La red de lavado de dinero que Estados Unidos ha denunciado que opera desde la petrolera estatal de Venezuela y que la llevó a recibir sanciones económicas del gobierno de Donald Trump, ha sido una plataforma global que sirvió para lavar 28,000 millones de dólares, según lo recoge un estudio que llevó a dos investigadores a recorrer por cinco años 11 países, a analizar miles de documentos, a entrevistar a decenas de personas y a escudriñar modos de vida de socios y allegados al poder político en Venezuela.
De esa fortuna que salió de los bancos venezolanos, los investigadores Douglas Farah y Caitlyn Yates dicen que lograron localizar desde dónde y hacia dónde se movieron $11,000 millones.
De acuerdo con un extenso reportaje publicado en la revista Semana, de Colombia, la red de lavado Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (ECCB), como ellos la denominan, hizo uso de un mecanismo que incluía ventas y préstamos falsos de petróleo, la compra de activos físicos, megaproyectos de infraestructura, minería de oro ilegal y transferencias entre bancos.
Para el primer componente, el de la venta falsa de petróleo, ha sido clave la empresa estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela), la que en Centroamérica extendió su red al contar con dos subsidiarias: ALBA Petróleos en El Salvador y Albanisa en Nicaragua. PDVSA es dueña del 60 % de acciones en Alba Petróleos y del 51 % de Albanisa.
Ambas compañías sumaron ingresos entre los 5 mil y 7 mil millones de dólares en la última década, montos que no se ajustan a la realidad de sus negocios. La plata, dice el informe, fuera del control de los congresos de los países, terminó en docenas de compañías fachada de sectores como alimentos, agrícola, financiero, energía alternativa, entre otros.
En el caso de El Salvador, los rubros en que Alba utilizó para “invertir” ahora son solo la fachada o locales vacíos. La mayoría han desaparecido o van camino a ello. Cuando El Diario de Hoy quiso entrevistar a los representantes de Alba en El Salvador, nadie da cuenta de ellos y un grupo de abogados defensores que acudieron a la Fiscalía General para mostrarse parte en la acusación por lavado de dinero, solo dijeron que la empresa no ha cometido el ilícito y que posteriormente lo demostrarán de manera contundente.
Farah y Yates, autores de la investigación para la Universidad de Defensa Nacional (NDU, siglas en inglés) con sede en Washington, aseguran que en el caso de Alba Petróleos, “José Luis Merino (ex Viceministro de El Salvador de Asuntos Extranjeros para Inversión y Desarrollo Financiero y excomandante del FMLN) y otros reputados testaferros, crearon una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá.
Desde allí, Alba Petróleos y sus compañías vinculadas, les prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos US$ 1.1 mil millones entre 2007 y 2017. Esas compañías en su momento movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable”.
En mayo recién pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a José Luis Merino, en su “lista negra”, tras acusarlo de que junto a su hermano Sigfredo Ismael Merino lavaron al menos unos $400 millones a través de empresas de “papel” en Panamá.
En la investigación se define este entramado creado por Hugo Chávez y ahora enquistado en el gobierno de Nicolás Maduro como “una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado”.
Tras cinco años de investigación de campo y recolección de documentos, en el reporte se afirma que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (ECCB) debería ser entendida como una red de redes, y no actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. El informe identifica a 181 individuos y 176 compañías que operan en 26 países al servicio de esta trama de lavado de dinero.
La conexión en Centroamérica
Pero estos capitales gigantes no solo se mueven tras la cortina del petróleo, sino también de grandes obras de infraestructura, al menos en papel. En esencia, según lo publica la revista Semana, a partir de la investigación el gobierno venezolano ha transferido recursos para proyectos que nunca se concretan y que tampoco son auditados ni investigados, pues los órganos de control están bajo el dominio del gobierno.
En 2007, por ejemplo, Chávez y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, firmaron un convenio para hacer la refinería más grande del país centroamericano. “Desde entonces, han destinado alrededor de 500 millones de dólares al proyecto. Al visitar el lugar de la obra, los investigadores apenas encontraron un campo vacío con algunos tanques de almacenamiento y una cerca de madera. Sin embargo, decenas de supuestos contratistas vinculados a personas cercanas a ambos gobiernos han recibido pagos por trabajos y materiales inexistentes”, dice la publicación.
El 28 de enero de este año, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), dueña de una de las dos principales reservas de crudo del mundo, fue sancionada por ser un vehículo utilizado para la corrupción, lavado de dinero y malversación para beneficio personal de funcionarios y empresarios corruptos. Ese fue el argumento que dio el Departamento del Tesoro de EE. UU. para golpear al gobierno de Maduro, señalado como gestor de la peor crisis económica y humanitaria y de una crisis alimentaria sin precedentes para los venezolanos.
El gobierno de Trump dijo que las medidas impuestas a Venezuela implicaban que “todas las propiedades e intereses en propiedades de PDVSA sujetas a la jurisdicción de EE. UU. están bloqueadas y las personas de EE. UU. en general tienen prohibido hacer negocios con ellos”.
Pero Estados Unidos matizó la sanción, de acuerdo a una publicación de la Voz de América (VOA). El gobierno de Trump emitió una licencia para que CITGO, la compañía subsidiara de PDVSA en EE. UU., pudiera seguir operando, aunque dejaba establecido que las ganancias no pueden ser enviadas a cuentas de Maduro y otros de sus socios sino a cuentas a disposición del presidente encargado, Juan Guaidó.
En marzo 2019, las sanciones a PDVSA fueron extendidas. El Departamento del Tesoro detalló que las sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50 % o más, allí es donde la salvadoreña Alba Petróleos y la nicaragüense Albanisa entran en juego.
En 2014, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron la denominada Ley de 2014 para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela, que no era otra cosa más que la congelación de bienes y activos que entonces tenían un medio centenar de funcionarios de Venezuela, allegados a Maduro, y que tuvieron protagonismo en eventos represivos contra opositores.
Era la primera ocasión en que EE. UU. aplicó sanciones al régimen de Maduro por considerar que violó los derechos humanos y políticos de los venezolanos.
