La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República materializó el decomiso de bienes y cuentas financieras de varios imputados ligados a la “Operación Tsunami”, realizada el año pasado en el departamento de La Libertad.
En el procedimiento, más de 127 pandilleros, alcaldes y comerciantes ligados a grupos criminales fueron detenidos.
Las propiedades confiscadas temporalmente y que serán administradas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) pertenecían a Miguel Ángel Flores, Reina Isabel Molina, Rhina Castillo de Gálvez, Nelson Gálvez Peñate y otros involucrados que estarían ligados a estructuras criminales procesados por tráfico ilegal de personas, extorsiones y otros delitos.
Dichos bienes consisten en tres inmuebles o residencias situadas en el Puerto de La Libertad y San Luis Talpa; además 5 vehículos automotores y 6 cuentas bancarias que suman $40,000 y $10,000 que están a disposición del Ministerio de Hacienda.
Los bienes serán administrados por el CONAB hasta que el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio define en el proceso judicial si los bienes tienen origen lícito o ilícito.
La Operación Tsunami que se desarrolló en La Libertad, Zaragoza y San Marcos dejó más de 100 capturas por los delitos como homicidio, extorsión y amenazas.
Un día después se ejecutaron otras 193 órdenes de captura El operativo en los caseríos Peña Partida, Cuesta El Toro y en El Jute, el cantón El Morral, la playa San Diego, Las Flores y en la zona del centro del puerto de La Libertad.
Uno de los detenidos era el exalcalde de La Libertad por el partido FMLN, Carlos Farabundo Molina, de 41 años, tras ser acusado de pagar $3 mil para que una mujer de la zona fuera asesinada, afirmó la Policía.
La víctima era supuestamente pandillera, por lo que el exedil fue procesado por los delitos de proposición y conspiración del delito de homicidio y agrupaciones ilícitas.
En la misma operación, 67 pandilleros de la 18 que guardaban detención en el sistema penitenciario, sumaron cargos por 19 homicidios, varios casos de extorsión, tráfico de personas, robo y agrupaciones ilícitas. A otros 67 sujetos que ya están en prisión se les notificó que también serán procesados por estos delitos.