El 8 de marzo, en una zona rural de Apopa, un joven de 20 años sufrió un intento de asesinato de parte de cuatro policías quienes después de creerlo muerto, prendieron fuego al cañal hasta donde lo llevaron para acabar con su vida.
En cuanto Enero les narró lo ocurrido, Juan y Luisa (abuelo y madre), éstos fueron a la oficina de la Fiscalía en Apopa, a poner la denuncia y, aseguran, que de entrada, lo que hallaron fue animadversión de parte de la fiscal que los atendió, quien comenzó por preguntar contra quiénes era la denuncia. Cuando le dijeron que era contra policías, la funcionaria les dijo que quizá la víctima era pandillero, de lo contrario no lo hubieran golpeado.
Pero, al fin de tanto, a regañadientes les tomó la denuncia.
Juan cree que en otro punto donde hubo negligencia es en el examen que le hizo un médico del Instituto de Medicina Legal (IML), quien llegó y observó a Enero en la camilla donde estaba y determinó que solo tenía quemaduras en el 17 por ciento del cuerpo y que tardarían 21 días en sanar. Esto último también consta en el expediente judicial sobre la gravedad de las lesiones.
A sabiendas del peligro que corrían, Juan, Luisa y Enero decidieron que el caso no quedara en la impunidad y comenzaron a buscar justicia.
A las cinco semanas de estar hospitalizado, Enero fue trasladado hasta el lugar donde los policías lo habían torturado e intentado matar. La investigación la tomó Asuntos Internos. Los agraviados también recurrieron por ayuda al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Días después fueron capturados el cabo P. Gómez Cañas y los agentes E. Hernández Guerra, A. Mendoza Cuéllar y J. Mendoza Hernández por orden de la Fiscalía de Apopa, acusados de los delitos de homicidio agravado tentado (intento de homicidio).
De acuerdo con Juan, el abuelo de Enero, el día de la audiencia inicial, alrededor de la sede de los juzgados había no menos de 40 policías de la STO (Sección Táctica Operativa), unidad a la que pertenecen los imputados.
Diez policías asaltan la vivienda de los agraviados
Desde entonces, el acoso policial hacia su familia no ha cesado, según Juan, pero eso se desbordó el pasado jueves 13 de junio, cuando a las 5:00 de la mañana, diez policías de la STO a bordo de tres pick ups policiales irrumpieron en la casa de Juan, sin llevar una orden de allanamiento o que hubiese sospechas de que en el interior de la vivienda se estaba cometiendo un delito grave.
Allí estaba Enero, recuperándose. De inmediato lo reconocieron y comenzaron a insultarlo, a decirle que era pandillero. Se lo iban a llevar, sin tener orden de captura para ello, pero algunas personas que se percataron del abuso, se opusieron diciéndoles que si se lo llevaban tendrían que llevárselos a todos.
Al final desistieron pero los policías requisaron todos los documentos de identidad de las personas que se opusieron y les tomaron fotos a los documentos y lo mismo hicieron con un recibo de un servicio básico donde aparece el nombre completo de Juan, quien para ese momento ya andaba trabajando.
Ese allanamiento, refiere Juan, lo hicieron dos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitara, mediante la Resolución 28/2019, Medida Cautelar 542-19, al Estado salvadoreño que dictara medidas de protección a Enero y a su familia.
En el caso también se ha mostrado como parte querellante el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), que ha llevado el caso hasta la CIDH y pretende que a los policías capturados no solo se les enjuicie por el delito de homicidio agravado tentado sino también se les culpe del delito de tortura.
De momento, los policías están guardando prisión preventiva en el centro penal de Metapán, Santa Ana, y fuentes fiscales y de Asuntos Internos aseguran que están investigando a los 10 policías que cometieron el allanamiento el 13 de junio.