Varias denuncias, avisos e investigaciones ante posibles indicios de lavado de dinero y activos alrededor del Grupo Alba, motivaron a la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía General de la República, iniciar la tarde del 31 de mayo de este año, un proceso de registro en 27 sociedades localizadas en San Salvador, Sonsonate, La Libertad y La Paz.
Hechos como el cierre de cuentas bancarias a Alba Petróleos, la inclusión en la lista negra de funcionarios corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos al alto dirigente del FMLN, José Luis Merino, el reporte de pérdidas de las sociedades vinculadas a este conglomerado e impedir a la Corte de Cuentas auditar la contabilidad del grupo, fueron algunas de las razones que obligaron al Ministerio Público a buscar evidencias en las 27 sociedades del grupo Alba y determinar si eso abona a una investigación penal.
A todo eso se suma, las exigencias de un grupo de congresistas demócratas y republicanos estadounidenses que, desde junio de 2017, enviaron al Secretario del Tesoro de su país una carta en la cual solicitaron indagar las actividades financieras del principal asesor y rostro visible de Alba Petróleos de El Salvador, José Luis Merino.
Los funcionarios norteamericanos han pedido que se abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga.
Frente a todos esos hechos, aunado a sus propios análisis financieros y la observación de las distintas manifestaciones del grupo empresarial, hizo que la Fiscalía General realizara los allanamientos en sus instalaciones, afirmó el director de la Unidad fiscal contra la Corrupción y la Impunidad, German Arriaza.
Y es que desde 2012 a 2016, los informes financieros registrados de las sociedades Alba, reflejan pérdidas en vez de ganancias en sus operaciones, lo que también alertó a la autoridades nacionales.