La primera reunión de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se centró en definir el trabajo a realizar para los próximos eventos electorales que tendrán que organizar como el de 2021, en el que se deben elegir diputados de la Asamblea Legislativa, diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y alcaldes municipales.
La magistrada presidenta del TSE, Dora Martínez, mencionó que el trabajo de la gestión que apenas inicia también se centrará en “que el pueblo vuelva a tener credibilidad en el TSE”.
Adelantó que la prioridad principal del nuevo TSE es la organización de las elecciones de 2021.
“Queda poco más de un año, pero recordemos que es a lo que debemos darle prioridad para no estar en los últimos días con el proceso, lo que pretendemos es optimizar mayores recursos y agilizar ese trámite para dar un resultado certero en estas elecciones que se nos acercan”, mencionó la presidenta del TSE.
Ayer en la primera reunión también se tocaron temas eminentemente administrativos, pero se adelantó que se acordó requerir un informe de la gestión anterior del TSE para preparar el Plan General de Elecciones 2021, dijo la presidenta del TSE.
Para el magistrado Noel Orellana, trabajar desde ya en el Plan General de Elecciones 2021 es prioritario y en eso se centró la reunión del primer día de trabajo.
El magistrado Luis Guillermo Wellman Carpio, también estuvo de acuerdo en que la prioridad es que se ejerza la democracia y un proceso electoral en 2021 con el que los salvadoreños estén satisfechos.
“Lo que pretendemos ahora como funcionarios públicos es servir”, destacó Wellman.
Los magistrados se reunirán de nuevo el 7 de agosto, luego del periodo de vacaciones, cuando requerirán el informe de la gestión anterior.
En materia laboral, hasta el momento se mantienen las jefaturas de las diferentes unidades del TSE, dijo la magistrada presidenta.
El magistrado Orellana hizo un llamado a los trabajadores del TSE para que mantengan la tranquilidad, mientras que la presidenta del TSE no descartó que se realice una auditoría en materia laboral.
Mientras que el magistrado Wellman dijo que los trabajadores del TSE no tiene de qué preocuparse y deben dedicarse a hacer su trabajo.
Retos
En cuanto a los temas en los que se debía mejorar la gestión 2019-2024 del TSE, según el ex magistrado Miguel Ángel Cardoza, estaban enfocarse en áreas como profesionalizar el TSE e independizarse cada vez más de los partidos políticos.
En cuanto a los partidos políticos, se debe seguir avanzando en tener un sistema saludable, mantener la democratización de los partidos, control del financiamiento y la transparencia de los institutos políticos y el respeto a los derechos de los afiliados por parte de las cúpulas.
Reformas electorales
En cuanto a las reformas electorales que se discuten en la Asamblea Legislativa, el magistrado Orellana mencionó que esa es una facultad del Legislativo y que como aplicadores de la ley en materia electoral y serán garantes de ejecutar la ley en relación a lo que los parlamentarios estimen conveniente.
Wellman Carpio manifestó que en relación a las reformas electorales que están en discusión en el Legislativo, se buscará hacer un trabajo coordinado entre ambas entidades.
La Asamblea discute reformas electorales en relación con el voto desde el exterior para los Concejos Municipales y diputaciones, así como a la despartidización de los organismos electorales y el conteo del voto fraccionado.
Otra de las reformas planteadas es separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales del TSE.
La Asamblea Legislativa ha realizado eventos en conjunto con el TSE para exponer las reforma propuestas, como el “Foro Hacia una reforma electoral integral”, que se realizó en abril pasado y en donde participan diputados de la Comisión de Reformas Electorales y expertos de Perú y Costa Rica.
Eventos de este tipo establecen un acercamiento entre ambas entidades y podrían continuar realizándose, según nuevo magistrado Wellman.
La Asamblea Legislativa eligió el pasado martes a los cinco magistrados del TSE la elección en términos generales fue aprobada con 78 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Los nuevos funcionarios desempeñarán sus funciones desde el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio del año 2024, tiempo en el que deben ser garantes de la democracia y la transparencia en los procesos electorales.