La segunda fase del plan Control Territorial para este año tendrá una inversión de $158 millones; estos como parte de los $575.2 millones con los que se pretende financiar el referido plan de seguridad en su totalidad, según el documento presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
Para financiar los $158 millones, el Gobierno proyecta tomar $91 millones de un préstamo de $200 millones que todavía se gestiona ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); mientras que los otros $67 millones serían con fondos propios, donaciones y otros préstamos.
Al desglosarE la inv ersión de los $158 millones de dólares para la segunda fase, se tiene que $52 millones serán destinados para la construcción de obras públicas en comunidades que se encuentran en condiciones precarias.
Otros $30 millones serán usados en programas educativos y de capacitación para jóvenes en riesgo más $2.8 millones proyectados para reparar las escuelas en mal estado.
En el documento se detalla que $30 millones serán destinados a la creación de más de 28 bibliotecas y dos millones más para operarlas.
En el área deportiva se pretende invertir cinco millones para desarrollar el proyecto Liga, con el que se pretende abrir 262 escuelas deportivas para niños y jóvenes. Al proyecto se le suman 30 mil dólares que serán usados para la construcción de centros deportivos.
Para la creación de empleos y reconstruir el tejido social se tiene previsto invertir más de ocho millones de dólares y un millón de dólares más para el programa de emprendedurismo agropecuario.
En el presupuesto presentado por Hacienda a los diputados se destina 10 millones de dólares para proyectos de cultura, jornadas de salud, campaña de concientización para jóvenes y crear Skate Parks (parques de patinaje). Además de $1.2 millones para construcción de viviendas.
Con el millonario financiamiento del plan Control Territorial se tiene previsto, entre otros objetivos, dotar a las instituciones de seguridad de las herramientas necesarias para mejorar la prevención, persecución y combate del delito.
Que los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad tengan acceso a la formación técnica en distintos oficios para que estos tengan la oportunidad de incorporarse al mercado laboral.
Con esto se estaría contribuyendo a reducir de forma gradual el reclutamiento de jóvenes por pandillas u otro grupo criminal, según contempla el documento.
Mejorar la convivencia pacífica y la integración social en las comunidades vulnerables a la delincuencia, con énfasis en la juventud y que esta tenga mayor protagonismo en las comunidades es otra de las metas que, aseguran, conlleva la millonaria inversión.
Plan para tres años
Este plan está proyectado a ser ejecutado en tres años. La primera fase para este año comenzó el 20 de junio pasado con la intervención de más de mil policías y tres mil soldados en las zonas comerciales y centros históricos de 12 municipios con el fin de golpear las finanzas de las pandillas que provienen de las extorsiones y la venta de drogas. Semanas después, el plan se extendió a otros cinco municipios.
En esta primera fase, las autoridades tienen como misión la identificación de las pandillas que operan en esos municipios para combatirlos de manera frontal con intervenciones directas.
Cuatro componentes del plan
Los componentes del referido plan están sustentados en el combate frontal del crimen con el propósito de recuperar espacios para niños y jóvenes.
Se proyecta mejorar la dotación de los servicios básicos en las comunidades que se encuentran en condiciones precarias.
La construcción, reparación y el equipamiento de infraestructura social es otro componente, el cual contempla la formación de capacidades para el desarrollo personal y profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Al detallar la inversión por año para el funcionamiento del referido plan, se tiene que $192.8 millones están proyectados para 2019, mientras que para 2020 se tiene pretende invertir $226.2 millones. En el año 2021 se planea otros $156.2 millones.
Si los anteriores montos de dinero se desglosan en la inversión por cada una de las tres fases que contempla el plan para cada uno de los tres años previstos para ser ejecutado, entonces se tiene que la fase 1 tendrá un costo de $106.7 millones, la segunda fase requerirá de $258.4 millones y en la fase tres se invertiría $210.1 millones.
Al final de la ejecución del plan, el Gobierno espera hacer una recuperación territorial de las zonas urbanas y rurales con alta influencia de pandilleros, reducir la expansión de esos grupos criminales, disminuir los factores de riesgos de la delincuencia y de violencia social.
Además, espera que la juventud disponga de espacios públicos de tejido social, y “que los jóvenes sean capacitados con herramientas técnicas y conceptuales con oportunidades de poder acceder al mercado laboral”.
El Gobierno también espera disminuir los índices de migración forzada y los delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Además, pretende mejorar el gasto público en las áreas de desarrollo social y seguridad ciudadana.
Otras de las pretensiones que conlleva el referido plan es que existan mejores controles en los centros penales para frenar las órdenes criminales hacia el exterior y que la población reclusa tenga mejores condiciones en los mismos.