Solamente 6 de más de 60 funcionarios han cumplido lo que mandan la Constitución de la República y la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios. Un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 29 de julio, detalla que el presidente y vicepresidente de la República no han presentado su declaración de patrimonio (bienes, ingresos y egresos), por lo tanto la Oficina de Acceso a la Información de esa institución no pudo proporcionar la información que solicitó El Diario de Hoy, debido a que es “inexistente” por no haber sido presentada a esa fecha por los funcionarios.
El 30 de julio, un día después de la respuesta de la Sección de Probidad, se venció el plazo que establece la ley para que Bukele, Ulloa y los miembros de su gabinete presentaran su declaración de patrimonio. Se trató de conocer si el 31 de julio, que aún era un día hábil y previo a las vacaciones, habían presentado la declaración, pero no se obtuvo respuesta de Probidad.
Se consultó al secretario de Prensa de Bukele, Ernesto Sanabria, sobre la razón de no haber presentado dichas declaraciones, pero no se obtuvo respuesta. El único que habló ayer fue el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, quien aseguró que por la carga laboral y el plan territorial no había podido presentarla.
Al igual que Bukele y Ulloa están todos los ministros y viceministros que han seguido el ejemplo del mandatario; solamente un viceministro y cinco funcionarios de nivel intermedio se salvan del incumplimiento al artículo 240, inciso 3, de la Constitución de la República y al artículo 14 y 15 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que establece quienes son los funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio al inicio de gestión y cierre del mismo para identificar si existen ingresos que no sean proporcionales a los que perciben en su gestión.
Abogados consultados sobre temas de transparencia y corrupción consideran como “grave” la no presentación de la declaración jurada del presidente, vicepresidente y demás funcionarios. Afirman que es mucho más grave la violación de la Constitución de la República y la ley de Enriquecimiento Ilícito, principalmente por parte del presidente de la República.
Roberto Rubio, de Funde y Transparencia Internacional, considera que hay una clara violación a la Constitución y la ley, y que la sanción que reciben los funcionarios es baja por eso el incumplimiento. En algunos casos, opina, se usa como estrategia para evitar auditorías que pueda realizar la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Rubio comenta que la exprimera dama, Vanda Pignato, usó esa estrategia para evitar que Probidad le diera seguimiento a sus ingresos y bienes al no presentar su declaración.
De acuerdo al informe de Probidad en poder de El Diario de Hoy, los funcionarios que sí han presentado su declaración patrimonial son: María Ofelia Navarrete Dubón (María Chichilco), ministra de Desarrollo Local (ex FISDL); Jorge Alejandro Aguilar Zarco, presidente del Fonaes; Miguel Ángel Rivas Bonilla, director del Consejo Directivo del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, Cefafa.
También la han presentado Óscar Edmundo Anaya Sánchez, viceministro de Hacienda Adhonorem; Frederick Antonio Benítez Cardona, presidente de ANDA; y Zelma Alejandrina Escalante Iraheta, subdirectora de Seguridad Pública de la PNC.
Además, la Sección de Probidad explicó que tiene una mora de 18,486 declaraciones juradas de patrimonio, 1,970 informaciones complementarias pendientes de digitar los datos patrimoniales y de realizar los análisis, totalizando 20,456 expedientes sin análisis.
¿Qué dice la Constitución?
La Constitución de la República establece que: “Los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los incisos anteriores, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que tomen posesión de sus cargos… La ley determinará las sanciones por el incumplimiento de esta obligación”.
Mientras que la ley de Enriquecimiento Ilícito es más directa y señala quiénes son los funcionarios obligados en presentar su declaración jurada, reafirma el plazo de 60 días para presentarla y establece sanciones para los funcionarios que incumplan esa normativa.
Además, la misma normativa establece que de no cumplirse con la presentación de la declaración jurada de bienes, ingresos y egresos, deberá ser la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia que deberá conocer las infracciones. El artículo 28 de esa ley establece: “La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia tendrá competencia para conocer de las infracciones a las obligaciones contenidas en la presente Ley y la Sección de Probidad tendrá la obligación de sustanciar los procesos de acuerdo con las normas de este capítulo”.
En este sentido, la Sección de Probidad deberá informar a la Sala de lo Civil el incumplimiento y los funcionarios deberán ser sancionados con una multa de dos a veinte salarios mínimos vigentes del sector comercio y servicios ($6,080). Esa cantidad es considerada baja por los abogados Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, y Roberto Rubio, de Funde.
Escobar sostiene que en lugar de la multa la sanción debería ser inhabilitar al funcionario en su cargo o inhabilitarlo de poder aspirar a cargos de elección popular.
De acuerdo al artículo 15 de esa ley, es obligación del presidente y vicepresidente de la República, sus ministros y viceministros, secretarios y subsecretarios, comisionados y subcomisionados de la Presidencia presentar su declaración patrimonial.
En el mismo artículo se señala que están obligados a presentar su declaración jurada de bienes los titulares y miembros de los organismos de dirección de las instituciones públicas y de las instituciones oficiales autónomas, así como las personas que desempeñen en ellas las principales responsabilidades de ejecución o administración, como directores ejecutivos y gerentes. Esta disposición incluirá a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y al Instituto del Seguro Social.
Asimismo, los superintendentes y los Consejos Directivos de las Superintendencias; el director de la Policía Nacional Civil; directores, gerentes y Jefes de las empresas de economía mixta, o las creadas en asocio público privado; y cualquier otro funcionario o empleado público nombrado ad honorem que maneje fondos públicos.
FRASE
“No lo hemos hecho debido a la carga laboral que hemos tenido. Esta semana lo vamos hacer. Hemos estado recibiendo el Ministerio y en el plan Control Territorial y por eso no he tenido la oportunidad, pero la vamos a enviar en su momento” .
Saca y Funes procesados por enriquecimiento ilícito
Anteriormente, Probidad solo era receptora de las declaraciones juradas de los funcionarios al inicio y cierre de su período, pero no se realizaban informes que trascendieran y pasaran a Corte Plena para detectar indicios de enriquecimiento ilícito y de encontrarlos ordenar que los casos pasen a juicios civiles.
Por medio de Probidad se iniciaron juicios civiles y luego penales contra dos expresidentes: Elías Antonio Saca, condenado a 10 años por actos de corrupción, y Mauricio Funes, quien enfrenta cinco órdenes de captura y la semana pasada fue nacionalizado como nicaragüense.
También han sido procesadas las exprimeras damas Ana Ligia de Saca y Vanda Pignato, esta última se desempeñó como secretaria de Inclusión Social en los dos gobiernos del FMLN.
Probidad también detectó el enriquecimiento ilícito del exsecretario Privado de Saca, Elmer Charlaix; del secretario de Comunicaciones, Julio Rank; del secretario de Juventud, César Funes. Todos condenados por actos de corrupción y pagando una condena en Mariona.
Asimismo detectó el enriquecimiento ilícito del exfiscal general de la República, Luis Martínez, de su esposa e hijo por $486,213.80. Probidad además detectó el caso del exministro de Seguridad y compadre de Saca, René Figueroa, procesado por $1,028,974.50, entre otros.
El último caso es el del expresidente de Proesa y expresidente de la Asamblea, el efemelenista Sigfrido Reyes, quien fue enviado la semana pasada por la Corte Plena a juicio civil por no poder justificar el origen de $373,183 durante su período legislativo (2006-2015).