USULUTÁN. Los empleados de la alcaldía de Jucuarán, en el departamento de Usulután, suspendieron sus labores en protesta de que el pasado viernes, por mayoría simple, el Concejo dejó sin efecto un programa de ayuda social que estaba destinado a las personas más necesitadas del municipio, así como por el traslado del jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a la Unidad del Medio Ambiente.
El acuerdo lo tomaron cinco concejales más la síndico y votaron en contra el alcalde, Boanerge Carranza, y la primera regidora.
El vocero de los empleados, Héctor Valencia, dijo que las decisiones que tomaron los concejales, a excepción del edil y una regidora, fueron “arbitrarias”.
El programa de ayuda comunal fue aprobado por el Concejo municipal el 8 de enero de este año y en él se estipulaba la aprobación que podía hacer el alcalde de 1 a 20 salarios mínimos ($6,000) para la adquisición de bienes y servicios.
Ese dinero, que de forma discrecional podía hacer el alcalde, servía para “compra de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, traslado de enfermos a hospitales, féretros y becas”, aseguró el representante de los empleados.
Agregó que ese dinero no estaba a disposición del edil, Boanerge Carranza, sino para que de ahí se pagaran las necesidades por la que acudían los beneficiarios.
Ahora, dice, lo que el Concejo quiere es que ese tipo de ayuda se apruebe en la reuniones ordinarias que llevan a cabo cada dos meses, “y es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo”.
El edil Carranza aseguró que el Concejo dejó sin efecto el acuerdo que le permitía agilizar los trámites de apoyo a la población más necesitada, como las personas con necesidades especiales, ayuda a familias con láminas y otros.
El otro punto por el que protestaron los trabajadores fue el traslado del jefe de la UACI, que de acuerdo al alcalde se hizo de forma “irrespetuosa y prepotente”.
Valencia expresó que “el problema es que el jefe de la Unidad de Medio Ambiente (a quien trasladaron a la UACI) no tiene ninguna experiencia en Adquisiciones y Contrataciones Institucionales”.
De acuerdo con el vocero de los empleados, existen empleados en la UACI que pueden realizar de mejor manera el trabajo en esa unidad porque son auxiliares y podrían realizar un mejor trabajo.
Los trabajadores dijeron que no levantarán el paro de labores hasta que se revierta la decisión de suspender el programa social y se realice el cambio de jefatura de la UACI a Medio Ambiente, y viceversa, de forma adecuada.
Hasta el momento, la alcaldía no está prestando ningún servicio en el municipio, desde la recolección de la basura, mantenimiento a una planta de tratamiento de aguas negras, extensión de partidas de nacimiento, defunción y otros.
El trasfondo del problema
De acuerdo con el alcalde, el fondo del problema por el que los trabajadores decidieron paralizar su trabajo se encuentra en los miembros del Concejo, quienes reclaman un mayor número de reuniones para poder ganar por dietas municipales.
Actualmente, el Concejo se reúne dos veces al mes y por cada sesión cobran $286, es decir, por ambas ganan $564.
“Como estrategia ellos (los concejales) han venido pidiendo que convoque a reuniones extraordinarias para poder cobrar más de lo que normalmente cobran. Solo este mes de julio serían cuatro reuniones pagadas las que ellos quieren con lo que la alcaldía erogaría (por cada uno) $1,145.48”, dijo el edil.
Ese dinero, expresó el edil, los concejales quieren que salga de los fondos que se habían aprobado para las necesidades de las comunidades, el pasado mes de enero. Carranza expresó que los concejales no han explicado la decisión que tomaron para suspender el programa.