La Corte de Cuentas gasta anualmente más de $268,000 en el salario de siete asesores para los tres magistrados que dirigen el ente contralor.
De acuerdo a información oficiosa en el portal de transparencia de la institución, la erogación mensual de la Corte en el pago de estos empleados es de $22,359.
En los datos colgados en la web se detalla quiénes son los asesores y sus hojas de vida, así como sus salarios y sus funciones dentro de la Corte.
De los siete asesores, cuatro están asignados a la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, quien fue nombrada en el cargo en agosto de 2017.
Cada asesor asignado a Rivas Landaverde tiene un salario nominal al mes de $3,348.69, esto significa que el asesoramiento de esta funcionaria implica un gasto de $13,394.76, cuyos fondos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes.
La presidenta de la Corte tiene como asesores a una especialista en mercadotecnia y a tres abogados.
En tanto, la primera magistrada de la Corte,María del Carmen Martínez Barahona, tiene asignados dos asesores también con salarios de $3,348.69. Ambos son abogados.
Mientras que el segundo magistrado, Roberto Antonio Anzora, solamente tiene un abogado como asesor, quien gana $2,267.46 al mes.
¿Qué hacen los asesores?
Una de las asesoras de la presidenta es licenciada en Mercadotecnia y según su hoja de vida tiene 25 años de experiencia laboral en cargos dentro de la Corte y también en entidades privadas.
Las funciones asignadas, según el Reglamento Orgánico Funcional (ROF), son “atender con diligencia, efectividad y profesionalismo las labores encomendadas; analizar e informar sobre casos relevantes, que puedan tener trascendencia nacional o que puedan afectar la imagen o funciones de la Corte; colaborar en forma efectiva y con responsabilidad, para la solución eficaz de los problemas o situaciones encomendadas”, indica la información en el sitio de transparencia.
Dos de los abogados que asesoran a Landaverde tienen experiencia en derecho administrativo, según sus hojas de vida, mientras que el otro es experto en fiscalización.
Las funciones que tienen son asesorar a la presidencia en materia jurídica y legal en fiscalización; elaborar anteproyectos de normativas, planes y otros documentos relacionados con las funciones administrativas, de auditoría y jurisdiccional de la Corte, así como proyectos de reformas, entre otros. En el caso de la primera magistrada, uno de los abogados que la asesora se ha desempeñado en cargos relacionados a legalización de tierras y constitución de asociaciones comunales.
Mientras que el otro abogado tiene más experticia, tanto por su formación académica como por los cargos que ha desempeñado, en el área de investigación de homicidios, crimen organizado, y otras áreas del derecho penal.
Y al segundo magistrado lo asesora un abogado que por su formación académica y técnica tiene experiencia en la prevención de lavado de dinero, en el área tributaria, mercantil, pero también el área de derechos humanos, además de un post grado en criminología.
Presidenta de la Corte justifica el gasto
Se consultó la opinión de la presidenta de la Corte de Cuentas, a través de la unidad de comunicaciones de la institución, sobre el gasto para las arcas del Estado que representa los asesores y ella justifica que es por las múltiples funciones que deben atender.
“Las funciones de cada despacho son múltiples, pues es de tomar en cuenta que el alcance del trabajo de la Corte de Cuentas es a nivel nacional en todas las instituciones del sector publico y privadas que administran fondos publicos”, respondió la funcionaria.
Rivas Landaverde también justificó que los asesores que tienen los magistrados han sido nombrados por gestiones previas. “Aunado a ello, por el antecedente de Sala de lo Constitucional, existen asesores nombrados por administraciones anteriores”, indicó.