbitraje y de la Corte Internacional de Justicia que establecen que cuando una persona ha ejercido cargos públicos par los que se exige ser nacional de
su país, no puede invocarse una segunda nacionalidad para intentar evadir la justicia.
Para el Consorcio, “la transnacionalización de la corrupción y sus graves consecuencias, principalmente para el desarrollo de los derechos humanos, es necesario su regulación en distintos tratados y convenios
internacionales con la finalidad de prevenirla, detectarla, combatirla y sancionarla”.
Fiscalía analiza una “estrategia legal” para traer a Funes
Por su parte, el Fiscal General, Raúl Melara, dijo el lunes que están “analizando cuáles son las repercusiones” de que el expresidente salvadoreño haya obtenido la nacionalidad nicaragüense, pero que además están “viendo alguna estrategia legal que nos permita traerlo al país nuevamente”.
El pasado 1 de agosto el Fiscal Melara dijo que ellos sostendrán su petición de extradición de Funes y su círculo familiar instalado en Nicaragua, cuyo gobierno no ha dado aún una respuesta oficial.
“Yo estoy convencido de que más temprano que tarde él tendrá que afrontar la Justicia”, dijo Melara.
