Según funcionarios del Gobierno Central, la cantidad de homicidios ha disminuido sustancialmente. El presidente de la República, el director de la Policía y el ministro de Justicia y Seguridad Pública han subido mensajes a sus cuentas de Twitter informando sobre días en que solo se registraron 2 homicidios e, incluso, días en los que no hubo una tan sola agresión letal en todo el país. Sin duda, esto es una variación significativa. Después de llegar a contabilizar cifras que superaban los 20 asesinatos diarios, tener días en los que no hay nada que reportar es algo notable. Esta drástica reducción ha llamado la atención incluso de la prensa extranjera. Ya hay notas publicadas al respecto. Sin embargo, el acceso a los datos oficiales, según han reportado distintos periodistas y analistas, ha sido restringido. Esto debiese ser todo lo contrario. El acceso tendría que ser irrestricto y amplio.
El ejército de cuentas que apoyan al gobierno en las redes sociales ataca sin misericordia a cualquiera que se atreva a cuestionar el Plan de Control Territorial. La magnitud, duración y bajeza de los ataques varía de usuario a usuario y de comentario a comentario. Las descalificaciones más comunes se fundamentan en la sugerencia que la motivación detrás del cuestionamiento tiene a su base el deseo de defender a las estructuras criminales, ya sea por ser a fines a ellas o tener algún tipo de interés personal en el asunto. Este es el rol normal que juegan este tipo de cuentas cuando la intención es evitar que se descubra algo que tenga el potencial de dañar al oficialismo. Sin embargo, el tema de las estadísticas de homicidios, si la disminución en las estadísticas es genuina, la reacción de los troles no debería ser esta.
Analistas serios han expresado que la disminución es algo positivo, pero plantean la necesidad de analizarla para comprenderla mejor. Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida, y Sofía Martínez, consultora española independiente, por ejemplo, en una entrevista recientemente publicada por elfaro.net, aplauden la reducción, pero advierten que esto podría revertirse en el corto plazo. Según su apreciación, otros países que han aplicado medidas similares han experimentado disminuciones iniciales que poco después se transformaron en agudos incrementos.
En la misma publicación, Nayib Bukele ofrece una lectura diferente. El mandatario pinta el Plan de Control Territorial como algo inédito, citando distintas acciones que asegura su gobierno ha desarrollado bajo su dirección. Incluso, ha insinuado, en otras ocasiones, que hay interés en que su abordaje de la crisis delictual sea reproducido y utilizado como modelo en países que sufren de problemas similares.
Independientemente de cuál sea la lectura más acertada, la de Bukele o la de Cruz y Martínez, se necesitan datos para entender qué es lo que está pasando. Si la apreciación de Bukele es acertada y las acciones que han tomado tienen efectos prolongados, es necesario establecer y mapear los cambios estadísticamente significativos en los patrones delictivos. Solamente de esa forma podrán retomarse de forma correcta en otros lugares. Si el tiempo le da la razón a la lectura de Cruz y Martínez, también necesitamos entender los cambios antes mencionados para aprender de los errores y no volver a cometerlos en el futuro.
El acceso a información granular del problema es crucial para comprender tanto lo que se hace bien como lo que se necesita cambiar.
El oficialismo debe cambiar esa práctica que ha prevalecido por años de pensar que la transparencia solo trae consecuencias negativas. Es necesario que se reconozca el enorme potencial que tiene el que otros analicen los datos institucionales para identificar las oportunidades de mejora y poder replicar lo que ha demostrado ser exitoso.
Criminólogo @_carlos_ponce