Estar expuestos de forma prolongada a altos niveles de delincuencia afecta cómo percibimos a los victimarios, a las víctimas y al Estado. La desesperación y angustia nos llevan a favorecer y, a veces, hasta exigir, un tratamiento más contundente, agresivo y duro del problema. Incluso estamos dispuestos a sacrificar garantías ciudadanas con tal de dotar al Estado de herramientas para que derrote a los criminales. Sin embargo, esto, sin excepción, produce un efecto totalmente opuesto al esperado. El problema no se resuelve, se empeora.
Este tipo de circunstancias son un sueño hecho realidad para los políticos populistas y los asesores en comunicación, ya que pueden explotar fácilmente la desesperación de la ciudadanía para ganar réditos políticos. La gente no solo pide a gritos ser rescatada por el gobierno, sino que, además, está dispuesta ceder lo que sea para ser salvada. Las condiciones están dadas para crear una narrativa que venda a los funcionarios de gobierno como héroes y pinte su abordaje del problema de inseguridad, por descabellado y malintencionado que sea, como una épica batalla entre el bien y el mal.
La receta siempre es la misma, no importa el país. Primero, se crean unidades especiales dentro de la policía, se despliegan a las áreas problemáticas y realizan actividades sumamente visibles. Las unidades se proyectan con una imagen intimidatoria que de la percepción de contundencia a través operativos masivos y capturas de delincuentes que se pintan como terribles villanos.
Muchos pueden pensar ¿Y qué? ¡Esto es lo que necesitamos para resolver el problema! La realidad, sin embargo, es que se trata de una ilusión. Hay ejemplos de sobra en nuestro país que demuestran que seguir esta receta empeora el problema y no lo resuelve. Mano Dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias, por ejemplo, todas agudizaron el problema.
Hay muchas razones para explicar por qué no sirven estas medidas. La predominancia de lo mediático sobre lo técnico, por ejemplo. Los asesores en comunicación se vuelven los directores de la orquesta, cometiendo errores desastrosos. No ven, por ejemplo, las devastadoras consecuencias de los mega operativos, las redadas masivas y los despliegues de contingentes policiales. Estos venden el abordaje, pero no arreglan el problema.
Es importante ponerse por un momento en los zapatos de las personas que viven en las comunidades asediadas por pandilleros. Estas personas tienen que escoger a qué gobierno obedecer ¿Al gobierno elegido por el electorado o al gobierno ilegítimo establecido por la pandilla? ¿Cuáles leyes obedezco? ¿Pago la extorsión o la denuncio? Al final, la decisión depende de cuál de las opciones implique menos incertidumbre. Aquí es donde los abordajes mediáticos de la inseguridad agudizan el problema.
Diferentes estudios demuestran que los policías que patrullan zonas de alta incidencia delincuencial son relativamente más irrespetuosos, agresivos e impacientes. Se comportan así porque perciben que están en un territorio hostil. Esto distancia a la ciudadanía del estado. Las capturas masivas generalmente no son sustentadas con pruebas robustas, por lo que la mayoría detenidos terminan saliendo libres. Entonces, no solo la gente de estas comunidades ve con desconfianza a los policías porque los trata mal, sino que los percibe como inefectivos. Sampson y Bartusch utilizan el término cinismo legal para describir cómo la gente pierde la fe en Estado para resolver sus problemas de inseguridad.
Bajo estas circunstancias, la elección que implica menos incertidumbre es el gobierno ilegítimo de las pandillas, ya que el castigo por romper sus reglas es contundente y certero.
El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía, aseguró esta semana que el presidente ha ordenado que se enfoque en la represión. Es importante que defina exactamente qué significa eso para pronosticar con certeza si el problema se agudizará más o no.